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Cobros de coimas en la DGI azotan al sector privado por acceso bloqueado a la VET

Un cilc para restablecer a decenas de empresas el acceso a la Ventanilla Electrónica Tributaria de la DGI, puede costarle a cada una hasta 5,000 dólares en coimas.

“Javier” lleva cuatro meses intentando fallidamente obtener una solvencia fiscal mediante la Ventanilla Electrónica Tributaria (VET), un servicio en línea que la Dirección General de Ingresos (DGI) ofrece a los contribuyentes dentro del régimen general y cuota fija. Cuando surgió esta plataforma se vendió como una forma de modernizar y facilitar las gestiones tributarias a la matriz empresarial, pero lejos de eso, esta se ha convertido en otra fuente de corrupción en Nicaragua.

Los cobros de coimas están a la orden del día en la DGI. Tal es la corrupción, que un clic de un segundo, que reestablezca a decenas de empresas el acceso a esa plataforma, puede costarle a cada una hasta 5,000 dólares por debajo de la mesa.

Decenas de negocios, que urgen del acceso a ese servicio, están viviendo un calvario en Nicaragua, mientras les urge realizar gestiones vitales como declarar cada mes impuestos varios y el pago anual del impuesto sobre la renta, obtención de solvencias fiscales, así como todo tipo de documentos que esté relacionado con el fisco.

El empresario, que por temor a represalias pide no revelar su identidad, requiere de una solvencia fiscal, documento fundamental para finiquitar un contrato de compra-venta con un cliente, que la necesita para formalizar a su nombre el bien, pero sin ese papel tributario es imposible hacerlo. El proceso de traspaso del bien lleva meses paralizado. Ahora esto, tiene a “Javier” expuesto a una demanda judicial por parte del cliente, pese a que la responsabilidad es de la DGI.

El empresario dice que no puede devolver el dinero al cliente, porque este dinero ya fue gastado pagando los impuestos correspondientes y para asuntos administrativos del negocio.

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Por la crisis de 2018 la empresa empezó a declarar en cero

La crisis del 2018 ocasionó que el negocio de “Javier” se viniera a pique. Sus ingresos prácticamente eran nulos. Por la naturaleza de la empresa las ventas eran cero y prácticamente los indicadores de la compañía se volvieron negativos. Eso sí, la empresa aún tenía un elevado inventario de bienes, por lo que mantenerla vigente era imprescindible.

El empresario estaba convencido que en algún momento la situación en Nicaragua iba a mejorar, por tanto redujo drásticamente la planilla y optó por seguir pagando y declarando los impuestos fiscales y municipales correspondientes.

Dado a que los ingresos eran cero, porque la empresa está en una actividad cuyas ventas dependen del estado de salud de la economía del país, eso mismo reportaba a la Dirección General de Ingresos (DGI). Se mantuvo así hasta el 2022, luego que en el 2021 la demanda empezara a dar señales de reactivación después de tres años de recesión (2018-2020), provocada primero por la crisis política en 2018 y luego el impacto de la pandemia.

“La empresa estuvo declarando en cero año y medio, porque no teníamos actividad económica. Nosotros no vendemos naranjas, no vendemos celulares, no vendemos zapatos, vendemos bienes que cuestan miles de dólares. Son cosas difíciles de vender”, explica el empresario.

Tras concretar una venta importante en el 2022, a finales del 2023 el cliente le solicitó la solvencia fiscal de la empresa para finiquitar la adquisión del bien ante las autoridades correspondientes. Para sorpresa de “Javier”, pese a que estaban al día con todas las obligaciones gubernamentales, su empresa tenía el acceso bloqueado en la VET.

Más de 500 empresas trabadas

Ahí empezó el calvario no solo de este empresario, sino también de una red de por lo menos 500 negocios en Nicaragua, que están siendo sometidos a chantajes y cobros de coimas en la DGI para reactivarle el acceso a la plataforma.

