La administración estatal de Daniel Ortega ha reducido el espacio cívico y democrático tratando de dejar sin lugar a la disidencia nicaragüense. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha advertido que el Frente Sandinista ha coartado el derecho a libertad como una constante para mantener el control sobre la ciudadanía.
Por su parte, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas reconoce a 91 personas políticas en las mazmorras del régimen. Sin embargo, en el último mes se ha detenido a personas consideradas opositoras al régimen. Este organismo ha mencionado que las cifras están sujetas a cambio debido a la falta de información sobre las capturas que pueden existir.
Esto es una respuesta al terror que el régimen a través de sus simpatizantes y aparatos represivos ha implantado en los familiares de los presos políticos que prefieren no denunciar por temor a represalias.
Una vez más el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en su más reciente informe instó al gobierno de Ortega a cumplir con la protección de los derechos humanos de la ciudadanía. Resaltó la importancia de aplicar las recomendaciones formuladas por la Oacnudh y los mecanismos de DD.HH., lo cual no ha sido posible.
- Liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente en relación con la crisis de derechos humanos de 2018.
- Derogar la Ley 1145 (2023) y la reforma del artículo 21 de la Constitución, restituir la nacionalidad a todas las personas privadas de ella y permitir el retorno seguro de todos y todas las nicaragüenses que deseen regresar al país.
- Garantizar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos
- Prevenir e investigar todos los actos de violencia contra los pueblos indígenas y afrodescendientes y exigir responsabilidades a los autores de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos.
- Redoblar urgentemente los esfuerzos para erradicar la violencia de género.
- Cooperar con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas para abordar los vacíos existentes en materia de protección.
- Permitir a la Oacnudh y a otras organizaciones regionales e internacionales el acceso a Nicaragua y cooperar eficazmente con ellas.
Denuncian situación de monseñor Álvarez
La ONG Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) denunció que el preso político monseñor Rolando Álvarez y la defensora de derechos humanos, Vilma Núñez, “se encuentran sufriendo graves violaciones a los derechos humanos”.
“La situación en Nicaragua continúa deteriorándose gravemente y continúa la total impunidad de todos los crímenes cometidos desde abril de 2018, en particular los crímenes de lesa humanidad, por ello es importante que no cese el apoyo de la comunidad internacional a la sociedad civil independiente en Nicaragua”, abogó la directora de la oficina de las Américas de la FIDH, Jimena Reyes, en una declaración enviada a los medios.
