Invasión y desplazamiento: la lucha de las comunidades indígenas
“Para los pueblos indígenas, la tierra es su vida. Ahora no pueden acceder a la medicina tradicional, a los alimentos, ni a las áreas que eran santuarios”, dice una comunitaria
“Miguel”, a quien llamaremos así para preservar su identidad, es comunitario en territorios indígenas mayangnas de la Costa Caribe Norte de Nicaragua y en la última década ha visto desaparecer al menos seis comunidades indígenas aledañas debido a la invasión de colonos.
“Donde eran los templos ahora son corrales”, refiere Miguel, señalando que la situación es similar en comunidades miskitas, ramas, mayangnas y afrodescendientes.
Miguel relata que, cuando los comunitarios pierden sus tierras debido a la invasión de colonos, abandonan sus hogares para buscar nuevos lugares donde trabajar en cualquier oficio.
“Muchos se van a trabajar en las fincas cafetaleras, en las tabacaleras; algunos se van a Managua y otros se van para Costa Rica. En las comunidades, muchas veces encontrás las casas cerradas porque la gente ya no está”, señala en declaraciones a LA PRENSA.
Las Regiones Autónomas del Caribe Norte y Sur de Nicaragua son multiétnicas y existen diversas etnias, entre estas: Mískitu, Sumu/Mayangnas, Rama y Afrodescendientes (Creoles y Garífunas). Los pueblos indígenas gozaron de una autonomía de facto hasta su anexión al Estado de Nicaragua en 1905, sin ser parte de alguna negociación.
del total de la población en Nicaragua vive en las Regiones Autónomas del Caribe Norte y Sur.
personas viven en el Caribe Norte de Nicaragua
personas viven el Caribe Sur de Nicaragua
es la población estimada en todo Nicaragua
Fuente: Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) hasta 2023.
Escasez de alimentos
“Juwith”, otro comunitario indígena mayangna que conversó con este diario bajo condición de anonimato, señala que, debido a la pérdida de la tierra, una vez que los colonos se apoderan de extensos territorios para convertirlos en corrales, se enfrentan a una situación de escasez de alimentos.
“Para los pueblos indígenas, la tierra es su vida. Ahora no pueden acceder a la medicina tradicional, a los alimentos, ni a las áreas que eran santuarios y donde se vivía en armonía y espiritualidad”, señala.
Juwith menciona que, al abordar estos temas, “son muchos los sentimientos que vienen a flote”, debido a que, al igual que Miguel, ha visto cómo varias comunidades han dejado de existir debido a las invasiones. “El aumento de la población de colonos nos viene superando”, dice.
El comunitario pone como ejemplo la comunidad de Sansawás, que ahora tiene otro nombre: “La Unión” o “Nueva Jerusalén”, puestos por colonos. Además, Juwith es menos optimista que Miguel y expresa que, en territorios aledaños, al menos 180 comunidades indígenas han desaparecido en los últimos seis años.
Estado no concluyó demarcación
El 31 de agosto de 2001, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), en la sentencia del caso “Awas Tingni versus Nicaragua”, reconoció que el Estado nicaragüense vulneró los derechos de los miembros de la comunidad indígena al otorgar una concesión maderera sobre su tierra, e impuso a Nicaragua la obligación de demarcar y titular el territorio de las comunidades indígenas.
Como fruto de esta sentencia, Nicaragua aprobó la “Ley del Régimen de la Propiedad Comunal”, Ley 445. Según el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, entre 2007 y 2016 se demarcaron 23 territorios que beneficiaron a 304 comunidades indígenas y afrodescendientes. Sin embargo, este proceso no continuó, y las comunidades en territorios no demarcados desaparecieron más rápidamente.
La suspensión, en 2014, de la etapa de saneamiento de los territorios indígenas que establecía la Ley 445 incentivó la migración de colonos.
El artículo 45 de la Ley 445 establece cinco etapas de demarcación en territorios indígenas: presentación de solicitud de titulación, solución de conflictos, medición y amojonamiento, titulación y saneamiento. Esta última etapa consiste en la entrega de tierras que pertenecen a los indígenas y que están en poder de población no indígena.
2015: el año en que se arreció la ocupación
Desde 2009, los movimientos de personas provenientes de la región del Pacífico del país se incrementaron, sobre todo en los territorios miskitus de la región fronteriza de Río Coco, y se intensificaron en 2015, cuando también invadieron ganaderos y terratenientes, según un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN).
El GHREN señaló en un informe publicado en 2024 que un diagnóstico realizado en 2012 en el territorio indígena Amasu (Awastingni Mayangnina Sauni Ûmani) detalló que la ocupación avanzaba rápidamente, afectando el 91 % de este.
