Estando al comienzo del fin debemos estar preparados (como ya lo han expresado otros) para el día en que, ojalá más pronto que tarde, salgamos pacíficamente de la segunda tanda de nuestro querido presidente Ortega esta vez magnificada en su represión, corrupción, y locuras por su más que estimable esposa. De esta forma Nicaragua no solo tendrá el potencial de ser república, sino que será.
Por lo que aquí siguen algunas sugerencias de lo que podríamos hacer los nicaragüenses en los meses y años que seguirán al Día Después para heredarle a nuestras descendencias una patria próspera y justa (PPYJ) con mínima pobreza, mejores salarios y utilidades, y mucho mayor bienestar para todos, tanto para los que tienen empleos formales como informales, como a los grandes y pequeños empresarios, y a los/as que, como nos recordó recientemente don Andrés Pérez Baltodano en este nuestro diario, andan caminando en las calles bajo la lluvia o el sol para que sus familias pueda comer ese día.
Enfatizo los nicaragüenses ya que el logro de estos objetivos requerirá el esfuerzo de todos y no solo de los gobiernos que sigan que ojalá no nos defrauden. Confío en que esta vez “no se cambiarán las cosas para que todo siga peor” ni “que mejor que Ortega cualquier cosa”.
Los pilares fundamentales para lograr una PPYJ son democracia, buenas instituciones, buena educación, salud y servicios básicos, buenas políticas económicas, y buena protección social a los más necesitados. Estos cinco pilares tienen muchos elementos en común y se complementan entre sí creando un círculo virtuoso que beneficia a todos los nicaragüenses.
Por lo que la primera tarea, luego de la salida pacífica de los tiranos actuales, será establecer con elecciones limpias la democracia que desafortunadamente ha estado ausente y/o débil en la mayor parte de nuestra historia, y vejada totalmente en tiempos recientes.
La transición será difícil y complicada, pero debemos unirnos olvidando nuestras diferencias y pasados políticos y dejar para elecciones futuras las diferencias.
La segunda tarea será reconstruir la institucionalidad del país que, aunque históricamente débil, el gobierno por salir la ha destruido totalmente.
La buena institucionalidad, hermana gemela de la democracia, es su complemento necesario, ya que protege los derechos ciudadanos, asegura el balance entre los poderes del Estado, y la rendición de cuentas, lo que contribuye a mejores políticas públicas, a corregir errores, y a crear un ambiente propicio para la inversión privada nacional y externa, y por ende al crecimiento, mejores empleos y salarios, y a la reducción de la pobreza.
La institucionalidad no solo abarca la Presidencia, y los poderes Legislativo, Judicial, y Electoral, sino también las alcaldías, la policía, el ejército, los ministerios e instituciones públicas. Su reconstrucción será difícil y tomará cierto tiempo, dada la corrupción, servilismo, y politización que hoy impera. Pero tiene que ser justa, retirando y sancionando, donde, y como corresponda, solo a los corruptos y no a la mayoría de los funcionarios y empleados que son honestos.
Con la restauración de la democracia el pueblo elegirá libremente a su presidente, diputados, y alcaldes. Pero a su vez es esencial que estos nombren en los otros poderes del Estado, policía, ejército, ministerios e instituciones públicas, a nicaragüenses honestos y capaces que actúen con apego a la Constitución, independiente de sus creencias políticas personales.
Dentro de estos múltiples desafíos, luego de la restauración de la democracia los más urgentes en el corto plazo son reformar el poder judicial y despolitizar a la policía.
La tercera tarea será despolitizar la educación pública (politización que nunca había existido antes) y establecer, desde primaria, una educación moderna con estudios apropiados de matemáticas, nuevas tecnologías incluyendo inteligencia artificial, y artes liberales, para que nuestros jóvenes y Nicaragua puedan competir y triunfar en lo que resta de este siglo XXI que de pronto se nos va si no nos apuramos.
El gobierno, con base en las recomendaciones de una comisión de reconocidos educadores establecería un currículo básico consistente con esta educación, que se aplicaría tanto en las escuelas públicas como en las privadas. Así como los requisitos básicos sobre infraestructura escolar, máximo de alumnos por maestros, y dotación de libros y computadoras.
Paralelamente, la educación, tanto privada como pública, debería enfatizar los valores morales, familiares y culturales que son esenciales para lograr una PPYJ como lo ha señalado en este Diario don Humberto Belli.
