El dictador de Daniel Ortega envió este jueves 29 de agosto una reforma al Código Penal de Nicaragua para establecer penas de hasta 30 años de prisión para las personas que promuevan, pidan y «financien» sanciones.
La iniciativa de reforma fue presentada en el pleno de la Asamblea y enviada a la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos para su dictamen y posterior aprobación el próximo martes 3 de septiembre, según dijo el presidente del Legislativo, Gustavo Porras.
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La reforma enviada por Ortega a los diputados incluye la modificación de 27 artículos del Código Penal.
Aumenta delitos con los que ha acusado a opositores
En su propuesta de reforma, Ortega pide que se modifique el artículo 16 del Código, referente al «principio de universalidad» para agregar ocho delitos: financiamiento al terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva, financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, crimen organizado, delitos contra la administración pública, delito contra el Estado o sus instituciones, ciberdelitos, tráfico de armas y municiones.
Financiamiento al terrorismo y ciberdelitos han sido dos de las acusaciones más frecuentes del régimen de Ortega contra opositores y organismos no gubernamentales (ONG) para encarcelar, ilegalizar y confiscar sus bienes.
Otro de los artículos reformados es el 46, referente a las penas, donde en la reforma incluye la pena de «decomiso», que no es más que la confiscación de bienes. Hasta el momento la dictadura ha cancelado más de 5 mil organismos y su más reciente movida fue «modificar» la forma de trabajo de las que han sobrevivido a la guillotina para obligarlas a hacer «alianzas» con instituciones estatales.
Penas para personas jurídicas
En el caso de las personas jurídicas, también se impondrán multas, decomisos, clausura de locales y establecimientos, así como la prohibición temporal o definitiva de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito.
También la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas; así como la prohibición para contratar con el sector público o para gozar de beneficios o incentivos fiscales.
La disolución de la persona jurídica, entre otras sanciones.
Todas estas sanciones se han venido ejecutando de facto desde 2018, pero ahora estarán establecidas por ley.
Cientos de opositores han sido encarcelados, enjuiciados, desterrados, desnacionalizados y confiscados por la dictadura de Ortega y su esposa y cogobernante, Rosario Murillo. Esta nueva reforma se suma a otras que se han venido haciendo los últimos años para reprimir a todas las personas, organizaciones, empresas y medios de comunicación que se han expresado en contra de la dictadura.
30 años de cárcel para quien «financie» pedir sanciones
Ortega también mandó a reformar el artículo 410, referido al menoscabo a la integridad nacional, donde se establece que la persona que «promueva, solicite, gestione sanciones o bloqueos económicos, comerciales y financieros en contra de sus instituciones o funcionarios públicos o que de cualquier manera atente en contra las reservas económicas del país, será sancionado con pena de diez a quince años de prisión e inhabilitación absoluta por el mismo período para el desempeño de función, empleo o cargo público, salvo lo dispuesto en la Constitución Política de la República de Nicaragua».
La misma pena se impondrá, dice la reforma, a quienes realicen las conductas anteriormente descritas en contra de ciudadanos o empresas del sector público y privado, sean estas o aquellos, nacionales o extranjeros.
Sin embargo, la reforma dice que esta se incrementará «de quince a treinta años de prisión, a quien organice, financie, patrocine, para la comisión de este delito; o constituya o utilice personas jurídicas para tales fines», en lo que se considera una clara amenaza a las ONG y sus representantes.
El abogado desterrado y exdiputado, Eliseo Núñez Morales, valoró que la reforma al Código Penal, junto a las otras dos iniciativas de reforma al Sistema Financiero, son parte de una acción más de represión que amenaza a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que aún quedan en Nicaragua.
