Los funcionarios del Sistema Penitenciario Nacional (SPN), en los últimos seis años han sido ampliamente señalados de perpetrar torturas físicas y psicológicas contra las decenas de personas encarceladas por motivos políticos en Nicaragua.
La participación de más de dos docenas de funcionarios, de alto y bajo rango, fue confirmada por el Observatorio Nicaragüense Contra la Tortura del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, y otros han sido señalados en testimonios de personas excarceladas políticas que han conversado con medios de comunicación independientes.
El abogado Salvador Marenco, máster en Derecho Público y especialista en Amparo y Procesal Constitucional, y quien es parte del equipo del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, adelantó que han seguido trabajando en la identificación de torturadores, ya que hasta marzo de 2023 habían identificado a 156 entre policías y funcionarios del SPN.
Explicó que posterior a la presentación del Octavo Informe sobre la Tortura en Nicaragua, con corte hasta marzo de 2023, en el que identificaron a los 156 torturadores, continuaron trabajando en la identificación de estos, logrando hasta diciembre del año pasado contabilizar a 169 torturadores.
Marenco apuntó que la lista de torturadores de personas encarceladas por motivos políticos podría ampliarse ya que siguen documentando casos, incluso de personas excarceladas políticas que están en Guatemala, “y es posible que esta lista de amplíe con nuevos perpetradores y más denuncias contra los que ya estaban”.
“La seguimos actualizando y queremos a finales de este año sacar un nuevo informe sobre los perpetradores, torturas, es un informe similar al anterior, pero con datos actualizados”, indicó el abogado.
Ocho grupos
Los primeros 156 torturadores identificados fueron separados por el Observatorio del Colectivo en ocho grupos, la mayoría distribuidos entre: miembros de la Policía Nacional, en el que contabilizaron 69, y funcionarios del Sistema Penitenciario Nacional, en el que registraron 24.
Los demás torturadores identificados se distribuyeron entre funcionarios de municipalidades, miembros de la Juventud Sandinista, agentes paraestatales, miembros de la estructura partidaria del Frente Sandinista, funcionarios de instituciones y poderes del Estado, y personas vinculadas a la pareja presidencial.
En el Octavo Informe sobre la Tortura en Nicaragua, con corte hasta marzo de 2023, divulgado por el Colectivo, algunos de los torturadores del SPN identificados fueron justamente el comisionado mayor Julio Orozco y el comisionado Venancio Alaniz, director y subdirector del Sistema Penitenciario Nacional, respectivamente, quienes recientemente en medios de comunicación oficialistas aseguraron que ese Sistema respeta los derechos humanos de los privados de libertad.
Orozco, según el documento, fue identificado por presos políticos por ser quien giraba “amenazas de muerte” e incluso con “desaparecerlos”. Mientras a que a Alaniz se le señaló de ser quien dirigía “requisas abusivas”, “amenazas de muerte” y “golpizas”, además de malos tratos.
Una de las víctimas de Alaniz, detalla el documento del Colectivo, afirmó que este funcionario ordenó a un custodio “conocido como Tropikong”, que lo golpeara y luego le exigió “que le pidiera perdón a él y al comandante”.
“Recuerdo que fui muy golpeado y no podía levantarme”, refirió la víctima en entrevista con el Colectivo.
Algunos de los torturadores identificados y mencionados en el documento, además de los directivos del SPN, son: el alcaide Evenor Centeno; alcaide Roberto Guevara; subdirector de Máxima Seguridad William Trujillo; alcaide Denis Evelio Muñoz García, del centro Penitenciario de Chinandega; alcaide Rodrigo García, del Centro Penitenciario de Granada; y la exalcaide Janeth Pérez, Centro Penitenciario de Mujeres de Tipitapa.
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“Con excepción a la última alcaide mencionada, todas las autoridades del SPN mencionadas han sido denunciadas por golpizas constantes y con tal saña, que en algunos casos se reportan vómitos provocados por los golpes”, refiere el informe.
El Observatorio del Colectivo indicó que identificó a 16 miembros del SPN, con un rango menor como el de alguacil tercero, primero o custodios, y aseguró que en estos recayó “la mayor cantidad de actos de tortura documentados en dichos establecimientos penitenciarios”, mencionando entre estos “prácticas como amenazas de muerte, golpizas, asfixia por intoxicación, interrogatorios intimidantes, agresiones verbales, entre otros graves actos”.
Algunos de los torturadores identificados por el Colectivo, y también en reportes de medios de comunicación independientes, se incluyen: Byron Castro, identificado como jefe de la Dirección de Investigación Penitenciaria, conocida como la «300»; Ignacio Matus, oficial de la Dirección de Máxima Seguridad; Darling Iván Morales Duarte, exalcaide del Sistema Penitenciario de Waswalí; Rodolfo Pérez, alias Tropikong, que era funcionario del penal La Modelo.
También el alcaide Iván Ruiz Ruiz; el subprefecto Enrique Leonel Velásquez, subdirector general operativo; subprefecto José Luis Gómez Suazo, inspector general; alcaide Dionisio Palacios, director de Seguridad Penitenciaria Nacional; alcaide José René Vargas Artola, director de Educación Penal; Ronald José Moya Guevara, subdirector del penal Jorge Navarro; y el primer alguacil Vladimir Chávez Chávez, asignado al penal Jorge Navarro, en Tipitapa.
Víctimas han identificado a sus verdugos
El excarcelado político Cristian David Meneses, en medios de comunicación independientes, denunció que el alcaide Roberto Guevara, en diciembre de 2020, cuando estuvo encarcelado en La Modelo, lo amenazó con matarlo y ordenó golpizas en su contra.
«Una de las tres ocasiones que me golperaron fuertemente, Roberto Guevara ordenó que me pusieran grilleteres en las manos y los pies, y me dejaran tirado en una banca, no sin antes patearme y golpearme», denunció.
Además, señaló que en una de las tantas golpizas le acertó «un golpe en la cara y me quebró un diente delantero».
El exalcaide Morales Duarte, que en 2018 fue uno de los directores de la temida área la «300», también fue denunciado públicamente por excarcelados políticos que lo señalaron de ser «despiadado» y encargarse de que no recibieran visitas normales, montarles requisas constantes, restringirles horas de sol, aislarlos en celdas de castigo, obligarlos a mantenerse en silencio.
En febrero de 2022, familiares del presos políticos incluso denunciaron que los amenazaba con desaparecer a sus reos de conciencia si seguían demandando su libertad.
El excarcelado político Fredrych Castillo, a través de redes sociales, también denunció y reconoció como uno de sus torturadores a Ignacio Matus, oficial de la Dirección de Máxima Seguridad de La Modelo.
“Ahí tenemos también a Ignasio Matute (Matus) que fue uno de los que me colgó con los grilletes al revés para que todos me golpearan, el 8 de marzo del 2019, cuando también golpearon a Yubrank Suazo, y demás reos de la máxima”, denunció Fredrych Castillo en una publicación realizada en su cuenta de X.
El defensor Marenco, en entrevista con LA PRENSA, reiteró que los presos políticos que todavía mantiene el régimen de Nicaragua en las diferentes cárceles del país —que según el registro del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas son 45— siguen sufriendo diariamente «torturas psicológicas, tratos inhumanos y degradantes», además de no tener atención médica, psicológica y en algunos casos incluso están sometidos a desaparición forzada.
