Martha Candelaria Rivas Hernández lleva detenida 590 días detenida de manera arbitraria en el Sistema Penitenciario de Granada. Fue la única presa política que quedó en Nicaragua luego que el régimen de Daniel Ortega desterrara y posteriormente desnacionalizara a 222 exreos políticos.
Rivas Hernández, oriunda del municipio de Diriá, en el departamento de Granada, vio su vida transformada después de que el 30 de mayo de 2022 los medios oficialistas difundieran un video donde el padre Manuel Salvador García —ex preso político de la dictadura—, salía de la casa parroquial sosteniendo un machete, supuestamente amenazando a los pobladores que intentaban proteger a Rivas Hernández de su ataque.
Los medios afines al régimen afirmaron que ambos mantenían una relación «íntima». Además, la versión inicial presentada por los medios señalaron que Rivas Hernández había sido víctima de agresiones físicas y psicológicas por parte del padre García.

Causa de detención
Durante la audiencia contra el padre García por presuntos delitos de violencia física y psicológica, Rivas Hernández se negó a firmar la denuncia contra el sacerdote y afirmó que las agresiones fueron «accidentales». Contradiciendo las afirmaciones de los medios oficialistas sobre una relación de pareja, ella negó tener tal vínculo con el religioso.
Las autoridades, desestimando su testimonio, la encarcelaron bajo la acusación de «falso testimonio en perjuicio de la administración de justicia del Estado de Nicaragua» por alegar que el cura no la había golpeado.
La defensa de Rivas intentó apelar la condena, presentando un dictamen psiquiátrico en el que negaba la relación íntima con el padre García y sostenía que la agresión fue un accidente, reafirmando su negativa a interponer la denuncia.
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Primer destierro de sacerdotes
El 18 de octubre de 2023, el régimen desterró a una delegación compuesta por 12 sacerdotes, entre ellos el sacerdote Manuel Salvador García Rodríguez, quien había sido condenado a 2 años de cárcel.
En un comunicado de prensa, la dictadura anunció que después de llevar a cabo «conversaciones productivas con la Santa Sede», llegaron a un acuerdo para trasladar a los 12 sacerdotes a la Ciudad del Vaticano. Se informó que los religiosos liberados habían estado detenidos, algunos durante casi 2 años, y partieron hacia Roma, Italia.
En meses anteriores, el régimen ha desterrado a dos grupos de sacerdotes, sin embargo, la represión contra la Iglesia católica y su clero no se ha detenido.