El régimen de Daniel Ortega concretó este martes el proceso de robo de las instalaciones de la extinta Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), situadas en las cercanías de la Dirección General de Ingresos (DGI), cerca de la rotonda Rubén Darío, en el centro de Managua.
De esta manera, Upanic se suma a las organizaciones empresariales que gradualmente han ido entregando sus bienes a la Procuraduría General de la República (PGR), la que ya se ha apoderado de las oficinas del antiguo Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua, así como la Cámara de Industria, estas dos últimas situadas en la cercanía de la rotonda Plaza España.
También ya entregó sus instalaciones la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN). En los últimos años, las organizaciones empresariales habían invertido en la modernización de sus instalaciones o comprando en zonas de alta plusvalía, cuyas propiedades ahora están pasando a manos del Estado, pese a que la Constitución Política de Nicaragua prohíbe las confiscaciones.
El pasado 7 de marzo, el Ministerio de Gobernación del gobierno de Ortega cerró 19 agremiaciones empresariales, entre las que estaba el Consejo Superior de la Empresa Privada, la más grande del país y que había sido creada hace 32 años.
El régimen de Ortega inventó que las organizaciones empresariales no cumplieron con el proceso de convalidación de registro y presentaron inconsistencias en sus reportes financieros de 2022. «Con estas acciones estos organismos no promueven políticas de transparencia en la administración y manejo de sus fondos», indicó Gobernación en el decreto de cancelación de las organizaciones empresariales.
Upanic era de las organizaciones empresariales de productores más grandes y antiguas del Cosep.
En mayo del 2022, la dictadura condenó a 9 años de prisión al entonces presidente de Upanic, Álvaro Vargas, y al expresidente de esa organización, Michael Healy, que en ese momento era el principal dirigente del Cosep. Ambos exlíderes empresariales formaron parte del grupo de 222 presos políticos que fueron desterrados a Estados Unidos.
