A partir del 4 de octubre comenzaron a correr los 120 días que tiene la Secretaría del Fondo Verde del Clima (FVC) para decidir si mantendrá congelado o no los 116.6 millones de dólares que estableció para el proyecto BioClima en Bosawas y Río San Juan en Nicaragua. A medida que avanza el tiempo, las voces de defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas reiteran el llamado de mantener congelado el fondo debido a que la dictadura de Daniel Ortega no vela por el bienestar de los mismos.
Anexa Alfred, abogada y defensora de derechos humanos nicaragüense y miembro del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (MEDPI) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), denunció que la simulación de consultas realizadas en agosto fue un «proceso invasivo y violento», puesto que «no reconoció ninguno de los mecanismos y autoridades».
La experta explicó que fue invasivo debido a que «muchas de estas visitas que se realizaron en algunos territorios fueron acompañados por policías y militares del Ejército, eso en las comunidades no es visto como buena señal, porque no se sintieron en la libertad de expresar sus opiniones y cuestionamientos».
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Alfred recalcó que, con base en los testimonios de los pobladores del Caribe, el proceso no cumple con los estándares internacionales en materia de la consulta previa, libre e informada que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales que fue ratificado por el Gobierno de Nicaragua.
«Algunas de las irregularidades y faltas que encontramos, por ejemplo, es en el tema de la representación y legitimidad, en las reuniones denominadas consultas se realizaron con fuerte presencia policial y militar. Por otra parte, las personas que participaron eran designadas por las estructuras del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y se llegó a hablar de cinco personas en representación de la comunidad, es decir el régimen impuso las estructuras comunales», aseguró la defensora.
Asimismo, Alfred describió que otras de las irregularidades encontradas fue que no se proporcionó información de lo que en realidad es el proyecto, tiempo, forma y objetivos.
«No hubo un espacio para rebatir lo planteado e incluso todas estas supuestas consultas realizadas en agosto y después se desató la represión y detención de Brooklyn Rivera, y la persecución a los (miembros) de Yatama, se había prohibido que se hablara del proyecto BioClima. En Nicaragua no hay condiciones para nada y en medio de una crisis humanitaria que no ha tenido precedente en la Costa Caribe, y en total impunidad por los asesinatos de líderes indígenas», destacó.
No están dispuestos a cohabitar con agresores
La también integrante de la Plataforma de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes (Inana) destacó que las comunidades indígenas no están de acuerdo con que el FVC desembolse el millonario fondo debido a que la dictadura orteguista «está implementando la idea de la cohabitación».
«Con la idea de cohabitar, está obligando a los indígenas a vivir con la gente que los ha matado. Las comunidades no están en guerra, han sido víctimas, y el régimen quieren que cohabiten con toda esta gente que está invadiendo (colonos) que ha masacrado a las comunidades, y los indígenas no están dispuestos», asestó.
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A su vez, remarcó que las tierras comunales en la Costa Caribe están desmarcadas y tituladas por lo que los pueblos indígenas saben de dónde empieza y dónde terminan sus territorios.
«Ahí mirás una protección discriminatoria porque al final las tierras indígenas son propiedad privada en el sentido de que no están al servicio del que quiera. La Costa Caribe desde que Ortega retornó al poder siempre se ha visto como una fuente de donde se puede extraer recursos, nunca han sido vistos como sujetos de derecho», reprochó Alfred.
La defensora de los pueblos indígenas denunció que la dictadura tiene discurso de doble moral «así como quiere acceder a fondos para ‘proteger’ el medioambiente, pero también ha otorgado concesiones mineras para acceder a la zona (protegida), entonces ¿de qué estamos hablando? Son acciones desesperadas y encaminadas solo a obtener recursos».
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Alfred espera por el bien de los pueblos indígenas la Secretaría del FVC se apegue a los procedimientos y requerimientos. «Esperemos que realmente se suspenda (el desembolso) hasta que no hayan condiciones que garanticen los derechos de los pueblos indígenas y al pueblo nicaragüense, sabemos que esos recursos no van a llegar a las comunidades sino que va a ser utilizado para otro fin», concluyó.
Fondo congelado desde julio pasado
La junta directiva del FVC decidió el 24 de julio mantener congelado el millonario fondo que le aprobó para financiar el proyecto BioClima, Acción climática integrada para reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en las biosferas de Bosawas y Río San Juan.
En ese momento, se le otorgó otro plazo al régimen de 120 días para cumplir con algunos requisitos, entre ellos el proceso de consultas. Para ello, el 4 de octubre el informe de la simulación de consultas que realizó a 6,746 personas —de las cuales 4,462 son indígenas y 1,099 no indígenas— que solo representa el 3 por ciento de la población indígena y el 0.5 por ciento de la población de toda la región del Caribe, denunció el ambientalista Amaru Ruiz.
El informe y sus anexos presentados por la dictadura —donde se incluyen las observaciones de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops)— fueron publicados en el sitio web del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el órgano acreditado para recibir los fondos ante el FVC.
En la web aparece que durante los meses de agosto y septiembre de 2023 se desarrolló un proceso de Participación y Consulta Informada en dos niveles, en el primero, dicen, que se dio con 58 eventos de Consulta y Consentimiento Previo, Libre e Informado (CPLI) con la población indígena; y el segundo con 11 eventos de Consulta Significativa con actores clave, convocados de manera pública.
