El régimen Ortega Murillo no respondió a las consultas realizadas por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias el 16 de octubre de este año, respecto a la desaparición del preso político Jaime Enrique Navarrete Blandón. Desde el 6 de marzo hasta el 1 de octubre, las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro La Modelo han negado la entrada a visitantes.
«Durante más de siete meses no se conocía con certeza el paradero ni las condiciones en las que se encontraba el Sr. Navarrete Blandón. Además, se reporta que podría haber sido transferido a otro centro penitenciario, sin embargo, personas cercanas a él no han podido corroborar esta información», señala el Grupo de Trabajo en su comunicación enviada al régimen y publicada hoy, una vez vencido el plazo de 60 días para que Nicaragua respondiera.
Este aislamiento se suma a la prohibición, desde el 26 de febrero de 2023, de la entrada al país de personas vinculadas a Navarrete. De no conocerse su paradero o condiciones de reclusión en los próximos días, Navarrete acumularía nueve meses en completo aislamiento e incomunicación.
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«Nos preocupa la información que indica que el Sr. Navarrete Blandón no habría contado con una defensa legal adecuada, y que habría estado impedido de seleccionar su equipo de defensa y de preparar dicha defensa de manera adecuada», destaca la misiva enviada al régimen de Ortega-Murillo.
Además de garantizar el acceso a un abogado, las normas internacionales sobre el derecho a un juicio justo establecen que las personas acusadas deben disponer de tiempo y recursos adecuados para la preparación de su defensa, además de la posibilidad de comunicarse con un abogado de su elección.
El caso de Jaime Navarrete
Jaime Enrique Navarrete Blandón fue detenido por primera vez el 15 de junio de 2018, durante las protestas masivas contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En su detención inicial, fue sometido a brutales torturas: golpizas que le fracturaron costillas, quemaduras con cigarrillos y ácido, y agresiones sexuales. En 2019 fue liberado bajo la Ley de Amnistía tras ser condenado a 22 años de prisión por cargos de asesinato agravado y portación ilegal de armas.
No obstante, apenas 44 días después de su liberación, fue arrestado nuevamente, esta vez sin orden judicial, y condenado a tres años y medio de prisión por presunta posesión de drogas y portación ilegal de armas. Aunque su condena finalizó en enero de 2023, permanece detenido debido a un cuestionado proceso de unificación de penas.
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Las condiciones de su reclusión han generado alarma internacional. Según el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, Navarrete ha sido confinado en celdas insalubres, sometido a aislamiento prolongado y privado de atención médica adecuada, a pesar de sus graves problemas de salud. Durante varias ocasiones, se le ha mantenido incomunicado, aumentando así el riesgo de desaparición forzada.
