Las personas refugiadas y solicitantes de refugio en Costa Rica que no puedan pagar la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), a partir de agosto podrán acceder a los servicios de salud gracias a la firma del “Convenio Marco de Aseguramiento Colectivo para la Cobertura del Seguro de Salud a Personas Solicitantes de Refugio y Refugiadas”.
En el acto de firma del convenio participaron el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) de Costa Rica, Fundación de la Universidad de Costa Rica (Fundación UCR), la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR Costa Rica), la Embajada de España y la Cooperación Española en Costa Rica.
El convenio de aseguramiento colectivo, detallaron los funcionarios a través de una nota de prensa, sólo tendrá la vigencia de un año y cuenta con un presupuesto de 1,320,000 euros (1,456,818 de dólares), otorgado por la Unión Europea.
Además, especificaron que “no contempla la cobertura del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte ni el Régimen no Contributivo de Pensiones”.
ACNUR identificará a los beneficiarios
Milton Moreno, representante ACNUR en Costa Rica, indicó que el trabajo de ese organismo en el marco del convenio será realizar “la identificación de casos, valoración de elegibilidad y referencia a las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social”.
Detalló que, después de acompañar a los refugiados y solicitantes de refugio en el debido proceso de inscripción en la CCSS, ACNUR “entregará a las personas aseguradas un carné identificador, el cual podrán presentar para acceder a todos los servicios médicos ofrecidos por el sistema de salud pública costarricense”.
“Este nuevo convenio de aseguramiento para personas refugiadas y solicitantes de refugio es otra muestra del compromiso solidario de ACNUR y de la cooperación internacional para que Costa Rica cuente con un sistema robusto de protección para quienes son forzados a salir de sus países, al tiempo que se refuerza la sostenibilidad de la salud pública universal con fondos adicionales”, afirmó Moreno.
La Fundación UCR, según una nota de prensa de ACNUR, será la encargada de la administración de los recursos financieros.
José Alberto Moya Segura, delegado ejecutivo de esta Fundación, dijo que «este proyecto sin duda beneficiará a muchas personas en condición de vulnerabilidad en Costa Rica».
“Una oportunidad para ofrecer atención digna en salud”
Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, presidenta ejecutiva de la CCSS, resaltó que la firma de este convenio permitirá a la aseguradora ofrecer a poblaciones vulnerables “atención digna con un seguro de calidad como el que brinda la institución”.
“Ofrecer un aseguramiento colectivo a las personas refugiadas y solicitantes de refugio que cuentan con vulnerabilidades médicas es reafirmar nuestro compromiso como garantes de la salud pública”, afirmó Esquivel Rodríguez.
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Laura Fernández Delgado, ministra de Mideplan, enfatizó que el Estado costarricense comparte con la comunidad internacional la responsabilidad de abordar las necesidades y preocupaciones mutuas de la migración internacional, agradeciendo “el apoyo e interés invaluable de la Unión Europea en otorgar recursos no reembolsables a fin de brindar una adecuada atención a las personas refugiadas y solicitantes de refugio por parte de las instituciones públicas”.
Carmen Rives Ruiz-Tapiador, encargada de negocios de la Embajada de España en Costa Rica, aseguró que la firma del convenio “es una acción pionera cuya complejidad de poner en marcha, gracias a la financiación de la Unión Europea, se podría capitalizar y replicar en otros contextos, donde las personas refugiadas y solicitantes de refugio tienen dificultades para el acceso al sistema de salud público del país de acogida”.
En los últimos cinco años, desde el inicio de la crisis sociopolítica y económica en abril de 2018, ante la represión impuesta por la dictadura Ortega-Murillo contra quienes se manifestaron en su contra, más de medio millón de nicaragüenses fueron obligados a salir de Nicaragua.
El Colectivo Nicaragua Nunca Más, a través un informe sobre la situación de la migración de nicaragüenses, detalló que 586,043 nicaragüenses se han deplazado a Estados Unidos, Costa Rica, México y España. Los datos incluyen solicitudes de refugio, asilo y encuentros en frontera.
