El régimen Ortega Murillo emprendió una ola de persecución y arrestos contra religiosos, especialmente de la Iglesia católica, que dejó como resultado al menos 10 sacerdotes y un diácono arrestados entre el 27 de julio y este 2 de agosto.
Los sacerdotes detenidos son: Ulises René Vega Matamoros, Edgar Sacasa Sierra, Jairo Pravia, Víctor Godoy, Marlon Velázquez (quien fue rector de la Universidad Católica Juan Pablo II de Managua), Antonio López, fray Silvio Romero (de Juigalpa), el diácono Ervin Aguirre, Raúl Villega (misionero de origen mexicano), Fray Edilio Javier Cruz y Francisco Tercero.
A consideración del periodista especializado en temas religiosos, Israel González Espinoza, el régimen Ortega Murillo está recrudeciendo la represión contra la Iglesia católica, aunque el hostigamiento, las amenazas y la vigilancia permanecieron aún después del destierro de 19 religiosos, entre los que se incluyó a monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, el 14 de enero de 2024.
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«Pareciera que la intención es dejar sin sacerdotes a los feligreses de las diócesis de Estelí y Matagalpa. De lo que sí se puede hablar es de una intensificación de la persecución religiosa. Las parroquias siguen asediadas, los sacerdotes siguen bajo vigilancia, no se permite expresar libremente la fe por medio de procesiones, a menos que sean muy vigiladas. Por lo tanto, se está evidenciando que el régimen utiliza la crisis en Venezuela para hacer de las suyas en Nicaragua», dijo González Espinoza.
La activista Haydeé Castillo coincidió en que la dictadura aprovecha el interés de la comunidad internacional en la situación de Venezuela para arremeter contra la Iglesia católica.
«El régimen secuestró arbitrariamente a sacerdotes, diáconos, monseñores y laicos. Esta es una situación que no termina (…) Nicaragua es una cárcel y en estos días se incrementó la cantidad de personas que están en casa por cárcel», dijo Castillo.
El periodista refirió que, si bien es cierto la Iglesia católica guarda silencio sobre las agresiones del régimen, la dictadura la ve como «un enemigo» por la cercanía con la población.
«En Nicaragua la voz de la Iglesia sigue siendo muy importante para los nicaragüenses, por eso es que el orteguismo la ve como un enemigo, como algo que hay que disminuir su presencia en el espacio público. A pesar de que no existen declaraciones públicas de la situación del país, sigue acompañando a la gente y eso le molesta mucho al régimen», dijo González Espinoza.
Falsa tranquilidad
Un sacerdote, consultado bajo condición de anonimato por temor a represalias, aseguró a LA PRENSA que luego del destierro de monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa, se creó una «falsa tranquilidad», pero la persecución contra la Iglesia católica se mantiene.
«Lo que hubo fue una falsa tranquilidad. Mucho se pensó que yéndose monseñor Rolando Álvarez iban a cesar las hostilidades contra la Iglesia, pero no fue así. Era una aparente tranquilidad para dar una nueva embestida contra la Iglesia y en este caso, en la Diócesis de Estelí», dijo el religioso.
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El 7 de marzo de 2024, la vocera de la dictadura, Rosario Murillo, al felicitar al cardenal Leopoldo Brenes, aseguró que quedaron atrás los «días de campanas y cristales rotos».
“Hemos venido dejando atrás los días de campanas y cristales rotos, esos días terribles cuando intentaron romper el sentido de familia y comunidad, así como también la alianza de reconciliación y unión. Intentaron, pero no pudieron ni podrán. Ese tiempo ha quedado atrás”, dijo Murillo.
Por su parte el sacerdote consultado bajo condición de anonimato advirtió que la dictadura está interviniendo en asuntos propios de la labor pastoral de la Iglesia católica.
«Es una estrategia bastante sucia por parte del régimen, que es grave, porque ya impide funciones de la labor pastoral de la Iglesia. Esto sube y baja, pero no se queda solo así. El régimen necesita tener a su gente en efervescencia», consideró el sacerdote.
Dictadura prohibió casi 8 mil procesiones entre 2023 y 2024
El Grupo de Expertos de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (GHREN por sus siglas en inglés), en un informe presentado el 22 de julio, aseguró que el régimen Ortega Murillo prohibió al menos 7,976 procesiones religiosas entre 2023 y 2024, en el marco de las celebraciones de Semana Santa.
El informe abarca los hechos ocurridos desde abril de 2018 y hasta el 31 de marzo de 2024, período en que se documentaron violaciones y abusos sistemáticos del derecho internacional y de los derechos humanos cometidos contra miembros de la Iglesia católica y de otras denominaciones religiosas.
Según el informe, en 2023 en total se prohibieron al menos 3,176 procesiones, sin incluir aquellas usualmente realizadas durante el Viernes Santo y la Cuaresma. Además, detalla que se registraron al menos 21 detenciones en este período. En 2024 el régimen prohibió al menos 4,800 procesiones o actividades religiosas y se contabilizaron ocho personas detenidas.
