Cientos de guatemaltecos bloquearon este martes una docena de carreteras en varias regiones del país para exigir la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, a quien el presidente electo, Bernardo Arévalo, acusa de dirigir un “golpe de Estado” en su contra.
“Fuera golpistas” y “Que se vayan las mafias”, señalaban varias pancartas sostenidas por manifestantes convocados por el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), según imágenes divulgadas por la misma organización y la prensa local en redes sociales.
Los manifestantes cerraron al menos 12 tramos en diferentes puntos del país, en varios con piedras en el suelo, de acuerdo con el reporte de la policía de carreteras. Otro grupo marchó por calles del centro de la capital.
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Los cierres ocurren un día después de que el opositor Arévalo pidió a la Corte Suprema anular un proceso iniciado por la Fiscalía por supuestas anomalías en la conformación en 2017 del partido Semilla, al que pertenece el presidente electo.
Arévalo considera que la acción penal es un “golpe de Estado” en curso para evitar su toma de posesión el próximo 14 de enero.
La petición de Arévalo también pretende la destitución de Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana por violar la Constitución. Los tres funcionarios de Guatemala son considerados por Estados Unidos personajes “corruptos y antidemocráticos”.
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“Exigimos el respeto de los derechos de la voluntad del pueblo en las elecciones” del 20 de agosto, dijo a periodistas la dirigente indígena Thelma Cabrera, parte del Codeca, que también exigió en la protestas fuertes reformas sociales.
El lunes, en Washington, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, afirmó que no se puede permitir que la fiscalía de Guatemala rompa “la institucionalidad y la Constitución” en el país centroamericano, donde el proceso de traspaso de poder se halla “bajo amenaza”.
La semana pasada, Curruchiche dirigió un allanamiento, con decenas de policías, en un centro electoral donde los fiscales abrieron cajas que contenían votos de la primera vuelta electoral del 25 de junio.
El operativo fue rechazado por la comunidad internacional, que estima que solo es un pretexto para vulnerar el proceso electoral. Estados Unidos calificó el acto como “un ataque al proceso democrático”.