El informe recoge que, en general, los ocupantes de este territorio son familias de escasos recursos que ingresaron en busca de alternativas y que, aunque saben que están en territorios indígenas, se sienten respaldados por el reconocimiento de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) y los Consejos de Liderazgo Sandinista (CLS).
“Aunque desde el año 2000 inició la invasión de colonos, a partir de 2015 la situación se volvió insostenible”, señaló un indígena que prefirió no identificarse por temor a represalias.
Ataques entre 2020 y 2021
Desde entonces, se han registrado masacres emblemáticas, como la de Alal en 2020 y la de Kiwakumbaih en 2021. El 11 de marzo de 2023 se registró la masacre en la comunidad mayangna de Wilu, en la que colonos asesinaron al menos a seis personas indígenas y causaron heridas graves a otras. Esta invasión provocó el desplazamiento de varias familias en el territorio Mayangna Sauni As del Caribe Norte. Los colonos también quemaron varias viviendas.
“Los territorios con más invasión son Tasba Raya, Wilu, Polo Paiwas; una comunidad del territorio Li Aubra fue arrasada totalmente en 2015, las casas quemadas y la población permanece desplazada en otras comunidades”, señala un indígena, añadiendo que también han sido víctimas los territorios Alto Wangki y Prinzapolka.
“Al menos cuatro de cada diez indígenas desplazados en Costa Rica proceden de estos territorios”, señaló “Walpa”, un comunitario mayangna.
El GHREN señala que la impunidad en los casos de violencia representa un incentivo más para los colonos para invadir tierras tituladas.
Los estragos del desplazamiento
Una vez desplazados, muchas familias indígenas se enfrentan a condiciones de vida extremadamente precarias. Las mujeres enfrentan abusos y explotación, mientras los hombres intentan sobrevivir en trabajos mal remunerados. Los niños, por su parte, pierden acceso a la educación y sufren los traumas de esta situación, relata “Miguel”.
“En algunos casos, el desplazamiento significa la pérdida total de identidad cultural. Las comunidades indígenas, al ser arrancadas de sus tierras, pierden el arraigo con la naturaleza y su cosmovisión, elementos esenciales de su vida espiritual. Esto genera una fractura en su forma de vida, provocando un desarraigo profundo y una pérdida de valores ancestrales”, señala.
Además, según relatos de comunitarios a LA PRENSA, muchos líderes han sido víctimas de violencia, mientras que otros han tenido que abandonar sus territorios por miedo.
Inseguridad
Sin embargo, las comunidades invadidas por colonos que no se desplazan sufren incertidumbre e inseguridad.
“Vivir con un colono a la par da mucha inseguridad. Muchas veces se emborrachan, sacan su pistola y empiezan a disparar”, señala Juwith.
No obstante, recalcó que muchas veces, las invasiones de colonos se producen con la ayuda de líderes comunitarios que reciben dinero de los invasores a cambio de tierras.
Se otorgan documentos
Por otro lado, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) señala que, en 2017, una encuesta realizada a 359 familias de colonos establecidas en la zona deforestada de Bosawas reveló que solo el 20 % tenía títulos de propiedad, mientras que el 60 % poseía otros documentos informales de cesión de derechos sobre la tierra o instrumentos privados de posesión. Además, un 20 % no contaba con ningún tipo de título.
Sin embargo, la Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y comunidades étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los ríos Bocay, Coco, Indio Maíz establece que las tierras comunales no se pueden vender ni transferir; solo se pueden arrendar para su aprovechamiento, sin que el arrendamiento sea transferible.
“A veces, cuando los indígenas reclaman su tierra, recurren a abogados que al final negocian y pactan con el colono”, dijo Juwith.
El GHREN también destaca que, en 2016, el régimen documentó la presencia de 80 familias de colonos en la comunidad de Wisconsin. En este sitio, cinco familias llegaron primero y luego subarrendaron a otras 75, ocupando 23,255 hectáreas.
El GHREN señala en su informe que los documentos y entrevistas evidencian que muchos colonos son exmilitares desmovilizados y excombatientes. El Estado les prometió tierra y trabajo durante el proceso de desmovilización o como recompensa por haber servido al país durante el conflicto de la década de 1980.
“Es esencial que el Estado asuma su responsabilidad y que todos los sectores de la sociedad comprendan la importancia de respetar estos derechos. El futuro de Nicaragua depende de encontrar soluciones justas y sostenibles que beneficien a todos los habitantes del país, sin comprometer los derechos de las comunidades más vulnerables”, concluye una comunitaria.