La dictadura de Daniel Ortega, a través de su control total en la Asamblea Nacional, completó la creación de la Comisión de Verificación de los proveedores del Estado con las nuevas adiciones a las leyes de contrataciones administrativas municipales y contrataciones administrativas del sector público, que para los críticos será una «guillotina» para excluir a los proveedores que no sean simpatizantes del régimen.
Un experto en contrataciones públicas, que habló con LA PRENSA bajo condición de anonimato, manifestó que la Comisión de Verificación se encargará de que el Estado funcione oficialmente como «un cártel de corrupción», donde solo participen empresas y personas afines al régimen orteguista como vendedores de los servicios y productos que requieren las instituciones públicas.
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En Nicaragua, todos los ministros, magistrados, jueces y trabajadores del Estado de todas las entidades públicas están obligados a ser militantes del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que encabeza el dictador Ortega, y todas sus actuaciones responden a los intereses del partido y de la dictadura, así que el experto no duda que la Comisión de Verificación funcione como «un espacio institucionalizado de tráfico de influencia», que solo beneficiará a las empresas de la familia gobernante y a las personas cercanas al poder.
90 días para entrar en vigencia
La Comisión de Verificación de proveedores del Estado comenzará a funcionar cuando entren en vigencia las adiciones a las leyes, noventa días después de su publicación en el diario oficial La Gaceta este 15 de diciembre. Será un órgano de la Asamblea Nacional, integrado por un representante de esta, un representante de la Procuraduría General y uno de la Contraloría General. Sus oficinas estarán en la Asamblea Nacional y su titular será nombrado por el presidente del Legislativo, actualmente Gustavo Porras, un leal a Ortega.
Las adiciones a la leyes establecen muchos más requisitos para ser proveedor del Estado, los que serán supervisados, constatados y aprobados por la Comisión de Verificación.
Entre las adiciones a la Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público (Ley 737) se mandata el deber de presentar un certificado de verificación del Estado, que emita la Comisión de Verificación de proveedores del Estado, en el caso de contrataciones mayores a 500 mil córdobas.
Se pierde el sentido de tener diversidad de ofertas
Según el experto, lo que más se perderá, tras la implementación de estas nuevas disposiciones, será la diversidad de proveedores a los que debería tener acceso el Estado, para contratar las mejores ofertas del mercado. También señaló que las disposiciones violentan el principio de libre competencia y el principio de la igualdad de los proveedores ante estos procedimientos estatales, creados para recibir diversidad de ofertas.
«Funcionará como una guillotina de proveedores que no son afines al régimen y que no pertenecen a las empresas que son parte del sistema de corrupción que hay en las instituciones públicas en la parte de las contrataciones y donde está asociada gente del partido, gente de los funcionarios públicos».
«Estas medidas tienen un efecto discriminatorio y disuasivo. El perdedor directo de esto son los proveedores del Estado, comerciantes y personas naturales o jurídicas, las empresas que estaban siendo proveedores del Estado y que todavía con mucho esfuerzo se han quedado dentro de este sistema, aún cuando el sistema ya sabemos que tiene altos niveles de corrupción y hay que convivir o ser parte de esta corrupción, pero que no necesariamente están de acuerdo ni son simpatizantes o son de estas empresas del partido, entonces los grandes perdedores serán ellos», valoró la fuente.
Efecto disuasivo
El experto destacó que los proveedores además de ser excluidos podrían ser reprimidos si insisten en presentar sus ofertas, porque las adiciones a las leyes dejaron establecido que la nueva Comisión podrá «realizar verificaciones in situ» y «se podrá auxiliar de las autoridades de la Policía Nacional», para inspeccionar a cada proveedor que solicite el certificado de verificación.
«¿A dónde se ha visto que el comprador o el potencial comprador lleve a la Policía Nacional para ‘auxiliarse’? ¿Qué sentido tiene? Para mí es un efecto represivo y lo que trata es disuadir a los proveedores de: no entres dentro del sistema de compra, no solicites tu certificado de cumplimiento, salite voluntariamente, pero disuadiendo con este mecanismo represivo», interpretó el experto.
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Las nuevas disposiciones advierten que se hará «revisión de todos los proveedores del Estado», algo que al experto le parece improbable.
«Aunque han disminuido en los últimos años por toda la situación político-social-económica que vivimos son cientos de proveedores, entonces, yo no veo a la Comisión, a través de su oficina, siendo un órgano operativo, para esto tendría que tener mucha capacidad de personal, capacidad técnica, pero también los medios, los recursos presupuestarios para esta verificación que ya se venía haciendo, tal vez no de la mejor manera, pero (con los nuevos requisitos y verificaciones) operativamente no veo yo a esa Comisión haciendo eso, pero eso me da más luces para pensar que simplemente es un requisito que han colocado como una traba para los proveedores», manifestó la fuente.
«Supra-entidad»
Por otra parte, el experto valoró que el hecho de que la Comisión de Verificación esté integrada por tres instituciones, entre estas el poder legislativo, convierte a la Comisión de Verificación en una «supra-entidad».
«La fortaleza va a estar con la sede en la Asamblea Nacional y que va a ser presidida por un diputado de la Asamblea Nacional. Va a ser un organismo que tendrá acceso a datos y a información de los proveedores del Estado sin ningún tipo de restricción, que puede solicitarlo a las instituciones públicas, pero también van a tener acceso total a la plataforma Nicaragua Compra o cualquier historial que tenga el proveedor. Esto, más las facultades que se le han otorgado, a mí me da la idea que es un entidad supra», manifestó la fuente.
