Navidad Roja. Es el nombre con que se conoce a las acciones armadas del Ejército Popular Sandinista (EPS) contra miles de indígenas de la Costa Caribe nicaragüense, ocurridas de diciembre de 1981 a febrero de 1982. El nombre fue usado por primera vez en febrero del 82, cuando en un video el pastor moravo Efraín Omier Wilson, quien supuestamente era colaborador de un grupo de rebeldes miskitos, aseguró que existía un complot que ellos mismos habían bautizado como “Navidad Roja” por la sangre que se derramaría. Irónicamente ningún plan se llevó a cabo y el nombre quedó en la historia para connotar la violencia de los sandinistas contra los civiles de las comunidades miskitas.
Antecedentes. Con la llegada del “gobierno revolucionario”, se conformó una organización llamada Misurasata (miskitos, sumos, ramas y sandinistas), pero sus dirigentes cuestionaron los lineamientos llegados de Managua y pronto surgieron diferencias. En febrero de 1981 unos 30 dirigentes de la organización cayeron presos bajo la acusación de promover un “movimiento separatista” en el Caribe. En los siguientes meses las tensiones irían en aumento, mientras los indígenas reclamaban el derecho a sus territorios ancestrales, la Contrarrevolución hacía sus primeras incursiones armadas desde Honduras y el EPS aumentaba su presencia militar en la frontera norte.
Fagoth. Steadman Fagoth era presidente de la Misurasata y fue liberado en mayo de 1981. Ya en libertad, el líder indígena comenzó a organizar a miskitos armados, para lo cual asaltaban a milicianos sandinistas y los despojaban de armas y pertrechos, relata el medio Nicaragua Investiga en un artículo de julio de 2023, para el cual fue entrevistado Fagoth. Para diciembre de 1981, Fagoth ya tenía mil hombres debidamente armados. Dos meses después, el gobierno sandinista justificó sus acciones violentas presentándolas como el desmantelamiento del complot de “Steadman Fagoth y miskitos engañados”, cuyo supuesto objetivo era preparar la zona para una eventual invasión de la Contra.
Bombas. El 23 de diciembre de 1981, helicópteros y aviones Push and Pull bombardearon las comunidades de Asang y San Carlos, ubicadas al margen del río Coco. “Fueron masacrados 60 hermanos indígenas con bombas de 80 libras. De San Carlos llevaron a 15 hermanos presos con rumbo a Waspam o Puerto Cabezas”, dice la denuncia que semanas después recibió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Expulsión. El sacerdote capuchino José Wolf presenció ejecuciones de indígenas a orillas del río Coco. “Ese 23 de diciembre de 1981 fui testigo ocular de la desaparición de 23 personas, y para no dejar huellas las fusilaron en el río Coco, el cual es fronterizo con Honduras. Quisieron ocultar al pueblo esa verdad que está allí y nadie ha pagado por esa masacre. Después de 24 horas los cuerpos empezaron a flotar en el río y los familiares a recuperar los cadáveres para darles cristiana sepultura”, relató estando en Boston. Debido a esto, el Ministerio del Interior acusó al sacerdote de apoyar a la Contra. Lo declararon non grato y lo expulsaron de Nicaragua, narra un reportaje de la revista Magazine.
Crímenes atroces. La comunidad Laimus fue una de las más afectadas. En la víspera de la Navidad de 1981 más de 80 indígenas fueron capturados cuando viajaban hacia diferentes comunidades para visitar a sus familias; según testigos, al menos 35 de ellos terminaron en una fosa común. El 24 de diciembre otros 12 indígenas fueron asesinados y arrojados al río Coco y el 26 de diciembre cuatro personas fueron enterradas vivas en Laimus. Otros reportes llegaron desde las comunidades de Raiti, Aniwás, Walakitán y Bocay. Según informes de la comisión de la CIDH, el EPS intentó culpar de estas masacres a soldados miskitos. Cuando estos se negaron a incriminarse en los crímenes, los arrojaron al río, amarrados de pies y manos. No obstante, debido al difícil acceso a las zonas y a que el gobierno sandinista negó la entrada, la CIDH no pudo verificar estos relatos.
Tasba Pri. Como parte del mismo operativo, el 28 de diciembre de 1981 el régimen sandinista decidió trasladar a 43 pueblos de la región del río Coco a una zona a 60 kilómetros al sur, sobre la carretera de Rosita a Puerto Cabezas. Los sandinistas desplazaron a más de ocho mil indígenas a cinco campamentos bautizados con el nombre de “Tasba Pri”, que significa “Tierra Libre”. Una ironía parecida a la que empleaba el régimen de Adolfo Hitler en sus campos de concentración, con letreros que rezaban “Arbeit macht frei”: El trabajo libera. Por otro lado, más de diez mil indígenas nicaragüenses se exiliaron en Honduras, ubicados en el campamento Mocorón.
Borrón y cuenta nueva. En 1983 el gobierno sandinista decretó una amnistía para los implicados en “actos delictivos en el caso de los miskitos de la Costa Atlántica Norte”. No hubo una investigación sobre los reportes de graves violaciones a los derechos humanos. En 2006, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió denuncia contra Daniel Ortega por genocidio y crímenes de lesa humanidad por los sucesos ocurridos en la “Navidad Roja”. La acusación incluyó a Humberto Ortega, exjefe del EPS, al ahora fallecido exministro del Interior Tomás Borge; al exjefe de la Seguridad del Estado, Lenín Cerna y al comandante guerrillero Omar Cabezas, entre otros antiguos mandos militares de los ochenta. La denuncia no ha prosperado.
Condena. En 2015, el médico y entonces teniente primero Yader Montiel Meza lo condenaron a tres meses y quince días de prisión por un “delito contra el decoro militar”. Su crimen fue calificar como una “Navidad Roja” el desalojo sangriento que vivieron los campesinos de El Tule, en San Miguelito, Río San Juan, el 24 de diciembre de 2014, durante su protesta por el proyecto del Canal Interoceánico.
Desgracia y mentira. Los desalojos no culminaron en la “Navidad Roja”. Tampoco las tragedias. El 9 de diciembre de 1982 un helicóptero que trasladaba a 92 personas desplazadas de las comunidades fronterizas con Honduras hacia San José de Bocay, se desplomó en Ayapal, Jinotega. 75 niños murieron calcinados. El régimen sandinista acusó rápidamente a la Contra y bautizó con el título de “mártires” y “héroes” a los niños muertos. Años más tarde altos jefes militares tuvieron que reconocer que no hubo tal ataque contrarrevolucionario al helicóptero militar, sino que el mal estado con que operaban las aeronaves utilizadas para evacuar forzadamente a la población indígena civil ocasionó la tragedia.
