Los jóvenes Anielka García y Jasson Salazar continúan detenidos de manera arbitraria en las celdas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Estos jóvenes fueron capturados durante el contexto represivo de Semana Santa, cuando se reportó un aumento de persecución policial contra la Iglesia católica, sus líderes religiosos y feligreses.
García y Salazar están detenidos desde el 4 de abril, cumpliendo 220 días encarcelados. En este contexto también fueron detenidos el periodista Víctor Ticay, Olesia Muñoz, Juan Centeno Espinoza y Abdul Montoya, quienes llevan más de 200 días privados de libertad.
«La mayoría de las personas detenidas por motivos políticos se encuentran dentro de un rango de edad considerado económicamente activo. Esto tiene serios impactos directos en la calidad de vida de las familias y sus hogares, ya que en la mayoría de los casos, estas personas representan la cabeza de familia. Como resultado, se pierde un ingreso económico vital, lo que a su vez aumenta la carga financiera al tener que cubrir los gastos adicionales que se generan cuando un miembro de la familia es detenido», citó el último informe del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
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Dos presos políticos se encuentran entre las edades de 15 a 19 años; seis presos políticos rondan entre las edades de 20 a 24 años, y nueve de ellos están entre las edades de 25 y 29 años. En este último rango se encuentran García y Salazar.
Condenado en una videoconferencia
El líder estudiantil Jasson Salazar fue encontrado culpable de los delitos de «menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas», en un juicio donde fue enlazado a través de una videoconferencia. Salazar se encuentra preso en una celda del Sistema Penitenciario Jorge Navarro conocido como La Modelo.
Su juicio, plagado de arbitrariedades e ilegalidades, marcó un nuevo precedente en violaciones a los derechos humanos de las personas detenidas por razones políticas.
Según el Mecanismo, se siguen registrando «audiencias judiciales realizadas mediante videollamadas desde los sistemas penitenciarios, lo que imposibilita la participación efectiva de la persona detenida y, por ende, la garantía de una defensa justa», puntualizó.