También el gobierno debería establecer (de nuevo bajo recomendaciones de una comisión pertinente) los requisitos básicos que deben llenar los maestros/as tanto en las escuelas públicas como privadas para para ejercer el cargo. Para calificar, los maestros/as se someterían a un examen de prueba. Durante un periodo de transición, digamos de uno o dos años, aquellos/as que no pasen esta prueba tendrían la opción de asistir a cursos para calificar en el cargo en un instituto propiciado por el gobierno.
Asimismo, habría que establecer criterios para dar seguimiento a las mejoras en la educación. Tanto las escuelas públicas como privadas deberían reportar anualmente el cumplimiento de estas y otras recomendaciones y los resultados académicos de sus alumnos. También deberíamos participar en las pruebas internacionales sobre la calidad de la educación.
De llevarse a cabo, estas sugerencias, que reflejan las prácticas de los países con mejor educación e ingreso, mejorarían notablemente la calidad de la educación pública y privada y las opciones de los padres. Los resultados no se verán mañana, pero si pronto
Las familias que prefieran enviar a sus hijos/as a una escuela privada pero que no cuentan con recursos podrían obtener becas financiadas por el gobierno. Su costo en el presupuesto del gobierno sería compensado por un menor financiamiento a las escuelas públicas.
La cuarta tarea será ejecutar políticas económicas que, a la par de una mejor institucionalidad y educación promuevan la inversión y la productividad, y por ende el crecimiento, el empleo, el bienestar de los nicaragüenses, y la reducción de la pobreza.
Al gobierno saliente hay que reconocerle que ha contribuido a reducir la pobreza, mejorado parcialmente la infraestructura, y mantenido la estabilidad macroeconómica. Pero, por otra parte, estos logros no han rendido sus frutos debidos principalmente a su falta de institucionalidad vejada aún más recientemente por, entre otros, la represión, las confiscaciones y la violación de los derechos de propiedad.
Por lo que, durante sus 17 años en el poder, nuestro crecimiento económico ha sido apenas 2.1 por ciento en promedio anual (en dólares ajustados por la inflación) y, como ya mencioné en artículos anteriores, nuestro ingreso por habitante es actualmente 20 por ciento menor que el de 1978 y los salarios en el sector formal 60 por ciento más bajos que los del 1978. Así mismo, nuestro salario mínimo en dólares es, en promedio, apenas 30 por ciento del de Costa Rica y 40-50 por ciento del de Guatemala y Honduras. La inversión en vez de aumentar se ha mantenido en 24 por ciento del PIB desde el 2006, siendo 21 por ciento del PIB el año pasado.
También, prevalece la informalidad en la economía debido al bajo nivel de educación, a las altas tasas de tributación, a las deficiencias del marco regulatorio, y a la falta de apoyo gubernamental a los informales Por lo que se requiere,
a) Mantener la estabilidad macroeconómica condición indispensable (aunque no suficiente) para crecer y reducir la pobreza.
b) Mejorar el marco regulatorio para las empresas y la inversión tanto local como extranjera.
Aunque una mejor institucionalidad fomentaría de por si la inversión y el crecimiento, esta necesita ser apoyada por un marco regulatorio con reglas claras que elimine requisitos innecesarios para el establecimiento de las empresas, evite la discrecionalidad y la corrupción, y, como ha recomendado recientemente el Fondo Monetario Internacional (FMI), garantice los derechos de propiedad, el cumplimiento de los contratos, y la resolución de disputas. El marco regulatorio actual solo llena parcialmente estos requisitos.
c) Un sistema tributario y de aportes a la seguridad social que aminore los efectos negativos que los impuestos, aunque necesarios, causan en el empleo, la inversión, la productividad y la formalidad en la economía.
La tasa de tributación de Nicaragua, incluyendo los aportes a la seguridad social, fue el año pasado 26.5 por ciento del ingreso nacional (PIB), mayor en 5 por ciento del promedio de América Latina y en 10 por ciento de la de nuestros vecinos del CAPDR (Centroamérica, Panamá, y Republica Dominicana) lo que afecta nuestra competitividad y por ende el crecimiento. Pero sí hay que reconocer que tenemos el mayor gasto social e inversión pública, aunque como ya dije, ello no ha rendido plenamente sus frutos.
Las mayores diferencias con AL y nuestros vecinos son en el impuesto sobre la renta y los aportes a la seguridad social por lo que la prioridad debería ser bajar sus tasas y mejorar su estructura. Una sugerencia sería establecer una tasa promedio más baja y única del impuesto sobre la renta para individuos y empresas para incentivar el trabajo, la inversión, y la productividad, revisando las exenciones. La supuesta redistribución de ingreso vía los llamados impuestos progresivos para los ingresos más altos solo existe en muy pocos países. Por el contrario, las exenciones fiscales y a veces el gasto fiscal son muchas veces más bien regresivos beneficiando a los de mayores ingresos. La forma apropiada y eficiente para lograr mayor equidad y reducir la pobreza en un gasto social bien focalizado.
