Al menos cinco altos funcionarios administrativos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) habrían sido condenados a 15 años de prisión por la dictadura de Daniel Ortega, según informó el exfuncionario de ese poder del Estado y abogado, Yader Morazán.
En un aparente juicio secreto, la dictadura condenó por corrupción a cinco personas, entre ellas Berman Martínez, «exsecretario general administrativo de la CSJ y exsecretario de organizaciones, quien manejaba las cotizaciones político-partidarias del FSLN en ese aparato represivo del Estado, el 4 por ciento constitucional, licitaciones y demás gastos operativos», explicó Morazán.
«La acusación formulada los ubica como una red de corrupción encabezada por el condenado Martínez. Junto a él fueron condenados Álvaro Carcache (director de infraestructura), Miguel Tórrez (subdirector de Infraestructura), Herrol Raiti Morales González (asesor de la aún presidenta de la CSJ, Alba Luz Ramos) y Martín García (director general de Tecnología de la Información y Comunicaciones (DGTIC-área encargada en los servicios informáticos, redes, telefonía IP, desarrollo web y soporte técnico a nivel nacional)», precisó.
Indicó que «la audiencia preliminar e inicial fue celebrada por la jueza décima de Audiencia, Gloria María Saavedra y “el juicio” celebrado por el juez Quinto de Juicio, Félix Ernesto Salmerón, quien los condenó. Ambos se realizaron bajo un estricto hermetismo en el que ni se visibiliza el expediente judicial virtual que para tal efecto fue creado. Si el proceso fue totalmente viciado, los sandinistas condenados ¿pueden considerarse presos políticos?»
Berman Martínez, considerado uno de los hombres fuerte de ese poder del Estado, llegó con el equipo de Alba Luz Ramos en el 2010, después de haber trabajado con Chico López. Manejaba el 4 por ciento Constitucional de ese poder del Estado, este último eliminado por la dictadura en una reforma constitucional relámpago.
Martínez era el segundo cargo político después de Marvin Aguilar. Es decir, era el de las masas y movilizaciones de personas
En octubre de este año se conoció que decenas de empleados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) fueron puestos bajo investigación e incluso fueron llevados a la Dirección de Auxilio Judicial, mejor conocida como el Chipote, para ser interrogados. La misma presidenta del poder judicial, Alba Luz Ramos, fue desalojada de su oficina y enviada a su casa, donde permanece rodeada de patrullas policiales hasta el día de hoy.
Morazán, quien hizo las revelaciones de lo que estaba sucediendo a lo interno del poder judicial en ese momento, afirma que más de 900 empleados de ese poder del Estado fueron despedidos en todo el país.
