El Juzgado de Instrucción número 2 de Utrera (Sevilla), con las competencias sobre violencia sobre la mujer, ha acordado este jueves el ingreso a prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre de iniciales N.A.C.T., de 43 años de edad, detenido por la muerte de su expareja, la nicaragüense Erica Vanessa Reyes Álvarez, de 22 años, cuyo cadáver fue encontrado el pasado lunes por su hermana en su domicilio con un fuerte golpe en la cabeza.
Así lo ha comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ha aclarado igualmente que el hombre se encuentra en situación de investigado, aunque a lo largo de la instrucción «se concretará si se trata de homicidio o asesinato». La causa está bajo secreto de sumario.
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El hombre detenido pasó este jueves 3 de agosto a disposición judicial en el juzgado número 2 de la localidad sevillana. El plazo legal máximo expiraba de hecho este jueves por la tarde, ya que el hombre fue detenido el pasado lunes alrededor de las 5:30. Ha entrado en los juzgados de Utrera en torno a las 12:00 horas.
En su primera declaración ante la Guardia Civil, ha negado los hechos, según informaban fuentes cercanas al caso. Asimismo, el abogado de la familia de la víctima, José Antonio Sires, abogado penalista de Sires Abogados, adelantaba a Europa Press que planteará la pena de prisión permanente revisable por «haber matado a su pareja de manera consciente y deliberada, haciéndolo de forma sorpresiva y sin que la fallecida tuviera posibilidad de defenderse o huir». La acusación se centrará en un delito de asesinato consumado con las circunstancias agravantes de parentesco y alevosía.
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La víctima, la segunda mortal en la provincia de Sevilla en lo que va del año —la novena en Andalucía— no había solicitado ayuda a los servicios sociales del Ayuntamiento de Utrera en relación con presuntos malos tratos, tal como han asegurado fuentes municipales consultadas. Igualmente, tampoco constan denuncias suyas en el sistema VioGén, según fuentes de la Delegación del Gobierno en Andalucía.
Su exmarido no tiene antecedentes penales. La comunidad nicaragüense a través de la asociación Sevilla-España ha pedido ayuda para poder costear la repatriación del cuerpo de la víctima a Perú, una operación que cuesta 6,000 euros.
