Las leyes contra migrantes indocumentados en suelo norteamericano se siguen expandiendo, después de Florida, actualmente se espera que el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, firme un proyecto de las leyes SB 4 2023 que recientemente la Cámara de Representantes de ese Estado aprobó. La ley convertiría en un nuevo delito estatal la entrada ilegal en Texas y otorga el poder a las autoridades policiales de detener y expulsar inmigrantes indocumentados.
El pasado 15 de noviembre, después de nueve horas de debate, la Cámara de Representantes del Estado aprobó dos polémicos proyectos de ley fronterizos, entre ellas la SB 4 2023 que otorga a las fuerzas del orden la facultad de detener y a los jueces la de emitir órdenes para expulsar a los infractores a México.
Le invitamos a leer: Entra en vigencia la Ley contra migrantes indocumentados en Florida
El gobernador Abbott lleva ya dos años desafiando a la Administración Joe Biden en la gestión de la crisis migratoria, ha implementado medidas como enviar autobuses llenos de migrantes al norte, encarcelado a miles por allanamiento, y colocar un «muro flotante» y alambre de púas en el río Bravo.
«Favorece abusos por parte de las autoridades»
El abogado y académico, presidente de Nicaraguan American Legal Defense and Education Fund (Naldef), Harold Rocha, recalcó a LA PRENSA que la Ley de Texas SB-4 ya concluyó su paso por ambas Cámaras del Legislativo estatal y por ahora «solo aguarda la firma del gobernador para promulgarse y entrar en vigor».
A su lectura, la ley «es una más entre una larga serie de iniciativas estatales que pretenden arrogarse potestades de control migratorio que la Constitución de Estados Unidos, en vigor desde 1787, concede exclusivamente al gobierno federal».
Rocha apuntó que la peculiaridad que tiene esta ley «favorece abusos por parte de las autoridades al incitar el uso de perfiles raciales y étnicos altamente cuestionables por atentar contra derechos y libertades ciudadanas consagradas en la Constitución federal y en las constituciones estatales».
Por lo anterior, se atreve a indicar que «por ende (es) previsible que siga el camino de otras iniciativas, que han sido anuladas en los tribunales. Hay jurisprudencia reciente de la Corte Suprema de los Estados Unidos que refrenda la autoridad del gobierno federal en estos temas».
Ante la pregunta si afectará a migrantes nicaragüenses, Rocha indicó que «el peligro recae entre quienes intenten emigrar sin autorización e ingresen en territorio texano. De allí que se siga esperando que quienes decidan emprender el viaje, se acojan a alguno de los programas que permiten llegar de forma legal».
Esto establece la ley
La nueva Ley SB 4 anula la Ley Federal de Inmigración, además de fomentar la discriminación y el acoso racial, al otorgar a los funcionarios estatales la capacidad inconstitucional de deportar a personas sin el proceso adecuado, sin importar si son elegibles para solicitar asilo u otras protecciones humanitarias.
Por lo anterior, defensores de migrantes han advertido que la Ley SB 4 2023 puede ocasionar efectos colaterales que podrían perjudicar a quienes residen en el país aún con un estatus legal, ya que permitiría a la policía detener a todo inmigrante «bajo sospecha de ingresar ilegalmente al país».
La Ley SB 4 requiere que los agentes de la policía local cumplan con las órdenes de retención por parte del Departamento de Inmigración y Aduanas, y prohíbe a cualquier pueblo o condado o agencia de Texas de limitar su asistencia al Departamento de Inmigración y Aduanas, o a un agente fronterizo.
La legislación convierte a un indocumentado que cruce la frontera en un potencial delincuente, y al considerarse tal hecho como un delito menor, exige a la justicia estatal ordenar el regreso de los extranjeros a México, antes de ser procesados en Estados Unidos. En caso de que el inmigrante no cumpla con la orden, el cargo se convierte en delito grave y podría enfrentar hasta 20 años de cárcel.
México protestó contra la Ley SB 4
De hecho el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de México, a través de un comunicado rechazó las medidas antinmigrantes aprobadas en Texas en la Ley SB 4.
La Cancillería de ese país emitió un comunicado en el que señaló que la norma implica una «criminalización» de la población migrante y «resultará en la separación de familias, discriminación y perfilamientos raciales».
En esa línea, expresó su más profunda «preocupación ante el paquete de medidas legislativas que afectará los derechos humanos de las más de 10 millones de personas de origen mexicano que residen en Texas, al propiciar ambientes hostiles que pueden derivar en actos o crímenes de odio en contra de las comunidades migrantes. Además, el Gobierno de México reitera su rechazo a cualquier medida que contemple el retorno involuntario de personas migrantes sin respeto al debido proceso».