Otra sugerencia es establecer una menor tasa de contribución a la seguridad social, que, junto con un menor impuesto sobre la renta, contribuiría a una mayor formalidad en la economía y mejores salarios que como dije son los más bajos de la región. El año pasado el subempleo ascendía al 39.5 por ciento de los ocupados y la tasa de informalidad en el mercado laboral era de 75 por ciento en el 2021 (no dispongo de datos más recientes; antes el BCN publicaba datos oportunos, pero recientemente su publicación corresponde al Ministerio del Trabajo a cuyo portal es imposible entrar).
d) Un gasto público que apoye el crecimiento, mayor productividad, y la reducción de la pobreza. El año pasado las inversiones representaron el 26 por ciento del gasto del gobierno central, y los gastos sociales (educación, salud, y mitigación de la pobreza) 55 por ciento, lo que en su monto es meritorio. Pero habría que analizar su efectividad lo que no puedo hacer por la falta de disponibilidad de datos analíticos.
Aunque, de llevarse a cabo, estas sugerencias conducirían a un mayor crecimiento, más empleo, mejores salarios, y a la reducción de la pobreza, también deben ser complementadas por un gasto social bien focalizado y no politizado, por lo que la quinta tarea será ejecutar un gasto social que efectivamente asegure:
a) la salud de los niños pobres y sus madres desde el primer día de su concepción no solo por moralidad sino también para garantizar su potencial
b) el acceso a una buena educación y salud básica ambas con la opción de becas ya mencionada
c) un ingreso básico para la alimentación, salud, y vivienda de las familias inclusive cuando estén desempleados. Aunque válida, esta recomendación conlleva el riesgo de no incentivar el trabajo por lo que debe tener condiciones y seguimiento.
El lector legítimamente se preguntará ¿cómo se pueden bajar las tasas impositivas y de seguridad social, y a la vez tener un gasto público apropiado y mantener la estabilidad macroeconómica? Pues bien:
Primero: menores tasas impositivas incluyendo la de seguridad social incentivaran más y más honestas declaraciones y más formalidad en la economía, lo que, unido a la revisión de exenciones mitigaría la baja en la recaudación.
Segundo: la reducción en la burocracia gubernamental y la eliminación de gastos innecesarios y políticos daría mayor espacio para gastos productivos y sociales con menor gasto total.
Por ejemplo, habría que revisar el gasto en salarios y en la policía y el ejército que el año
pasado representaban respectivamente el 37 por ciento del gasto corriente del gobierno central y el 12 por ciento de su gasto total. Ejemplos de exceso de gasto abundan (uno menor pero indicativo y absurdo es el continuo traslado de diplomáticos y el establecimiento de embajadas en países que no nos interesan).
Por otra parte, sin represión necesitaríamos menos hermanos policías y en cuanto al ejército ¿quién nos va a atacar? ¿Los marcianos?
Tercero habría que revisar las prestaciones de la seguridad social para asegurar su sostenibilidad; nada es gratis por lo que también como han señalado expertos en el tema habría que valorar los beneficios y costos de mi sugerencia.
En lo que valgan, estas son sugerencias que tendrán que ser valoradas y analizadas por la población y por los que tendrán la fortuna de colaborar en el próximo gobierno democrático.
En particular las recomendaciones sobre los ingresos y gastos del gobierno y la seguridad social tendrían que ser especificadas y cuantificadas con acceso a mejores datos de los que yo dispongo. También, aunque es vital la importancia de la salud y de los servicios básicos no ofrezco recomendaciones concretas porque no conozco bien los temas.
Puede que los que luchan a diario bajo el sol y las lluvias por la comida y salud de sus familias piensen que estas sugerencias no tengan nada que ver con ellos. Pero, sí les garantizo que mejorarían sus vidas y las de sus familias.
Al concluir enfatizo nuevamente que los desafíos y las tareas pendientes son de todos los nicaragüenses y no solo del gobierno. Al gobierno le corresponde liderar en ciertas áreas, pero la democracia y la mejor institucionalidad tiene que ser obra de todos nosotros, así como las mejoras en la productividad y la eficiencia económica, la eliminación de la corrupción, el cumplimiento de los impuestos y el apoyo a los más necesitados.
Las fuentes de los datos que expongo son del Banco Central de Nicaragua, el Ministerio de Hacienda, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y el Consejo Monetario Centro Americano.
El autor es bachiller del Colegio Centro América de Granada.
