El subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Blas Nuñez-Neto, en conferencia de prensa con periodistas, confirmó que los arrestos por las patrullas fronterizas con la frontera en México aumentaron en julio, no obstante son menores a los niveles récord registrados en abril y mayo pasado.
«Hemos visto un incremento en julio, pero sí seguimos estando muy por debajo de los niveles de migración a fines de abril y comienzo de mayo antes que pusimos en efecto estas consecuencias fortalecidas y así que creemos que las medidas que estamos tomando siguen siendo efectivas en la frontera», declaró el funcionario estadounidense.
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Nuñez remarcó en que estos meses en la época del año donde se ve un incremento en la migración irregular por lo que «no fue inesperado el aumento, y nuevamente seguimos muy por debajo de como estábamos en abril».
En enero pasado, la Administración de Joe Biden extendió el parole humanitario a migrantes de Nicaragua, Cuba y Haití, para que puedan viajar legalmente a Estados Unidos y una vez allá, puedan vivir y trabajar durante dos años.
Centro de procesamiento en el sur de México
Indicó que el gobierno de Biden trabaja muy de cerca con la Administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para crear un centro de procesamiento en el sur de México donde personas puedan ser referidas a vías legales para los EE. UU. incluyendo el programa de refugiado y visas laborales.
«Todas estas medidas que hemos implementado demuestran nuestra promesa que hicimos en la Declaración de Los Ángeles para Migración y Protección de seguir extender las vías legales para los migrantes como una alternativa para la migración irregular», manifestó.
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El funcionario norteamericano exhortó a los migrantes a no caer en las mentiras de coyotes de que «no hay consecuencias para migrantes y en específicos para las familias».
Enseguida advirtió que «ya estamos implementado estas consecuencias fortalecidas para adultos solteros, familias, individuos son deportados y no van a poder volver a EE.UU. por un período de cinco años y pueden ser enjuiciados legalmente si siguen insistiendo en cruzar». Nuñez calificó como cifra récord la deportación de más de mil miembros de familias a países de la región.