Galería | Violencia y chantajes con el “seis por ciento”

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En los años ochenta cuando los sandinistas gobernaron al país en medio de una guerra, hambruna y escasez nunca se preocuparon en incorporar una ley presupuestaria para las universidades. Todo lo contrario. Estas casas de estudios se habían convertido en los lugares preferidos para el reclutamiento del Servicio Militar obligatorio.

Luego que Ortega perdiera las elecciones presidenciales ante doña Violeta Barrios de Chamorro en 1990, hubo un corto periodo de transición de dos meses en los cuales los sandinistas se apresuraron a crear leyes amañadas y viciadas para beneficiar a los comandantes de la Revolución y su élite más cercana de civiles, Ejército y Policía.

En este combo de leyes conocida como “La Piñata” venía la Ley 89, Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, aprobada apresuradamente el cinco de abril de 1990, 20 días antes del traspaso presidencial.

Cuando el nuevo gobierno asumió el poder, vinieron consigo una serie de protestas y paros orquestados por Daniel Ortega quien desde la oposición cumplía su amenaza de “gobernar desde abajo”. En 1992, la comunidad universitaria entre jóvenes estudiantes y los miembros de la Unión Nacional de Estudiantes (UNEN), apadrinados por el Frente Sandinista, salieron a protestar contra el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro para que incluyera en el cálculo del porcentaje destinado a las universidades los préstamos y donaciones y no solo los ingresos.

Esta primera protesta fue de forma pacífica. A la cabeza iban los rectores y los lideres estudiantiles que fueron recibidos por diputados, inclusive por autoridades de la Policía y fue un ejemplo de civismo por una lucha que se consideraba justa para las casas de estudio.

El 19 de agosto de 1992, tras 50 días de huelga estudiantil, la Asamblea Nacional discutió la interpretación auténtica y finalmente ese mismo día aprobó la Ley 151 que establece que el seis por ciento debe calcularse sobre el total de los ingresos ordinarios y extraordinarios establecidos en el Presupuesto General de la República.

Esta ley buscaba desestabilizar la economía del naciente gobierno. Nunca fue pensando a largo plazo para que los demás gobiernos de turnos la cumplieran cabalmente, incluyendo el de Daniel Ortega cuando llegó nuevamente al poder en enero de 2007.

Las protestas continuaron por que la famosa interpretación nunca se aplicó. Iniciaron de forma pacífica, pero luego tomaron otro rumbo convirtiéndose en acciones violentas, dañando la propiedad del estado y privada. Para diciembre de 1995 estas protestas estaban dirigidas por UNEN que ya se había convertido en el brazo armado de las universidades del Frente Sandinista.

Lo que empezó como una protesta cívica, pasó a convertirse en instrumento de violencia y desestabilización manejado por Ortega hacia los gobiernos democráticos.

El 13 de diciembre de 1995 se registraron las primeras víctimas de estas violentas protestas: Porfirio Ramos, un trabajador de la Escuela de Agricultura y Ganadería de Rivas y el joven Jerónimo Urbina estudiante de la UNI.

También hubo muchos heridos como el estudiante Bismarck Santana que perdió una pierna. El 20 de abril de 1999, Roberto González estudiante de derecho en la UNAN murió a consecuencia de una bala de goma en el pecho. En mayo de 2004, el suboficial mayor de la Policía, Róger Rodríguez, falleció después de que un mortero le explotara en su humanidad.

Hoy en día la autonomía universitaria y el seis por ciento son una quimera, sobre todo en una dictadura como la de Daniel Ortega que se ha dedicado a la expropiación de las universidades privadas y convirtiendo las públicas en antros de su política dictatorial. Recientemente Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional insinuó que la asignación anual del seis por ciento del Presupuesto General de la República a las universidades, podría ser eliminada.