El 11 de octubre el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) prorrogó por dos años la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, que ha señalado al gobierno de Nicolás Maduro por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad.
La resolución con la que el Consejo prorrogó la Misión se aprobó con 23 votos a favor, seis en contra (Argelia, China, Cuba, Eritrea, Sudán y Vietnam) y 18 abstenciones. La resolución llama a la dictadura de Nicolás Maduro a cooperar con la misión, a la vez que lamenta el agravamiento de las violaciones de los derechos humanos. Asimismo insta a que se libere a los presos políticos y poner fin a la represión selectiva.
La Misión fue creada en 2019 con el objeto de investigar ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles inhumanos o degradantes cometidos desde 2014 para la rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas. Desde ese año, el 2019, la Misión ha realizado diferentes informes sobre la situación venezolana con un equipo dirigido por Marta Valiñas, Francisco Cox y Patricia Tappatá, con trayectoria y probado profesionalismo en temas de derechos humanos.
¿Qué se puede esperar luego de esta extensión?
A consideración del defensor de derechos humanos venezolano, Rafael Uzcátegui, el trabajo de la Misión es importante en momentos en que dentro de Venezuela no existe ninguna institución pública que atienda a las víctimas de violaciones de derechos humanos.
A su consideración, “para las víctimas es importante contar con una institución que les escuche, crea en su versión e incluya lo que le sucedió en informes de impacto internacional”.
Además, con esta extensión espera que la comunidad internacional conozca más y se sensibilice sobre la situación en Venezuela, ya que la misión sirve como un importante mecanismo para documentar las violaciones que comete el régimen de Nicolás Maduro para que a futuro, cuando exista un sistema nacional de justicia, se puedan castigar estos crímenes.
“Ya no hay excusa para que alguien pudiera alegar que no tiene la posibilidad de consultar informes creíbles sobra la situación venezolana”, refirió Uzcátegui.
¿Qué ha conseguido la misión?
En investigaciones previas a la extensión la Misión determinó, por ejemplo, que el sistema de justicia venezolano se había convertido en una maquinaria para perseguir a la disidencia, que no contaba con independencia para la realización de sus funciones.
Esto, a consideración de Uzcátegui, es importante “que lo diga un ente de la ONU para, por ejemplo, desestimar el argumento que los problemas internos del país pueden tener una salida por la vía judicial”.
Además, en otro informe señaló que Nicolás Maduro y altos funcionarios gubernamentales tenían información sobre las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y las torturas que ocurrían contra personas privadas de libertad, lo que los hacía corresponsables.