La situación de los derechos humanos ha continuado deteriorándose “gravemente”. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha reprimido a la ciudadanía nicaragüense utilizando el terror como política estatal para “dejar claro que cualquier persona crítica con el Gobierno, así como sus familiares, sería castigada”, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La administración sandinista ha coartado el derecho a la libertad personal a personas que considera críticas desde la crisis sociopolítica en 2018, pero esta tendencia represiva se ha mantenido en el período del 15 de agosto de 2022, hasta el 15 de junio de 2023, que es el período del último informe sobre Nicaragua, presentado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh).
La Oacnudh documentó 54 personas presas políticas, entre las cuales se encuentran sacerdotes, periodistas, defensores de los derechos humanos, líderes indígenas, personas opositoras políticas junto a sus familiares y estudiantes. A noviembre de 2023, esta cifra ha aumentado a 91 presos políticos, entre ellos diez detenidos previos a la represión de abril; además el 19 de octubre el Gobierno de Nicaragua excarceló y desterró hacia el Vaticano a 12 sacerdotes, de los cuales seis integraban la lista de presos políticos.
El uso excesivo de la prisión preventiva ha sido utilizado por el régimen para reducir el espacio cívico e infundir temor en los actores de la sociedad civil. “El Gobierno siguió utilizando las Leyes 977, 1055 y 1060 para perseguir a la disidencia. En sus observaciones finales sobre Nicaragua de noviembre de 2022, el comité de Derechos Humanos expresó su preocupación por el uso indebido de la Ley 977, legislación antiterrorista que penaliza el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y asociación, y de la Ley 1060, que amplía la detención sin cargos de 48 horas a 90 días”, expresa el informe.
Deterioro de la libertad religiosa: cierre de medios y cárcel sin juicios
El informe documentó los continuos ataques a la Iglesia católica y sus miembros; incluido el encarcelamiento, expulsión y destierro de sacerdotes.
El informe también registró que las máximas autoridades del régimen realizaron declaraciones contra miembros de la Iglesia que contribuyeron a la situación de “hostilidad y violencia” contra sus integrantes.
En el período comprendido por este informe el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) cerró 122 medios de comunicación asociados a la Iglesia Católica. Incluyendo la detención arbitraria en agosto de 2022 del obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, quien en febrero 2023, al negarse al destierro, fue condenado a 26 años de prisión sin haber tenido juicio.
En juicios celebrados en enero de 2023, que violaron las normas de un juicio justo, ocho detenidos fueron condenados a 10 años de prisión por los delitos de atentado contra la integridad nacional y propagación de noticias falsas.
En febrero 2023 un grupo de 222 presos políticos fue desterrado a Estados Unidos y posteriormente despojado de su nacionalidad.
En Semana Santa de 2023, la represión policial al servicio del régimen se intensificó. Negó las procesiones conmemorativas por supuestos motivos de seguridad. En este contexto un sacerdote panameño fue deportado y tres monjas desterradas.
En el Informe de la Oacnudh también se documentó que el 27 de mayo la Policía Nacional emitió un comunicado oficial en el que afirmaba que se estaba investigando a la Iglesia católica por “blanqueo de capitales, lo que llevó a congelar las cuentas bancarias de tres de sus nueve Diócesis”.
Otros derechos vulnerados por el régimen
Desde el inicio de la crisis sociopolítica, las garantías procesales, la libertad de circulación, las desapariciones forzadas y el derecho a la propiedad han sido constantemente vulnerados por el régimen.
La expulsión a otro país y la suspensión de la nacionalidad han sido nuevas violaciones a los derechos humanos sin precedentes, que fueron señalados por la Oacnudh como medidas “arbitrarias y no están permitidas por el derecho internacional de los derechos humanos… además, dichas medidas y la forma en que las autoridades judiciales tramitaron estos casos, incluido el hecho de que no tendrían ningún fundamento en la legislación nacional, han suscitado preocupación acerca de la independencia e imparcialidad del poder judicial en Nicaragua”.
Para que el régimen pudiera suprimir de su nacionalidad a las personas que considera traidores a la patria, el 9 de febrero de 2023 la Asamblea Nacional reformó el artículo 21 de la Constitución nacional para aprobar la Ley Especial que Regula la Pérdida de Nacionalidad Nicaragüense. “La reforma fue aprobada sin publicidad, ni debate previo, en una sesión que duró menos de 30 minutos”, indicó el informe.
La decisión entró en efecto de inmediato, a pesar de que las reformas constitucionales requieren de la aprobación en dos legislaturas, o sea que debían ser aprobadas en la legislatura de 2024 para tener vigencia.
Además, a estas personas les fueron negados copias de sus documentos personales y posteriormente informados que “no existían” en los registros públicos. Según el informe, esto podría equivaler a “la muerte civil” de los desterrados y desnacionalizados. “En un caso especialmente grave, también se habría eliminado del Registro Civil la inscripción de nacimiento del hijo de una de las personas afectadas”, documentó la Oficina del Alto Comisionado.
Instar al Gobierno a «mantener su compromiso»
La Administración de Ortega ha reducido el espacio cívico y democrático tratando de dejar sin lugar a la disidencia nicaragüense, mediante la eliminación progresiva de miles de asociaciones independientes, el control de todas las instituciones públicas y el exilio de los opositores o incluso sus familiares.
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El Alto Comisionado insta —una vez más—, al gobierno de Ortega a cumplir con la protección de los derechos humanos de la ciudadanía nicaragüense, además de implementar las recomendaciones formuladas por la Oacnudh y los mecanismos de DD.HH. que siguen sin cumplirse.
- Liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente en relación con la crisis de derechos humanos de 2018.
- Derogar la Ley 1145 (2023) y la reforma del artículo 21 de la Constitución, restituir la nacionalidad a todas las personas privadas de ella y permitir el retorno seguro de todos y todas las nicaragüenses que deseen regresar al país.
- Garantizar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos
- Prevenir e investigar todos los actos de violencia contra los pueblos indígenas y afrodescendientes y exigir responsabilidades a los autores de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos.
- Redoblar urgentemente los esfuerzos para erradicar la violencia de género.
- Cooperar con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas para abordar los vacíos existentes en materia de protección.
- Permitir a la Oacnudh y a otras organizaciones regionales e internacionales el acceso a Nicaragua y cooperar eficazmente con ellas.
