La plataforma opositora denominada Espacio de Diálogo y Confluencia entre Actores Nicaragüenses, que lidera Haydeé Castillo, dirigió una carta al Consejo Europeo en la que advierte de las consecuencias de «relajar» las sanciones a los actores e instituciones de la dictadura de Daniel Ortega y su esposa y cogobernante, Rosario Murillo.
«Relajar algunas disposiciones de las sanciones impuestas a quienes dirigen las acciones violatorias a los derechos humanos en Nicaragua tendrá consecuencias directas en el fortalecimiento del tejido represor del régimen”, se lee en el escrito.
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El lunes 27 de noviembre se conoció que los 27 países de la Unión Europea acordaron activar las «excepciones humanitarias a las medidas de inmovilización de activos en diez regímenes de medidas restrictivas», lo que significa la flexibilización de las sanciones impuestas a nueve regímenes autoritarios del mundo, entre estos Nicaragua y Venezuela. Esta medida tiene el objetivo de asegurar asistencia humanitaria a poblaciones vulnerables en esos países, para lo que necesitan hacer contacto y transacciones financieras con los funcionarios gubernamentales, algunos de ellos sancionados.
Recursos son usados para reprimir
La misiva del Espacio de Diálogo y Confluencia reconoce que nadie puede oponerse a la ayuda humanitaria para Nicaragua, pero expresan que está «demostrado que todo recurso, ya sea de la cooperación internacional, préstamos vía la arquitectura financiera mundial o del presupuesto de la República, lejos de llegar a quienes los necesitan está siendo usado en acciones populistas para comprar adeptos y fortalecer sus fuerzas represivas».
«Los miles de nicaragüenses, hombres y mujeres, forzados al desplazamiento externo son un indicador claro de esta realidad», manifiesta el escrito.
El escrito agrega que en Nicaragua no hay ninguna entidad confiable y transparente que pueda supervisar los recursos que se envíen bajo condición de ayuda humanitaria.
«Es de todos sabido que en Nicaragua se han aniquilado completamente las organizaciones de sociedad civil con capacidad para realizar auditoría social y no queda en el país ninguna organización de carácter humanitario e independiente, ya que incluso la misma Cruz Roja fue disuelta y convertida en una institución al servicio del régimen», manifiesta el Espacio de Diálogo.
Solicitan ampliar sanciones
Los opositores solicitan a los miembros del Consejo Europeo «mantener sin cambios las sanciones y más bien ampliarlas a otras instituciones que son «pilares de la dictadura Ortega Murillo en su política de terrorismo de Estado con la que mantiene secuestrada a nuestra población», manifiesta el escrito.
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El Espacio de Diálogo y Confluencia entre Actores Nicaragüenses está compuesto por más de 30 organizaciones, entre estas, la Diáspora Nicaragua California, Exilio-Capítulo Costa Rica, Fiscales Indignados, Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos-GREX, Grito de Abril, Instituto Las Segovias para el Liderazgo y la Transformación Social, Juntos por Nicaragua, Lideres Nicaragüenses por la Democracia, Legión Náhuatl (Artistas nicaragüenses en el exilio), Mentes Libres, Mesa de Articulación LGBTIQ+, entre otras.
Qué implican las sanciones de la UE
Las sanciones de la UE contra funcionarios orteguistas comenzaron en octubre de 2019, después de la represión armada contra las protestas civiles, que dejó más de 300 muertos, según informes de organismos internacionales de derechos humanos. Las sanciones castigan a quienes dirigieron la represión armada y colaboraron para que se cometieran delitos de lesa humanidad.
Entre los más de 20 funcionarios nicaragüenses sancionados por la UE está la esposa del dictador Daniel Ortega y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo; y sus hijos, Camila, Juan Carlos y Laureano Ortega Murillo.
Las tres instituciones estatales sancionadas por la UE, desde enero de 2022, son: Policía Nacional, Consejo Supremo Electoral y Telcor.
Quienes figuran en la lista de sanciones son objeto de una inmovilización de bienes y, además, los ciudadanos y las empresas de la UE están sujetos a la prohibición de poner fondos a su disposición. Asimismo, están sujetas a una prohibición de viajar, lo que les impide entrar al territorio de la UE o transitar por este.
