En un lapso de 48 horas, defensores de derechos humanos y excarcelados políticos denunciaron la captura por parte de la Policía orteguista de dos reconocidos opositores: Juan Carlos Baquedano y Lester Macolla Solís. Ambos estaban exiliados en México y Estados Unidos, respectivamente, y por razones personales regresaron al país.
Casos públicos como estos y otros que se manejan con sigilo por temor de los familiares, son la prueba «fehaciente» que en Nicaragua no hay condiciones para el retorno seguro de los exiliados, alertan abogados y defensores de derechos humanos, quienes hacen a la vez un llamado a los organismos internacionales y países en donde los nicaragüenses perseguidos por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo han buscado refugio, que sean «acuerpados y sus casos escuchados».
«Cuando nosotros como defensores hacemos recomendaciones a los diferentes países donde los perseguidos hacen su solicitud de asilo, enfocamos la parte en la que consideramos que el país no presta las condiciones para respetarles la libertad o la vida. Evidentemente al no tener un estatus legal definido, no tener un trabajo, y no contar con recursos para mantenerse, la última opción que tienen es regresarse al país, pero esto no es una opción viable. No lo recomendamos porque el riesgo es muy alto», expresó la abogada de presos políticos y defensora de derechos humanos, Yonarqui Martínez.
Estas detenciones no son «medidas» nuevas. A raíz del estallido de la crisis sociopolítica en abril de 2018, miles de nicaragüenses que salieron a protestar contra el régimen se vieron obligados a salir del país para resguardar su libertad y sus vidas. No obstante, meses y años más tarde, quienes decidieron regresar a Nicaragua fueron capturados, entre ellos, Cristian Meneses, Hader González, Samantha Jirón, por mencionar algunos casos. Ellos forman parte de los 222 excarcelados y desterrados a Estados Unidos, el pasado 9 de febrero.
Captura y recaptura
Este domingo, Martínez denunció a través de sus redes sociales la captura del activista político opositor Lester Macolla Solís, de 35 años, quien regresó de Estados Unidos, donde se encontraba exiliado.
Macolla fue detenido el 3 de agosto, en el barrio Monseñor Lezcano, en Managua, por la Policía orteguista, confirmaron también los exreos políticos Samantha Jirón y Miguel Mendoza.
«Lester estuvo fuera casi cuatro o cinco años, regresa a Nicaragua, se integra al activismo y lamentablemente es encarcelado después. No pertenecía a ninguna agrupación política, es un padre de familia, un ciudadano común con desacuerdos a las violaciones de derechos humanos, y ahora es probable que esté enfrentando un proceso injusto, a torturas físicas y psicológicas», señaló Martínez.
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El 2 de agosto, también se denunció la recaptura del excarcelado opositor Juan Carlos Baquedano Castro, de 65 años. Baquedano, un excombatiente sandinista disidente, regresó de México, donde se encontraba exiliado, y fue detenido en su casa, en el municipio de Jinotega.
Martínez comentó que «estos son casos públicos, pero hay casos privados, que los familiares no quieren denunciar». A la vez alertó que «pueden entrar al país, pero nadie te garantiza que tu libertad o tu vida no va a estar expuesta, no están exentos».
El abogado Gonzalo Carrión, miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, coincide en que se desconoce «la dimensión total de víctimas, y no me refiero a números, sino a personas con nombres y apellidos, personas que sus familiares los buscan, en el absoluto anonimato sin hacer ninguna denuncia más que moverse con miedo en el sigilo».
Es decir, «actualmente producto de como se ha intensificado la persecución que aterroriza a las personas, incluso la gente ahora no te confirma y si lo hacen te dicen que no publiqués», agregó Carrión.
En Nicaragua la lista oficial de presos políticos que se conoce es la que publica cada mes el Mecanismos de Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
Los riesgos del retorno son graves
Carrión manifestó que de alguna manera ha habido una apertura de apoyo de parte de los países que han recibido a nicaragüenses que han huido de la persecución del régimen, porque estos y otros casos conocidos no se trata de personas deportadas o que los Estados los hayan entregado, sino que las condiciones del exilio no son nada fáciles.
«Ahora mismo en Costa Rica se ha complicado hacer la llamada para ir a la primera cita, para solicitar refugio, y a través de su sitio web tampoco hay manera de hacer la cita, según nos han reportado algunas personas, y han puesto obstáculos para conseguir un permiso de trabajo. Eso hace que las personas desalienten su permanencia. Jurídicamente en Costa Rica han creado obstáculos y en la práctica los estamos conociendo», dijo Carrión.
A raíz de las reformas establecidas por el presidente Rodrigo Chaves, el 1 de diciembre de 2022, la solicitud de refugio ya no otorga un permiso de trabajo inmediato.
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«Los nicaragüenses están vulnerables, muchos no han logrado conseguir ni la primer cita para la solicitud de refugio, cómo van a sobrevivir, cómo van a trabajar sin un permiso de trabajo. Esto no cumple con el espíritu de lo que se llama la protección internacional para las personas que solicitan refugio. Incluso personas que estaban en Costa Rica se han ido a Estados Unidos en busca de más oportunidades laborales, se van con expectativas», dijo Carrión.
Martínez coincide en que «la vulnerabilidad radica en que los procesos de asilo son dependiendo del país, llevan un tiempo estimado, y cuando las personas no tiene suficientes argumentos para el asilo, y están en problemas económicos lo que hacen es regresarse».
«Nicaragua todavía no presta las condiciones para el retorno seguro, si hacemos una comparación entre la situación económica que puedan estar pasando y la que pueden venir a recurrir en Nicaragua, como defensores los que le podemos decir es que sigan luchando, sigan resistiendo donde estén. Esta es una prueba fehaciente que ningún nicaragüense perseguido político que haya dejado el país, al regresar no está seguro», expresó Martínez.
Un llamado a los países
A los países como Costa Rica, Estados Unidos y España la abogada instó a que «le den acogida a los nicaragüenses perseguidos, que vean el caso de estas personas que están regresando y son detenidas como un ejemplo de lo que puede ocurrir».
«Vean bien cada caso, porque la exposición al peligro, al perder su libertad, al ser asesinados es una realidad a la que nos estamos enfrentando, y esperamos que las Cortes tomen en cuenta este tipo de antecedentes, de que en Nicaragua sí existe una verdadera persecución», reiteró Martínez.
Yader Morazán, exfuncionario del poder judicial y experto en Administración de Justicia, expresó a través de sus redes sociales que «esta noticia será útil para la actualización de los casos de asilo políticos de muchos exiliados que aún tienen procesos pendientes de resolver», y afirmó que «con esto se demuestra que nada está normal, y que el riesgo de ser encarcelado y torturado sigue latente».
