El nombramiento de Bosco Castillo Cruz como rector de la Universidad Nacional Agraria (UNA) ha reafirmado el control de Daniel Ortega sobre las distintas casas de estudio del país, además de la degradación del cargo de rector por nombrar a una persona sin experiencia al frente de una de las universidades más importantes del país, consideran algunos analistas.
A criterio del académico y rector de la confiscada Universidad Paulo Freire, Adrián Meza, Bosco Castillo es una persona “que no tiene ni la formación ni la experiencia para conducir la Universidad Agraria”, que es una de las más importantes del país porque forma a los profesionales del agro, uno de los rubros vitales para la economía de Nicaragua.
Meza indica que el único requisito que requiere la dictadura para nombrar a rectores y otras autoridades universitarias en las diferentes casas de estudios del país es la fidelidad a Daniel Ortega, a Rosario Murillo, y al Frente Sandinista.
“El criterio fundamental es fidelidad partidaria. No importa que no sepás sobre nada ni que tengás la profesión. Lo que quieren es que uno sea fiel”, indica Meza.
“Si Daniel Ortega decide que un burro amarrado va a dirigir una universidad, no hay quién le pueda decir que no”, agrega el académico.
Por otro lado, un académico que solicita anonimato, señala que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo “ocupa a los rectores como herramientas para seguir los lineamientos partidarios en las universidades. Esto evidentemente reduce el nivel académico de las universidades y las vuelve menos competitivas”.
El pasado lunes 5 de agosto, Castillo fue nombrado como rector de la UNA, pero su nombramiento se hizo público hasta el viernes 9 de agosto a través de un comunicado divulgado por el Consejo Nacional de Universidades (CNU). Castillo estará al frente de esta casa de estudios hasta diciembre de 2027.
El pasado 10 de agosto la dictadura también anunció que la vicerrectora de la Universidad Nacional Agraria será Luz Adilia Luna Olivares durante el mismo periodo en que estará Castillo al frente de la UNA.
Consecuencias “gravísimas” de reforma a ley universitaria
Adrián Meza señala que el nombramiento de Castillo es una consecuencia de la entrada en vigencia de la Ley 1176, aprobada en noviembre del año pasado.
Esta ley es una reforma y adición a la Ley 89, Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, y no especifica sobre requisitos académicos para ser rector de una universidad.
Además, el inciso 1 del artículo 13 de esta ley establece que las universidades tendrán un Consejo de Dirección, el cual estará “integrado por el Rector o la Rectora, Vicerrector o Vicerrectora y el Secretario o Secretaria General, nombrados por el CNU”.
Es decir, que con esta reforma, ahora es el CNU el que nombra a los rectores y dirigentes de las universidades del país, los cuales pasan a conformar un Consejo de Dirección, y ya no es la comunidad universitaria la que escoge a su rector.
El académico que solicita anonimato explica que es el Consejo Nacional de Rectores del CNU el encargado de hacer estos nombramientos. Este Consejo está conformado por tres personas que son: la presidenta del CNU, Ramona Rodríguez; la vicepresidenta, Almarina Solís; y el secretario técnico, Jaime López Lowery.
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Ramona Rodríguez, Almarina Solís y Jaime López Lowery han sido incondicionales del Frente Sandinista y operadores del partido a lo interno de CNU, y siguen las directrices que imponen Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“Esto tiene consecuencias gravísimas para la educación superior”, considera Adrián Meza, pues con esta medida se le despojó a los estudiantes universitarios de su derecho a ser quienes escojan a sus autoridades universitarias, a como lo establecía la Ley 89 antes de la reforma.
“Eso se hizo con la intención de continuar profundizando la nueva lógica con la que el régimen opera en control de la educación y particularmente de sus autoridades”, valora el académico anónimo.
¿Quién es Bosco Castillo?
Bosco Castillo Cruz no tiene ninguna experiencia como académico. Más bien fue miembro de la Juventud Sandinista y llegó a ser coordinador de esta hasta que Daniel Ortega lo nombró titular del Ministerio de la Juventud, cargo que ocupó hasta 2022.
Después pasó a estar a cargo del Ministerio Agropecuario (Mag) en el 2023. También se desempeñaba como coordinador del Sistema de Producción, Consumo y Comercio del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA), además de ser secretario político departamental de Rivas, del Frente Sandinista.
Días después de su salida del Ministerio Agropecuario, Castillo fue vinculado a sospechas de corrupción en el programa Vamos Adelante, que fue lanzado en 2022 y que tenía la tarea de aprobar “financiamiento con créditos justos para la producción, emprendimiento y pequeños negocios”.
Una fuente relató a LA PRENSA la semana pasada que en ese programa dirigido por Castillo hubo muchas irregularidades, como dinero repartido entre trabajadores de confianza y entre algunos familiares del mismo Castillo.
