Texas se convirtió antes de finalizar el 2023 en el estado de los Estados Unidos con contar con la ley más estricta contra migrantes indocumentados. El gobernador Greg Abbott promulgó el 18 de diciembre la Ley SB4 que permite deportar a México a cualquier persona «sospechosa» de haber cruzado ilegalmente a Texas y convierte en delito menor el que cualquier extranjero «ingrese o intente ingresar al Estado desde una nación extranjera» de manera irregular.
Cabe mencionar que la falta se convierte en un crimen grave, punible hasta con 20 años de prisión, si el infractor es reincidente. Todo lo anterior, a lectura de la abogada supervisora de la Alianza Nicaragüense Americana de Derechos Humanos (Nahra), Astrid Carolina Montealegre, deja expuesto y vulnerable a cualquier migrante incluidos a los nicaragüenses.
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«Las políticas contenidas en la Ley SB4 tienen impactos generalizados y devastadores. Fomentan la discriminación racial y violan los derechos humanos fundamentales de los migrantes», explicó a LA PRENSA Montealegre.
También la Ley permite a la justicia estatal ordenar la expulsión de personas sin mediar proceso judicial. La legislación promulgada se espera entre en vigor en marzo del 2024.
Nicaragüenses vulnerables
En el año fiscal de 2023, un total de 99,496 nicaragüenses fueron encontrados en frontera sur de EE.UU., que incluye Texas, California y Arizona, por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (Customs and Border Protection, por sus siglas en inglés CBP).
Nahra compartió a este diario que según datos del Centro Demográfico de Texas, un total de 17,074 personas cuyo lugar de nacimiento fue Nicaragua vivían en Texas en 2021 y «ese número se mantuvo aproximadamente igual durante un período de cinco años».
Texas es el segundo Estado más poblado y compuesto por un 40 por ciento de hispanos.
Montealegre al ser consultada sobre si los nicaragüenses corren riesgo, indicó que «sí, pueden ser detenidos y deportados».
En esa misma línea, Ronmell López, activista y experto en leyes migratorias, indicó a este medio que la Ley SB4 «está causado revuelo en nuestra comunidad latina puesto que el miedo se adueña, los connacionales que ya están aquí de hace mucho tiempo más los que llegaron durante el 2018 con la persecución del régimen, aparte muchos están ya en procesos administrativos migratorios y otros aún no han podido solicitar asilo por el miedo a ser detenido».
López reprochó que está legislación «podría poner en bandeja de plata a muchas personas que huyeron de la dictadura», y al mismo tiempo mencionó que «muchas organizaciones ya están en el proceso de demandar esta Ley que es considerada estatal y no federal».
Dijo que esa ley es similar o peor que la del Estado de la Florida donde, sin dar cifras específicas, recordó que una parte de los migrantes se fueron del Estado dejando los trabajos de los cuales depende en gran parte la economía del mismo, «estos son los resultados de tomar acciones radicales en cuanto a migración».
López no dudó que lo que queda con esta legislación es que los connacionales «cambien de Estado antes que comience una cacería migrante en caso de ser puesta en vigor».
Abbott también firmó otros dos proyectos de ley, incluyendo la SB3, que asigna 1,540 millones de dólares adicionales para la construcción del muro fronterizo y el financiamiento de operaciones de seguridad en la región, incluyendo fondos a los departamentos de policía para implementar la SB4.
«Duplica el abuso de la autoridad estatal»
Astrid Montealegre subrayó que la legislación firmada por el gobernador Abbott, que lleva ya dos años desafiando a la Administración Joe Biden en la gestión de la crisis migratoria, «duplica el abuso de la autoridad estatal por parte del gobernador para implementar iniciativas de disuasión fallidas que discriminan a los inmigrantes y las comunidades de color».
También apuntó que la experiencia muestra que la legislación en Texas que otorga a un juez de un tribunal estatal emitir una orden de deportación «no es legal», debido a que, citando la Declaración de ex jueces de inmigración y jueces de inmigración de apelaciones sobre SB4, «la inmigración es claramente una función federal, y además, las personas en los Estados Unidos que ingresaron ilegalmente tienen derechos y protecciones bajo la ley federal, incluido el derecho a solicitar asilo».
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A lectura de la experta «el estatuto contra el tráfico de personas de Texas expone a las personas a un proceso penal por actividades inocentes, como ofrecer un viaje en automóvil a un amigo o vecino, si un agente del orden decide que esa actividad constituye ocultar, albergar o proteger a una persona indocumentada de la detección».
También menciona que entre las restricciones constitucionales y técnicas preocupantes con la Ley SB4 se encuentran:
- Penalizar la entrada a los Estados Unidos de ciertas categorías de ciudadanos no estadounidenses.
- Autorizar a la policía estatal y local a tomar determinaciones de extranjería y realizar arrestos basados en esas determinaciones.
- Exigir a jueces y magistrados que no son de inmigración que tomen determinaciones de inmigración, tales como si una persona tiene «presencia legal» en los Estados Unidos.
- Colocar la carga de probar la presencia legal o el estatus migratorio en las personas y al mismo tiempo prohibir a los tribunales estatales esperar el resultado de los procedimientos federales de inmigración.
- Autorizar a jueces estatales y locales a ordenar la expulsión de personas de los Estados Unidos.
- Obligar a los funcionarios estatales a ignorar las solicitudes federales de detención de inmigrantes pendientes.
- Exponer a los inmigrantes legales a la amenaza de un proceso penal por «reingreso ilegal» si previamente habían sido deportados y posteriormente obtuvieron estatus legal.
- Crear un delito ex post facto al imponer una sanción penal por entrada ilegal a los acusados que ingresaron a los EE. UU. antes de que se aprobara el proyecto de ley.