Fue a final del 2022 cuando se conoció que la DGI estaba quitando a los contribuyentes arbitrariamente el acceso a esa plataforma, si en años previos habían declarado cero en ingresos. Los estaba calificando como inactivos, aunque estos cumplieran con la obligación mensual de declarar sus ingresos ante la Administración Tributaria.

“La pérdida del acceso implica que se genera un estado de insolvencia por no realizar las declaraciones de impuestos en tiempo y forma – aunque estas sean declaraciones en cero –, no se pueden generar solvencias fiscales ni otro tipo de documentos fiscales necesarios para la operatividad del contribuyente. Arbitrariamente, estos estados de insolvencia afectan a los accionistas, representantes y directores, por lo que, otras empresas del mismo grupo pueden verse afectadas en sus gestiones ante la Administración Tributaria”, advirtió en su momento un despacho legal en su sitio web en Nicaragua.

Este es el caso de “Javier”.”Hemos mantenido solvente la empresa, hemos pagado los impuestos a la Alcaldía, pagamos los impuestos a la DGI, solo que declarando en cero”, enfatiza. Cuando por fin consiguieron realizar una venta importante, en el contexto de una economía que el régimen de Ortega dice está en recuperación y crecimiento, el empresario se topó con ese obstáculo en la DGI.

Cuatro meses tratando de recuperar el acceso a la VET

Lleva más de cuatro meses intentando recuperar su acceso a la VET y la única solución que le ofrecen los funcionarios de la DGI es pagar una coima de 3,000 dólares para reactivarle el servicio en cuestión de segundos, sin necesidad de seguir los pasos que se requieren para que la DGI vuelva a facilitar el servicio electrónico.

Par restablecer el acceso a la VET se debe seguir un largo proceso. El contribuyente debe demostrar que reiniciará operaciones que generarán ingresos, o bien iniciar un proceso de disolución de la sociedad ante el Registro Público Mercantil, donde predomina la burocracia. Luego, levantar de cero el negocio. Es decir, formar e inscribir una nueva empresa, lo que implica incurrir en más gastos.

“¿Qué querían que hiciera? ¿Que empezara a crear facturas falsas sin actividad económica? Lo que queremos es reactivar la empresa y por tanto crear más empleos y por lo tanto pagar más impuestos pero nos están bloqueando porque alguien quiere cobrar coimas de entre 3,000 a 5,000 dólares, para liberar este asunto. Solo aprentan un botón y se libera todo. No pagaremos esa coima, primero por principio y segundo porque si lo hacés te vuelven a trabar cuando les dé la gana, esto será un nunca terminar”, afirma.

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“No hay director de ingresos, la DGI es un relajo”

Las empresas que quieren recuperar la VET están llegando a las oficinas de la DGI, pero primer se topan con una muralla de múltiples excusas para no devolverles la cuenta. Luego, los oficiales les dan “la opción” de liberar el acceso a cambio de pagos ilegales.

“Javier” dice que sus abogados han llegado a la DGI y pedir hablar con el director general o un funcionario de mayor rango, pero nadie quiere dar la cara, porque resulta que la entidad está a la deriva. “No hay director de la DGI, está alguien que antes estaba en cobranza. Ahorita no hay director de la DGI, esto es un relajo”, indicó.

El obstáculo que enfrentan los empresarios para recuperar el acceso a la VET es solo la punta del iceberg. El fisco además encabeza una guerra fiscal que también mantiene asfixiadas a las empresas en Nicaragua, que están realizando negocios en un entorno cargado de incertidumbre política y económica, lo que afecta las perspectivas de éstas.

“Todo mundo está callado por miedo a que te caiga el fisco y la Alcaldía ese es el día a día en Nicaragua con multas inventadas”, dijo recientemente a LA PRENSA un especialista financiero, al describir la realidad de las empresas.

“Es el arma con el que han domado a muchos en Nicaragua… nadie se ha salvado y no te perdonan las multas”, alertó.

Economía

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