Más de treinta expresidentes democráticos de las Américas y España acusaron este viernes 6 de septiembre al presidente autoritario de Venezuela, Nicolás Maduro, de cometer terrorismo de Estado en la represión de las protestas ciudadanas de repudio al fraude electoral del 25 de julio pasado.
La acusación fue presentada ante la Corte Penal Internacional (CPI), que tiene su sede en La Haya. Además, le pidieron al fiscal de dicho tribunal que decrete el arresto de Nicolás Maduro y los altos mandos militares y civiles que han ordenado y ejecutado la represión.
Los expresidentes democráticos iberoamericanos dicen en el documento que presentaron a la CPI, que “Nicolás Maduro Moros, dictador y ahora militar efectivo y Comandante en Jefe, tanto como las unidades operacionales bajo su mando son, evidentemente, los directos responsables de las prácticas represoras y del contexto dominante de terrorismo de Estado advertido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y configurativas de crímenes de lesa humanidad, quedando comprometido todo el personal militar operacional”.
El expresidente de Colombia, Andrés Pastrana Arango, dijo en nombre de todos los expresidentes democráticos de España y América, que el documento presentado ante la CPI demuestra claramente “cómo Venezuela es un Estado represor que ejerce el terrorismo de Estado”. Y que han solicitado al fiscal de la CPI “su urgente intervención para que los máximos responsables de estos delitos de lesa humanidad sean objeto de las medidas del caso…”
El régimen autoritario de Maduro ya tiene una causa abierta en la CPI, desde febrero de 2018, cuando inició una investigación preliminar de la situación en Venezuela y las denuncias de “uso excesivo de la fuerza en el contexto de manifestaciones, detenciones arbitrarias y tortura por parte de miembros del Estado venezolano”.
Más adelante, en septiembre del mismo año los gobiernos de Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, pidieron a la CPI “iniciar una investigación sobre crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en Venezuela desde el 12 de febrero de 2014”. Y en diciembre de 2020 la Fiscalía de la CPI declaró que “la información disponible brinda bases razonables para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Estos incluyen crímenes como persecución política, encarcelamiento u otra privación severa de la libertad física, tortura, violación y/u otras formas de violencia sexual por parte de las autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas y partidarios del gobierno”. Finalmente, en noviembre de 2021 el fiscal abrió formalmente una investigación, que perdura hasta ahora porque los asuntos judiciales del derecho internacional caminan con mucha lentitud, incluso cuando se trata de investigar crímenes de guerra y de lesa humanidad.
En el Estatuto de Roma, que es el tratado internacional constitutivo de la CPI y el cual establece sus competencias, se dice que “en este siglo millones de niños, mujeres y hombres han sido víctimas de atrocidades que desafían la imaginación y conmueven profundamente la conciencia de la humanidad”; y se agrega que “los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo”.
Pero la verdad es que muchos de esos crímenes y los criminales que los ordenan y ejecutan permanecen impunes. De modo que resulta difícil creer que la CPI va a actuar realmente contra Nicolás Maduro y sus secuaces.
Ojalá que estuviéramos equivocados, porque un castigo a Maduro y su camarilla sería un precedente muy positivo de alcance universal; y un poderoso aliciente moral a la lucha por la libertad, la democracia y los derechos humanos en todo el mundo.
