Ante la necesidad de sistematizar las graves violaciones de derechos humanos que sufren las comunidades y pueblos indígenas y afrodescendientes de la Moskitia Norte de Nicaragua, este martes organizaciones y defensores que trabajan en la promoción y defensa por este sector lanzaron el Observatorio de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua (OPIA).
El Observatorio, según explicaron en conferencia de prensa los activistas, pretende trabajar en el ámbito de la investigación desde la visión comunitaria con el único objetivo de realizar y coordinar acciones de incidencia que les permita acceder a la justicia comunitaria. En el mismo se incluirán 100 comunidades de la Moskitia en los 23 territorios y 300 líderes comunitarios.
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«Se pretende con esta red poder sistematizar las violaciones a los derechos humanos y el desarrollo de investigaciones temáticas que nos sirven para comprender la situación de los pueblos», explicó una de las activistas de derechos humanos que condujo la conferencia de prensa.
1,291 casos de violencia sistematizados
El Observatorio ya preparó un primer informe, titulado Exclusión, complicidad y colonización: violaciones a derechos humanos en comunidades indígenas de la Muskitia norte en Nicaragua que recopila casos de violación perpetrados desde febrero 2022 a julio de 2023.
«Son 16 territorios, y 96 comunidades de los datos presentados. Ahí viven los pueblos miskitos, ramas y mayangnas, y dos de los pueblos afrodescendientes que tenemos en el país, los creoles y los garífunas. Este informe hace una sistematización de cómo la exclusión del Estado de Nicaragua hacia la Moskitia no importa si son liberales, de derecha o izquierda, si hay una dictadura o relativa democracia, siempre se ha mantenido la violencia», dijo otro de los panelistas.
En esa misma línea, un líder comunitario denunció que en los territorios hay mucho temor. «Hay una violencia muy letal, cada vez que sale un artículo en un medio de comunicación hay gente que está siendo amenazada porque sospechan que son los que filtran información, y en muchos casos no es así, pero lo que buscan es crear un entorno que limite la divulgación y la denuncia», apuntó.
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De los 1,291 casos de violencia registrados por el Observatorio, el 40.8 por ciento obedece a la utilización de la fuerza o de coerción, el 30.7 por ciento violencia de derechos territoriales, 20.5 por ciento en violaciones al derecho a la institucionalidad y organización, y el restante corresponde a criminalización de defensores y violencia de género e intrafamiliar.
Los perpetradores
El informe revela que los perpetradores de la violencia hacia dichos territorios son los colonos armados, oficiales de la Policía Nacional, los Comité de Liderazgos Sandinista (CLS), la Alcaldía Municipal, los secretarios políticos y el gobierno regional.
«Los colonos armados buscan desplazar a las comunidades con la usurpación de propiedad comunal, secuestros, violaciones sexuales, ventas y ocupaciones ilegales. Hay asesinatos y distintos tipos de acciones que los colonos están llevando a cabo en los territorios, también la Policía Nacional a través de la criminalización, persecución, amenazas e intimidación a liderazgos que se oponen a que se les despoje de sus territorios, también encontramos como responsables a CLS en las comunidades», indicó el ponente.
Denunció que sin duda el Estado de Nicaragua «es cómplice por omisión y actor directo en algunos, como en la imposición de autoridades y criminalización».
Finalmente manifestó que ante dicha situación hay «comunidades donde sus pobladores dicen mejor nos vamos, no vamos a dejar que nos maten por la tierra, tenemos hijos, familia y mejor nos vamos».
