Los ataques más devastadores contra comunidades indígenas en Nicaragua
Los ataques en Wilu, Kiwakumbai y Alal estuvieron marcados por la brutalidad y el despojo. Son un reflejo de la violencia sistemática que enfrentan los pueblos mayangnas y miskitos
Las ocupaciones de tierras indígenas no son nuevas. Se remontan a la época de la dictadura de Anastasio Somoza Debayle, cuando el crecimiento de los cultivos de exportación provocó la extensión de la frontera agrícola en la Costa Caribe.
Sin embargo, fue en 2015 cuando se incrementó la presencia de familias enteras provenientes del Pacífico en territorios indígenas. El 14 de octubre de ese mismo año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió las primeras medidas cautelares a favor de cuatro comunidades miskitas y, al año siguiente, otorgó medidas provisionales a otras cinco comunidades.
Entre 2018 y 2024, la Organización de Naciones Unidas (ONU) registró 67 ataques de colonos en territorios indígenas, con un saldo de 161 víctimas mortales. No obstante, tres ataques se consideran los más graves y devastadores debido a la brutalidad de los invasores contra los comunitarios indígenas.
El ataque de Wilu, la comunidad que desapareció
El 11 de marzo de 2024, la comunidad indígena mayangna de Wilu, ubicada en el corazón de la reserva Bosawás, comenzó su día en aparente normalidad. Esa tranquilidad fue interrumpida cuando aproximadamente 60 colonos fuertemente armados atacaron la comunidad.
El violento ataque dejó cinco comunitarios asesinados, dos heridos y todas las casas incendiadas, con excepción de la escuela y la iglesia. Ante la agresión, las familias de Wilu se trasladaron a la comunidad de Musawas, donde enfrentan una compleja situación por la falta de alimentos.
“Juwith”, un comunitario que prefirió el anonimato, aseguró que, en casi una década de agresiones de colonos en territorios indígenas, este ha sido el “ataque más devastador”, ya que arrasó por completo con la comunidad.
El ataque de Kiwakumbai: colonos impunes y guardabosques detenidos
El 23 de agosto de 2021, alrededor de 30 hombres armados, vestidos con uniformes militares y con los rostros descubiertos, irrumpieron en la mina Kiwakumbai del cerro Pukna, en la reserva de Bosawas. En ese lugar, 37 personas indígenas –mayangnas y miskitas– realizaban actividades de minería artesanal y venta de alimentos. El ataque fue premeditado y brutal.
El resultado fue trágico: 11 personas asesinadas, incluyendo un niño y una mujer, además de múltiples violaciones sexuales. Según el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), una mujer y una niña fueron víctimas de violaciones sexuales múltiples en un acto de extrema violencia.
Los sobrevivientes identificaron a los atacantes como “colonos mestizos”, armados y organizados. Su equipamiento militar indicaba preparación avanzada y posible respaldo externo. Tras el ataque, la Policía sandinista intervino en las comunidades cercanas, pero en lugar de brindar protección, realizó detenciones arbitrarias, allanamientos y hostigamientos.
El GHREN denunció que al menos tres líderes indígenas mayangnas (Ignacio Celso Lino, Argüello Celso Lino y Donald Andrés Bruno Arcángel) fueron arrestados injustamente, acusados sin pruebas suficientes y sometidos a un proceso judicial irregular. Mientras tanto, los verdaderos responsables del ataque quedaron impunes.
El ataque de Alal: destrucción y despojo
El 29 de enero de 2020, decenas de colonos armados irrumpieron con violencia, disparando indiscriminadamente y sembrando terror en la comunidad de Alal, en el territorio indígena Mayangna Sauni As, dentro de la Reserva de la Biosfera de Bosawás.
El ataque dejó cuatro personas asesinadas y dos gravemente heridas. Los invasores incendiaron 16 viviendas y mataron al ganado, un recurso vital para la comunidad. Ante el peligro inminente, los pobladores huyeron precipitadamente hacia la selva, abandonando sus hogares.
La Policía llegó al lugar al día siguiente, cuando los atacantes ya habían huido. A pesar de que algunos sospechosos fueron identificados y detenidos inicialmente, fueron liberados pocos meses después sin ser sometidos a un proceso judicial adecuado. La comunidad quedó atrapada en un ciclo de desprotección, impunidad y miedo constante.
Este ataque no fue un incidente aislado, sino un reflejo de la violencia sistemática que enfrentan las comunidades indígenas en Nicaragua. La falta de justicia, reparaciones y garantías de seguridad ha impedido que las familias desplazadas puedan regresar a sus tierras.
Nicaragua reconoce migración a tierras indígenas
En 2016, el Estado de Nicaragua respondió a la CIDH asegurando que la presencia de terceros en territorios indígenas se debe a la migración provocada por el avance de la frontera agrícola y el reasentamiento de desmovilizados de la guerra en los años noventa.
Ese mismo año, el régimen Ortega Murillo admitió la presencia de 80 familias no indígenas en la comunidad Wisconsin. Sin embargo, el GHREN de la ONU señala que la impunidad en los casos de violencia en territorios indígenas, así como el involucramiento de colonos en la ocupación y explotación desmedida de tierras, incentiva más invasiones.
“El Grupo de Expertos recibió información y evidencia que revela que el Estado incentivó a los colonos para ocupar tierras y los ubicó, contando también con respaldo institucional local”, señala un informe publicado en 2024.