El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala reiteró el martes (18.07.2023) al Ministerio Público (Fiscalía) que no suspenderá a la agrupación política socialdemócrata Semilla, del candidato presidencial Bernardo Arévalo.
La decisión fue informada en un documento entregado por el Tribunal Supremo Electoral al Ministerio Público, en respuesta a una nueva solicitud de la Fiscalía para que se suspenda al partido político.
La solicitud, avalada por un juez penal del Organismo Judicial guatemalteco, es un nuevo intento por parte de la Fiscalía de suspender a la agrupación política, que avanzó al balotaje en los comicios generales del pasado 25 de junio.
La semana pasada, el Ministerio Público ya había causado un terremoto político el 12 de julio al intentar suspender a Semilla por un supuesto caso de corrupción, debido a presuntas firmas falsas, y exigió la expulsión de la agrupación de la contienda electoral.
Sin embargo, dicha solicitud y orden penal fue anulada por la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país, y por tanto el Tribunal Supremo Electoral no la tomó en cuenta.
Pese a ello, el Ministerio Público intentó este martes nuevamente ordenar la suspensión de Semilla, pero el Tribunal Electoral le reiteró que se debe obedecer la decisión de la Corte de Constitucionalidad.
Rumbo a la segunda vuelta
Los comicios del pasado 25 de junio fueron ganados por la ex primera dama Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), como todas las encuestas anunciaban.
Sorpresivamente, el segundo lugar fue para Arévalo, a quien los sondeos colocaban en séptimo u octavo puesto, y Semilla se acreditó de igual forma 23 diputados de los 160 que componen al Congreso, convirtiéndose así en la tercera fuerza del parlamento.
Es por ello que la segunda vuelta electoral se llevará a cabo entre Torres Casanova y Arévalo de León el próximo 20 de agosto.
La investigación en contra de Semilla está a cargo del jefe se sección Rafael Curruchiche, sancionado en 2022 por Estados Unidos con el retiro de su visa bajo cargos de crear falsos casos en contra de exautoridades.
La orden penal fue firmada por el juez Fredy Orellana, quien también ha manejado uno de los casos imputados al periodista José Rubén Zamora, uno de los principales críticos del gobierno de Alejandro Giammattei.
