A raíz de las elecciones presidenciales en Venezuela el pasado 28 de julio, las violaciones a derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro han aumentado, especialmente contra defensores de derechos humanos, críticos, manifestantes y periodistas.
Sin embargo, según defensores de derechos humanos venezolanos consultados por LA PRENSA también alcanzaron a la población en general al registrar anulaciones de pasaportes. En días recientes, cada vez surgen más denuncias en redes sociales de personas a las que les han anulado sus pasaportes.
«Es una forma más de represión transnacional. El régimen no está haciendo ninguna diferencia entre defensores de derechos humanos, periodistas, disidentes políticos, sino que lo está haciendo para cualquier persona, incluyendo a quienes están en el exterior, impidiéndoles regresar a Venezuela», dijo a LA PRENSA el defensor de derechos humanos venezolano Rigoberto Lobo.
Uno de los casos más recientes es el del opositor Andrés Caleca, expresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, quien el pasado 12 de agosto denunció que las autoridades anularon su pasaporte sin justificación.
A consideración del abogado y defensor de derechos humanos venezolano, Marino Alvarado, la medida de anular pasaportes a ciudadanos percibidos como opositores «es la continuidad de una política sistemática de persecución a la disidencia en Venezuela que condujo a que la fiscalía de la corte penal internacional investigue El crimen de lesa humanidad de persecución desde el año 2014».
Lobo expresó que esta medida impide que los venezolanos puedan salir o entrar al país.
«Esto es cerrarse más al mundo, reprimir, causar miedo, que las personas no se puedan mover. No sería la primera vez que Maduro intente impedir la movilidad de las personas», dijo Lobo.
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El pasado 1 de marzo, el régimen de Nicolás Maduro recibió un «revés», luego que la cámara de apelaciones de la Corte Penal Internacional desestimara una apelación de la dictadura venezolana, luego que en noviembre de 2021 el país sudamericano se convirtiera en la primera nación de América Latina en la que este tribunal Internacional abriera una investigación formal por presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados en 2017.
Afecta el trabajo de defensores
Lobo expuso que la cancelación de pasaportes a defensores de derechos humanos afecta la incidencia internacional.
«Afecta en los trabajos de incidencia de defensores de derechos humanos porque no pueden salir. En caso de tener riesgos, van a tener problemas para salir del país y trasladarse a otro», refirió.
Alvarado, quien es integrante del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), asegura que la represión del régimen alcanza también a familiares de defensores de derechos humanos.
«En el caso de la organización provea nosotros tenemos comprobado dos casos de anulación de pasaporte y la anulación a un hijo de uno de los defensores que Provea», afirmó.
La desnacionalización: una receta de Ortega y una amenaza latente en Venezuela
Los defensores consultados aseguran que es muy difícil saber hasta donde llegará el régimen de Nicolás Maduro en la violación de derechos humanos.
«No sabemos si esta medida avance a una forma de represión más cruel o más fuerte como la que sucedió en Nicaragua de desnacionalizar a las personas. Es una amenaza latente porque algunos diputados han propuesto que se les quite la nacionalidad a opositores», dijo Lobo.
Por su parte, Alvarado considera que el avance represivo tiene algunas similitudes con la represión desatada por la dictadura Ortega Murillo en Nicaragua.
«Es decir persecución detenciones arbitrarias prácticas de desaparición forzada malos tratos y tortura cerco jurídico y por la vía de los hechos a las organizaciones de la sociedad civil que ha obligado a muchos activistas a exiliarse ante el riesgo de ser sometidos a detenciones arbitrarias», refirió Alvarado.
Nicaragua: un caso más grave que el de Venezuela
El abogado señaló que diferencia de Nicaragua en Venezuela todavía no se ha llegado a medidas como el quitar la nacionalidad activistas políticos o sociales y destacó la gravedad de las medidas que implementa el régimen Ortega Murillo en Nicaragua que afectan centros de educación superior.
«Aunque hay sectores que desde el gobierno han planteado que esa medida se establezca tampoco se ha llegado al nivel de confiscar institutos educativos. Sin embargo la aprobación de la ley para fiscalizar a las organizaciones de sociedad civil abre un camino para mayor persecución, para el cierre de organizaciones y para posiblemente afectar instituciones educativas constituidas como fundaciones o asociaciones civiles», puntualizó.
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El pasado 15 de agosto, el parlamento venezolano aprobó la Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines». La ley es similar a la Ley de Agentes Extranjeros que aprobó la Asamblea de Nicaragua en 2020, puesto que obliga a las organizaciones a notificar sobre el financiamiento o donaciones que recibirán.
