Hazel del Socrro Martínez Ulloa y Martha Lorena Centeno Marín, activistas digitales de la organización Mentes Libres cumplen 200 días detenidas de manera arbitraria en las celdas del Sistema Penitenciario de Mujeres ubicado en Tipitapa, conocida como La Esperanza.
Han sido víctimas de diversas vulneraciones a sus derechos, como maltrato y humillaciones por parte de guardias. Además, que se encuentran bajo aislamiento junto a otras 13 presas políticas en las nuevas celdas de máxima seguridad recien construidas en La Esperanza. Yoel Ibzan Sandino, fundador de Mentes Libres afirmó que el debibo proceso también ha sido vulnerado a estas activistas opositores al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Ambas fueron condenadas a 10 años de prisión por los supuestos delitos de «traición a la patria» y «ciberdelitos», delitos comunes imputados a críticos del Frente Sandinista. Ambas fueron detenidas en el contexto represivo de Semana Santa de este año, durante la escalada represiva contra la Iglesia católica y la represión durante la conmemoración del quinto aniversario de la insurrección nicaragüense.
Sandino aseveró a LA PRENSA que las leyes por las que fueron juzgadas las activistas de Mentes Libres fueron creadas para criminalizar a los opositores que denuncian a través del mundo digital los crímenes de Ortega y Murillo. Como en el caso que el régimen construyo en su contra.
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Detención arbitraria de Sandino
Sandino fundó Mentes Libres en 2018. Fue preso político del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y desterrado a Estados Unidos el pasado mes de febrero junto al grupo de los 222 presos políticos, a quienes además les quitaron su nacionalidad por acusarlos de traición a la patria.
La justicia violentó sus derechos desde el momento de la captura al presentarse sin orden judicial, llevar su proceso en silencio y ni comunicó a la familia del juicio ni de la lectura de la sentencia. Fue detenido a altas horas de la noche, mientras se encontraba en un gimnasio de la capital. Trasladado al Distrito II de la Policía y posteriormente enviado a La Modelo, donde permaneció hasta su destierro.
Condenado a 11 años de prisión y 42 mil córdobas de multa por supuestos delitos de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y delitos relacionados con la Ley de Ciberdelitos.
