A la dictadura Ortega Murillo no le importó incluir entre las asociaciones canceladas a cuatro fundaciones que se encargaban de administrar hogares de ancianos, según una revisión realizada por LA PRENSA al decreto ministerial 38-2024-OSFL del Ministerio del Interior, publicado en La Gaceta, diario oficial el pasado lunes 19 de agosto en el que eliminó a otras 1,500 organizaciones sin fines de lucro.
Los hogares de ancianos cancelados son: Asociación Club de Integración Social de Ancianos de Santo Tomás Chontales, Fundación Casa Hogar Adulto Mayor Hermana Guadalupe Caldera El Rama, Fundación Hogar de Ancianos de Jinotepe Doctor Agustín Sánchez Vigil, y la Asociación Club de Ancianos San Joaquín y Santa Ana, en Nandaime.
Una revisión de LA PRENSA señala que hasta antes de la cancelación de las personerías jurídicas de los cuatro asilos, en el país se registraban al menos 24 hogares de ancianos.
Además de los asilos de ancianos cancelados por el régimen, también canceló seis asociaciones de jubilados y pensionados, al menos dos de estas vinculadas al sandinismo.
Las asociaciones canceladas son: Asociación Segoviana del Adulto Mayor Jubilado “Diamantes de Esperanza”, Asociación de Jubilados y Pensionados Camilo Ortega Saavedra, Fundación Nicaragüense del Adulto Mayor, Asociación de Jubilados Independientes de Chichigalpa y Asociación de Jubilados Organizados de Chinandega Gilberto Centeno Espinoza y la Fundación Nicaragüense Amor y Esperanza para el Adulto Mayor (Funiamores).
En el caso de Funiamores, esta fundación realizaba campañas para recolectar artículos de primera necesidad y recaudar fondos para asilos de ancianos en todo el país.
Más desprotección a adultos mayores
Un médico especialista en medicina familiar y que atiende a adultos mayores refirió que, más allá de la cancelación de los asilos, estas acciones podrían causar incertidumbre entre familiares y los mismos adultos mayores.
«Hay que tener en cuenta muchos factores. Algunos adultos mayores pueden tener a sus familiares cerca, pero otros tienen familiares muy lejos. Algunos no tienen familia y también algunos puede ser que estén abandonados. En cualquiera de los casos es una incertidumbre. Es un golpe duro para los viejitos», dijo el galeno.
Además, consideró que la incertidumbre gira también en que no existe claridad sobre la continuidad de la atención necesaria para los adultos mayores.
«¿De dónde van a salir las medicinas y cómo le van a llevar el control de sus enfermedades si cambian la administración de los asilos? Es un asunto serio porque no hay garantías de que vayan a darle la atención que requieran», añadió el especialista.
Hasta ahora no existe claridad sobre qué hará el régimen Ortega Murillo con los asilos a los que les canceló la personería jurídica. Este medio de comunicación intentó comunicarse con los hogares de ancianos, pero no respondieron las llamadas y algunos no tenían sus datos de contactos actualizados.
La socióloga María Teresa Blandón refirió que en Nicaragua las comunidades hacen esfuerzos para la creación de espacios como los que la dictadura cierra.
«Es escandaloso que el régimen cierre asilos que en general no cuentan con mucho apoyo del Estado y que se mantienen por contribuciones de la comunidad y de las iglesias evangélicas y católicas. El régimen no hace ni deja hacer», dijo Blandón a LA PRENSA.
Los asilos ilegalizados
La Asociación Club de Integración Social de Ancianos de Santo Tomás o Asilo de Ancianos Santo Tomás fue fundado en 1981 y es el único en el departamento de Chontales. Según una publicación de noviembre de 2023 de la Asociación Agencia de Cooperación Internacional de Corea (Koica por sus siglas en inglés), hasta el 21 de noviembre este asilo atendía a 80 adultos mayores.
El Ministerio del Interior también canceló la Fundación Casa Hogar Adulto Mayor Hermana Guadalupe Caldera, ubicada en la Ciudad del Rama, Costa Caribe Sur de Nicaragua. Este asilo construyó sus instalaciones actuales en 2017 y su primera etapa fue inaugurada el 11 de mayo de ese mismo año, según publicaron en su cuenta de Facebook. Sin embargo, a partir de 2019 no publica en sus redes sociales.
En el caso de la Fundación Hogar de Ancianos de Jinotepe Doctor Agustín Sánchez Vigil, cuya personería también fue cancelada el lunes, la exposición de motivos del otorgamiento de la legalidad en 2009 detalló que la asociación fue creada como una necesidad para dar albergue a personas de la tercera edad en estado de indigencia a raíz del paso del huracán Mitch en 1998. Sin embargo, el centro empezó operaciones de hecho desde 2001.
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En 2009, este asilo de ancianos albergaba a 36 adultos mayores provenientes de todo el territorio nacional, a quienes se les proveía alimentación, vestuario, atención médica y medicamentos.
Además, en la lista de organizaciones canceladas está también la Asociación Club de Ancianos de San Joaquín y Santa Ana, en Nandaime, Granada. A este hogar de ancianos, en 2020 el Ministerio de la Familia y el Ministerio de Salud brindaron atenciones en el marco de la pandemia del covid-19, según publicaron medios oficialistas.
«En general son las familias las que se ocupan de cuidar a los viejitos y viejitas con todas las limitaciones que puedan tener, porque sabemos que en Nicaragua la mayoría de los hogares viven en pobreza», puntualizó Blandón.
Política de despojo
Blandón expresó que es preocupante que el régimen Ortega Murillo cancele organizaciones sociales que atienden comunidades, especialmente en el caso de los adultos mayores.
«En Nicaragua el Estado ha tenido una deuda histórica con las personas ancianas. No hay política de atención a las personas mayores. Hay algunos programas, pero son muy limitados. Esto es parte de una política de despojo y un afán de arrasar con todo, aunque sepan que no tienen la facultad de resolver ese y otros problemas. Es una actitud errada del régimen cerrar servicios creados por la comunidad que resolvían las necesidades», dijo Blandón.
Por su parte, la socióloga Elvira Cuadra aseguró que esto evidencia el interés de la dictadura Ortega Murillo de cerrar cualquier espacio que no esté bajo su control.
«La cancelación masiva de 1,500 organizaciones no gubernamentales por parte del régimen de los Ortega-Murillo es parte del proceso que emprendieron hace seis años para destruir el más importante capital social construido por la sociedad nicaragüense», refirió.
