La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, el pasado 19 de abril liberó bajo el régimen de “convivencia familiar” a 1,500 personas condenadas por delitos comunes que no habían completado sus respectivos períodos carcelarios en los diferentes sistemas penitenciarios del país. Algunos de estos, confirmaron habitantes de Managua a LA PRENSA, son ladrones reconocidos como “azotes” en los barrios capitalinos.
“En el barrio nos dimos cuenta que tres de esos que liberaron ahorita son de esos ladrones reincidentes del barrio, de esos que uno ya no aguanta porque son azotes en el barrio, de esos que incluso les roban a sus familias. No sabemos por qué los sacan antes de que cumplan condena, es gente que sale peor, y uno pues vuelve a estar más inseguro”, indicó una ciudadana del barrio La Primavera, en Carretera Norte.
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Otra habitante de ese barrio capitalino apuntó que este tipo de situaciones propicia que “la gente no denuncie, no vaya a la Policía y muchas veces se arregle con la familia de estos ladrones, porque esa gente no los quiere presos y pagan por lo robado (…) denunciar a uno lo desanima, porque ya ve que luego, al poco tiempo, ya están estos otra vez en las calles robando”.
Contexto social y económico propicia reincidencia
El sociólogo y economista Óscar René Vargas, en entrevista con LA PRENSA, resaltó que uno de los problemas mayores de la gente que ha sido liberada, tras ser condenada por delitos comunes, “es que en la cárcel no les enseñan a hacer un oficio particular”.
“En la cárcel no les ofrecen herramientas para insertarse a la vida social y económica del país, ese es el problema fundamental, entonces, el riesgo de ser reincidente es alto”, apuntó Vargas.
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Adicional a lo anterior, resaltó que las personas liberadas por el orteguismo enfrentan como problema fundamental “encontrarse con un escenario de desempleo, es decir, para insertarse no tienen las posibilidades de conseguir un empleo formal o informal que les asegure unos ingresos suficientes para salir de la línea de pobreza, es decir, salen de la cárcel sin tener ninguna posibilidad de dejar de ser pobres y, por lo tanto, las posibilidades de reincidir en un delito, de robo o algo similar, son mayores incluso para poder sobrevivir, ese es el mayor problema”.
Valoró que estas personas, ante dichos contextos de falta de herramientas de reinserción social en las cárceles, sumado al contexto social y económico del país, “tienen dos posibilidades, una reincidir, cometer los delitos por los que antes había sido encarcelado, por la situación económica y social del país, y dos que traten de migrar a otros países para conseguir trabajar”.
Reincidencia en comisión de delitos “es altamente probable”
Una fuente en temas de seguridad, bajo condición de anonimato, explicó a LA PRENSA que “cuando ocurren liberaciones masivas de personas condenadas por delitos comunes y las sociedades no cuentan con sistemas de reinserción y seguimiento de esas personas, es altamente probable que reincidan en cometer delitos”.
Resaltó que dicha reincidencia en la comisión de delitos, en el caso de Nicaragua, “la probabilidad se incrementa porque además esas liberaciones nacen de indultos a personas que no han cumplido todos los requisitos y procedimientos establecidos en la ley para su liberación”.
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La fuente afirma que, de acuerdo con las encuestas de opinión realizadas durante los dos años más recientes, “la inseguridad aparece como uno de los principales problemas del país después de la situación económica”.
Especificó que “algunos de los problemas de seguridad que preocupan a la población son los robos y asaltos, la violencia sexual, y la violencia política ejercida por el Gobierno”, controlado por la dictadura Ortega Murillo.
A finales de 2023, la Consultoría Interdisciplinaria en Desarrollo SA (CID-Gallup) divulgó los resultados de una encuesta realizada en varios países de América Latina, entre ellos Nicaragua, en los que participaron 1,200 ciudadanos de cada país, revelando que más del 50 por ciento de la población siente que su país se ha vuelto más inseguro.
En dicho estudio, el 55 por ciento de los nicaragüenses valoró que en el país se han vuelto más frecuentes los crímenes, superando lo que opinaron los ciudadanos de Guatemala (54 %), Honduras (49 %) y El Salvador (3 %).