Jeffrey José Ortega Orozco, de 28 años, cumple 245 días detenido en las celdas del Sistema Penitenciario Jorge Navarro conocido como La Modelo. Sobre la detención de este preso no se tiene mucha información y forma parte del grupo de los 35 presos políticos que permanecieron en las celdas del régimen luego que este desterrara al grupo de 222 a Estados Unidos.
Es originario de Managua y fue detenido el 18 de enero de 2022. No se conocen los delitos que les han sido imputados o de qué se les acusa. En su misma situación se encuentran los presos políticos Axel Manuel González Garay, de 20 años; Víctor Manuel Carranza Silva, de 39 años y Daniel Agustín Cerda Garay, también de 39 años.
Luego que el régimen desterrara al grupo de 222 reos el pasado mes de febrero, todavía quedaron 35 reos de conciencia, cifra que aumentó rápidamente debido a la escalada de represión en los meses posteriores. Entre estos 35 se encuentra el obispo Rolando Álvarez quien se negó a firmar el supuesto acuerdo de liberación; luego de su negativa fue trasladado a una celda de máxima seguridad La Modelo.
El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en su informe de agosto de 2023 reportó 89 presos políticos. Diez de estos se encuentran detenidos previo a las protestas sociales de abril de 2018. Nueve de ellos son los condenados por el caso conocido como “la masacre del 19 de julio”, donde un grupo atacó a una caravana de seguidores del Frente Sandinista en 2014.
El preso político más antiguo es Marvin Vargas Herrera, quien permanece en las celdas desde 2012 por el delito de estafa agravada y posteriormente el régimen lo acusó por el delito de tráfico de estupefacientes en la prisión. Se conoce que fue detenido por liderar protestas contra el régimen desde la Asociación Cachorros de Sandino.
Primera detención
Ortega Orozco fue detenido en agosto 2018 junto con sus primos Ángel Sebastián Martínez Arana, Richard de Jesús Martínez Arana, Adrián Alexander Martínez y Axel Manuel González Garay. Los acusaron supuestamente de pertenecer a una banda delincuencial para cometer terrorismo y otros delitos.
Según relataron en aquel momento los familiares, la persecución contra estos jóvenes se debe a que supuestamente miembros de la Juventud Sandinista llegaron a sus casas de habitación para ofrecerles 300 córdobas, almuerzo y una moto con combustible para que se unieran a paramilitares con el objetivo de reprimir a los manifestantes.
“Los muchachos se negaron a participar porque no estaban de acuerdo con andar golpeando y matando gente en las protestas, sobre todo porque tenemos familiares que son universitarios. Además, ellos le reprocharon que nadie les garantizaba que no los mataran a ellos. Desde ahí ha sido un acoso horrible”, aseveró una de las madres de estos jóvenes en 2018. Los cinco muchachos fueron liberados con la cuestionada Ley de Amnistía en 2019.
