El exmandatario panameño, Ricardo Martinelli, asilado en la Embajada de Nicaragua en Panamá, continúa apostando por el salvoconducto como una «alternativa temporal a su situación», según expresó su vocero, Luis Eduardo Camacho, en una entrevista al canal de televisión Telemetro, de Panamá.
«Se metió en la Embajada (de Nicaragua) para buscar la protección que necesitaba para su vida y si le dan el salvoconducto ¿qué tiene que hacer?, tiene que irse», dijo Camacho en la entrevista.
El 7 de febrero, Martinelli se refugió en la Embajada de Nicaragua en Panamá, poco después de reafirmarse una condena de más de 10 años de prisión en su contra por blanqueo de capitales. Camacho no descarta que le den el salvoconducto, pese a que el 9 de febrero Panamá le negó la solicitud al exmandatario.
«Es una alternativa temporal a su situación, pero lo que realmente quiere Ricardo Martinelli es limpiar su nombre y parar la persecución absurda que no solamente le está haciendo daño a Martinelli, sino que al país», dijo Camacho
Ricardo Martinelli quiere «un nuevo juicio»
En la entrevista, Camacho descartó que el partido Realizando Metas, liderado por Martinelli, en la Asamblea de Panamá tenga entre sus objetivos promover una ley de amnistía para el exmandatario.
«La realidad es que a Ricardo Martinelli no le interesa una ley de amnistía ni un indulto. Él lo que quiere es que se haga un nuevo juicio público sin estas manipulaciones políticas que llevaron a que él estuviera condenado por un delito en donde en la audiencia lo que quedó demostrado es que todos los fondos que utilizó Ricardo Martinelli para la compra de medios fueron legítimos, provenientes de sus cuentas», dijo Camacho.
El 5 de marzo pasado, un juzgado emitió una orden de captura contra Martinelli por una condena de blanqueo de capitales un día después que fuera inhabilitado por las autoridades electorales de Panamá para presentarse como candidato presidencial a los comicios que se realizarán en mayo.
Vocero asegura que Martinelli enfrentó dos juicios por una misma causa
Por otro lado, al consultarle sobre la viabilidad de un segundo juicio, contraviniendo el artículo séptimo del Código Procesal Penal de Panamá que establece que nadie puede ser juzgado penalmente más de una vez por el mismo hecho; Camacho aseguró que el Poder Judicial panameño no resolvió una serie de recursos en contra de la sentencia contra Martinelli.
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«Ahí está el detalle. En ese proceso hay muchos recursos que no se resolvieron y que tenían que resolverse antes de que la condena estuviera en firme. La realidad en este momento antijurídica es que a Martinelli lo inhabilitaron por una sentencia que, según la Sala Penal, está en firme», dijo Camacho.
Además refirió que Martinelli enfrentó dos juicios por la misma causa, aludiendo al caso de escuchas ilegales durante su mandato entre 2009 y 2014, de la que fue absuelto en 2021. En 2019 fue declarado «no culpable» por primera vez en este mismo caso, pero un tribunal de apelaciones anuló la sentencia y ordenó repetir el juicio.
Caso Martinelli eleva las tensiones entre Panamá y Nicaragua
El 14 de marzo, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, rechazó los señalamientos que realizó Panamá por la “actitud permisiva” de Nicaragua para que el expresidente de Panamá utilice la sede diplomática de Managua en el país canalero para actividades político-partidistas, y en su lugar acusó a Panamá de “violar las convenciones internacionales” sobre el asilo político.
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En un intercambio de notas, Nicaragua le exigió a Panamá, gobernada por Laurentino Cortizo, que reconozca el asilo político y otorgue el salvoconducto a Martinelli, condenado en su país a diez años y ocho meses de cárcel por blanqueo de dinero en el caso New Business, para que este pueda viajar a Managua, lo que Panamá ha rechazado enfáticamente.
Además, las tensiones ascendieron luego que el 8 de marzo, Panamá negara el traslado del Consulado de Nicaragua a una vivienda identificada como 61B, una instalación contigua a su sede diplomática nicaragüense, donde permanece asilado el exmandatario Ricardo Martinelli desde el pasado 7 de febrero.
El artículo 4 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 establece que no se podrá establecer una oficina consular en el territorio del Estado receptor sin su consentimiento. Además, señala que el Estado que envía, en este caso Nicaragua, no podrá modificar posteriormente la sede de la oficina consular, su clase, ni la circunscripción consular sin el consentimiento del Estado receptor.
