El presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Nicaragua (GHREN), Jan-Michael Simon, asegura que han podido “establecer que la concentración de todos los poderes públicos en las manos del Presidente y de la Vicepresidenta sigue endureciendo, particularmente, respecto al poder judicial. Hoy por hoy, Nicaragua no cumple ni con el más mínimo estándar razonable de independencia judicial”.
Lo ha dicho este martes 10 de septiembre en la presentación del informe oral sobre la situación de Nicaragua durante el 57º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con sede en Ginebra, Suiza.
En realidad, en Nicaragua existe poder judicial, pero no hay justicia, porque dicho órgano del Estado no responde a los intereses de la nación y de las personas, obedece a las políticas y las órdenes del régimen autocrático y autoritario de carácter familiar que impera en el país.
La Constitución de Nicaragua establece que “la justicia emana del pueblo y será impartida en su nombre y delegación por el Poder Judicial…” Pero es una solemne mentira. En la práctica no hay justicia en Nicaragua y el poder judicial es un órgano más de represión, igual que el policial y el militar.
Igualmente establece la Constitución de Nicaragua que “nadie puede ser sometido a detención o prisión arbitraria ni ser privado de su libertad, salvo por causas fijadas por la ley con arreglo a un procedimiento legal…”, etc. Pero eso también es una gran mentira, como lo han podido comprobar los organismos internacionales de derechos humanos desde que comenzó la gran represión a raíz de los sucesos de abril de 2018.
Igualmente es una falsedad lo que dice el texto constitucional en el capítulo sobre la organización del Estado, que “los poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral son independientes entre sí y se coordinan armónicamente, subordinados únicamente a los intereses supremos de la nación y a lo establecido en la presente Constitución”.
La cruda verdad es la que ha denunciado el presidente del GHREN en Ginebra, valga repetirla aquí: “Hoy por hoy, Nicaragua no cumple ni con el más mínimo estándar razonable de independencia judicial”.
El gran problema es que no hay ni puede haber justicia donde el poder judicial no es independiente. “Todo hombre que tiene poder se inclina por abusar del mismo; va hasta que encuentra límites. Para que no se pueda abusar de este, hace falta disponer las cosas de tal forma que el poder detenga al poder”, advirtió sabiamente el Barón de Montesquieu en su magna obra El espíritu de las leyes. Y agregó que sin independencia de poderes el judicial “puede ser un poder terrible y constituirse en la mayor amenaza para la libertad y seguridad de los ciudadanos”.
Precisamente por esa advertencia de Montesquieu y de otros grandes pensadores democráticos y doctrinarios jurídicos se estableció el principio y las normas de la división de poderes. Que se aplican y respetan en los países donde hay democracia, pero no en todos aquellos que no son democráticos, como Nicaragua, Cuba y Venezuela, para mencionar solo tres.
Esperamos que cuando la democracia sea restablecida en Nicaragua los líderes democráticos no solo recuperen el principio y las normas de la independencia de poderes, sino que también cierren toda posibilidad legal e institucional de que vuelvan a ser sometidos al control de un solo partido y una sola persona.
