El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha criminalizado el ejercicio de los derechos digitales y de los opositores que han utilizado las redes sociales y otras tecnologías de la información para cuestionar las violaciones a los derechos humanos que se han cometido en Nicaragua desde el contexto de las protestas en 2018.
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca + ha lanzado una campaña digital para visibilizar estos derechos que han sido criminalizados por el régimen desde que regresó al poder.
«Asumir que tenemos derecho a expresarnos de distintas maneras, a nuestra privacidad en línea, a recibir información y a brindarla. De tal manera que asumirlo ante una dictadura que lo niega ya es un acto de resistencia. Manifestar y continuar expresándose, buscando alternativa para evitar mitigar los daños que implica opinar frente a una dictadura. Tomar las medidas pertinentes de seguridad y continuar opinando, cuestionando, expresándose. Porque expresarse de distintas maneras, a través de sus plataformas sociales, es un derecho humano», indicó el Colectivo.
“Otra manera de resistir es buscar alternativas que mitiguen los daños que implica opinar frente a una dictadura”, afirmó el abogado Juan Carlos Arce.
Criminalización de derechos
Los Estados criminalizan los derechos digitales de diferentes maneras, como implementar estrategias dirigidas a controlar el flujo de información y restringirlo, explicó el Colectivo. «Es a veces objetivo de los Estados evitar que las personas se informen o puedan informar o cuestionar y criticar la gestión gubernamental, los cuales son derechos humanos».
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En el caso específico de Nicaragua, el país se encuentra enfrentando una de las peores dictaduras del continente por lo que ha encarcelado a personas que manifiestan su opinión, tal es el caso de ocho opositores que pertenecían a un grupo de WhatsApp: los exprecandidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga y Arturo Cruz; las activistas y dirigentes de la UNAB (Unidad Nacional Azul y Blanco), Violeta Granera y Tamara Dávila; el expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri y el analista político y exdiputado José Pallais.
«En el país ha habido personas que han sido procesadas a través de un engranaje, de un paquete legal que incluye la Ley de Ciberdelitos, otras han sido encarceladas por manifestar su opinión en relación a un tema o por cuestionar el régimen Ortega Murillo», indicó el Colectivo.
Ley de Ciberdelitos
La Ley Especial de Ciberdelitos, también conocida como Ley Mordaza. Esta criminaliza la libertad de expresión y establece censura en las expresiones críticas en las redes sociales y los medios de comunicación independientes. Entró en vigencia en 2020 y penaliza con hasta 10 años de prisión a quienes se atrevan a denunciar los atropellos de la dictadura.
Aprobada por 70 diputados orteguistas, la ley criminaliza las publicaciones de crítica, oposición al régimen de Ortega y también la divulgación de información de interés público que el régimen ha venido ocultando desde su regreso al poder.
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A los opositores encarcelados durante la ola represiva desatada entre mayo y noviembre de 2021 les fueron imputados delitos de creación de noticias falsas, bajo el amparo de esta ley considerada represiva por los defensores de derechos humanos.
