A partir del estallido social de 2018 Nicaragua entró en el peor proceso de deterioro institucional de su historia, las consecuencias más visibles son las violaciones a los derechos humanos, pero en el campo económico —que aparenta andar bien—, el retroceso es preocupante. Así lo refleja el Índice Infrascope que a través de más de cien indicadores mide la capacidad de los países para establecer Asociaciones Público-Privadas (APP) que facilitan en desarrollo de infraestructura. En la edición 2023-24 de una posible nota de 100 puntos Nicaragua obtuvo 34.2 y se ubicó 12.2 puntos por debajo de la media regional.
Además, según el informe, “en los últimos dos años, Nicaragua no ha tenido novedades en materia de políticas de Asociación Público-Privada (APP) ni ninguna actividad nueva de mercado en términos de financiación de APP. Además, no ha tenido ninguna asociación público-privada financiada en casi una década. Sin embargo, un acuerdo de libre comercio con China firmado en 2023 puede indicar un paso hacia futuras inversiones chinas en infraestructura”, dice el informe del Infrascopio.
El informe no menciona la ruptura de la alianza que mantenía el sector privado con Daniel Ortega, a raíz del estallido social de 2018, ni la embestida que él promovió contra los principales dirigentes empresariales a los que encarceló y luego desterró y les quitó la nacionalidad. Tampoco se refiere al cierre masivo de las organizaciones empresariales a las que también confiscó sus bienes ni a la crisis sociopolítica que aún enfrenta el país, solamente dice que las APP son un tema que dejó de abordarse en Nicaragua desde hace varios años.
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No hay apoyo político a las APP
“Las figuras políticas de alto nivel no han expresado un apoyo activo a las APP durante los últimos años. El actual presidente, que fue elegido para un cuarto mandato consecutivo de cinco años en noviembre de 2021, no ha promovido ni participado activamente en el desarrollo de las APP desde entonces”, dice parte del informe.
El Índice Infrascopio es un reporte y herramienta que desarrolló Economist Impact, unidad de análisis del grupo The Economist, y comisionada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Su objetivo es diagnosticar y evaluar mediante más de cien indicadores la capacidad de los países para desarrollar Asociaciones Público-Privadas (APP) eficientes, sostenibles y con énfasis en el impacto.
Nicaragua registra este deterioro, a pesar de que en octubre de 2016 aprobó la Ley 935, Ley de Asociación Público Privada.
“Nicaragua ha experimentado un descenso en su puntuación general desde el Infrascopio 2021-22, y ha caído dos puestos en la clasificación. Esto se debe principalmente a un menor apoyo político, planes de infraestructura obsoletos y una cartera cada vez más reducida de proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP)”, dice el informe Infrascopio 2023-24.
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Las calificaciones de 2017 y 2024
Pero el retroceso de Nicaragua no se limita a los dos puestos que cayó desde el informe anterior. “Al comparar este informe con el de 2017, es decir, previo a la crisis del 2018, Nicaragua ha tenido una caída de más de 30 puntos. Pasó de ser considerado un país desarrollado a la categoría inferior de país emergente y estar muy por debajo del promedio regional”, dice un dirigente empresarial que por temor a represalias evita identificarse.
Efectivamente, en el reporte de 2017 Nicaragua ocupó el puesto ocho con una calificación de 64 puntos, empatado con El Salvador y Honduras, en un grupo de 19 países. Además, esta calificación los ubicó cinco puntos por encima de la media regional que en ese momento fue de 59 puntos. Eso les permitió ubicarse en el grupo calificado como desarrollados, en el que se encontraban las 12 mejores notas lideradas por Chile con 74 puntos. La peor nota la recibió Venezuela que solo consiguió ocho puntos.
En cambio en el reporte 2023-24 bajó al puesto 19 entre un grupo de 26 países y de una posible calificación de cien solo obtuvo 34.2 puntos. Este puntaje lo colocó 12.2 puntos por debajo de la media regional que en esta ocasión fue de 46.4 puntos y descendió al segmento de los países emergentes en cuanto a APP entre los que se encuentran los ocho países con las peores calificaciones. En esta ocasión el estudio fue liderado nuevamente por Brasil que rozó los 80 puntos de calificación y desplazó a Chile que se colocó en el segundo lugar con 76.9 puntos. Nuevamente la peor calificación fue para Venezuela que en esta ocasión subió su calificación a 16 puntos.
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Deterioro refleja incapacidad para lograr APP
“El deterioro de la calificación de Nicaragua refleja, por un lado, la incapacidad de lograr inversiones del sector privado en el ámbito público-privado; y producto de la falta de confianza que existe con el régimen Ortega Murillo refleja la entrega del país a China para poder conseguir préstamos para estas áreas”, dice el dirigente empresarial.
Asimismo añade que “el desmantelamiento de la democracia que registra Nicaragua no solo se refleja en la caída de todos los indicadores mundiales en materia de libertades y derechos humanos, sino también en el impacto en el desarrollo económico actual y futuro del país”.
Según el informe “la base regulatoria de Nicaragua para las APP está por debajo del promedio, pero tiene puntajes comparativamente altos en la incorporación de salvaguardas ambientales en sus procesos de priorización de proyectos e identificación de riesgos. Sin embargo, el apoyo político a las APP ha disminuido en los últimos años y no se han firmado proyectos desde que se aprobó la ley de APP de 2016.
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Hay ley, pero faltan instituciones
El estudio menciona que Nicaragua aprobó una Ley de APP en 2016, y en 2017 aprobó nuevas normas que la complementan, pero carece de una agencia dedicada a supervisar la actividad específica de las APP.
“En cambio, la Ley de APP designa a diferentes entidades con tareas específicas relacionadas con las APP. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), a través de la Dirección General de Inversiones Públicas, es el encargado de garantizar la aplicación de la Ley. El MHCP es responsable de supervisar el cumplimiento de los términos y condiciones de los contratos de APP y de nombrar inspectores independientes del proyecto”, detalla el informe.
El reporte considera que el principal desafío que Nicaragua enfrenta es el entorno político inestable, la falta de interés de la administración actual para apoyar las APP y la ausencia de instucionalidad. “El país carece de una unidad dedicada a las APP y no existe un plan de infraestructura activo que oriente la estrategia de desarrollo del país. Dada la falta de bases institucionales, la capacidad para apoyar los esfuerzos de preparación de proyectos es débil”, señala el informe.
Fortalecer la agenda política para las APP
Ante este panorama recomienda fortalecer y clarificar “una agenda política para las APP (incluso mediante el apoyo bipartidista)”, ya que esto “ayudará a enviar un mensaje más claro sobre el interés por la participación privada en la infraestructura en el país”.
También considera que establecer una unidad de APP con personal bien capacitado será un paso importante para brindar apoyo institucional y técnico al desarrollo de las APP; y ante la falta, desde 2021, de un plan de infraestructura aconseja crear uno.
“Un plan nacional de infraestructura que enfatice las estrategias de priorización de las APP, describa las áreas clave de inversión y brinde orientación sobre cómo clasificar y ordenar las APP potenciales, ayudará a impulsar un desarrollo efectivo y atraer socios del sector privado”, dice el informe.
El informe del Índice de Infrascopio también señala que Nicaragua carece de mecanismos de preparación de proyectos que orienten la preparación, contratación y el desarrollo de las APP y considera que subsanar estos vacíos mejorará el ecosistema de las APP en el país. También contribuiría el desarrollo de una cartera de posibles APP que les permita a los interesados identificar las oportunidades.