El régimen de Daniel Ortega colocó banderas del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en la Universidad Católica Juan Pablo II, denunció la abogada y autora del informe Nicaragua: Una Iglesia perseguida, Martha Patricia Molina.
Molina advirtió que el régimen busca «nacionalizar el adoctrinamiento político» en todos los espacios académicos, desde colegios de primaria, secundaria y ahora en universidades. El 7 de marzo pasado el régimen, a través del Ministerio de Gobernación, canceló la personalidad jurídica de la Asociación Universidad Juan Pablo II y de la Asociación Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua (UCAN); la primera tenía sedes en Managua, Juigalpa, Matagalpa y Granada.
Lea detalles en: Régimen cambiará el nombre a la Universidad Juan Pablo II y eliminará las becas
Este martes 27 de junio, los universitarios de le extinta Universidad Juan Pablo II fueron citados a una «reunión informativa» donde conocieron los cambios, que a partir de que el régimen se tomó las sedes de dicha universidad van a regir. Entre ellos ahora el campus se llama Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés.
En la publicación que hizo la universidad en sus redes sociales indica que «los estudiantes con mucha alegría recibieron las buenas noticias que garantizarán su culminación educativa con calidad y calidez», y presentaron como rectora a Johana E. Tórrez. La matrícula costará 20 dólares y el título 300 dólares, sin embargo no informaron sobre el costo de la mensualidad.
Sin embargo, la abogada Molina recibió reportes de universitarios quienes aseguraron que «ayer llegaron alrededor de 60 muchachos que pertenecían a la Universidad Juan Pablo II, el recinto que queda por el Polideportivo España y la mujer que se identifica como rectora les dijo que tenía doce sucursales en el país y dos en Managua, les brindó el número telefónico y los alumnos no se sienten felices, se sienten despojados de la universidad».
Molina explicó que a los estudiantes les dijeron que en lo que resta del año iban a terminar la carrera de Filosofía y Teología, pero que después «no la iban a impartir, las van a eliminar, no saben quién les va a impartir las clases de Teología a qué sacerdotes van a buscar. Los muchachos se anotaron en dos listas, estaban completamente vigilados, que no podían salir del auditorio. Todo el tiempo se puede ver la bandera de la muerte, ni siquiera se preocupan por esconderla», denunció Molina.
Ortega busca cerrar los espacios de libertad de pensamiento
La abogada Molina insiste en denunciar que el régimen orteguista lo que está buscando con estas acciones en las universidades confiscadas es «nacionalizar el adoctrinamiento político».
Indicó que el régimen antes de 2018 «no tenía el control en la enseñanza superior de los jóvenes, principalmente en el tipo de universidades de índole religiosa, y por eso lo que están buscando es cerrar los espacios de libertad de pensamiento, porque la academia lo que hace mediante la enseñanza es abrirte la mente y que vos como nuevo profesional te vayas formando criterios propios».
Reprochó que en la actualidad en Nicaragua, la dictadura pretende «generalizar y nacionalizar el adoctrinamiento en todos los niveles académicos y creo que así lo van a ir logrando con otras universidades que aún no han confiscado, poco a poco van a ir tomando más espacios, confiscando más universidades hasta que ninguna sea privada».
De la misma manera denunció que lo que el régimen anhela es que «estas universidades se conviertan en un negocio familiar, porque ese dinero que les va a entrar va a ir a las arcas del régimen».
También explicó que la mayoría de los estudiantes de la Universidad Juan Pablo II eran becados y que ahora ante la eliminación de becas hay incertidumbre entre los beneficiarios debido a que «son jóvenes que no tenían recursos económicos para pagar la universidad, pero ahora que les dijeron que no hay becas porque necesitan dinero para sostener la universidad, entonces no saben cómo van a hacer para culminar sus carreras si son personas de escasos recursos, que no tienen dinero».
Pensamiento crítico: un riesgo para el régimen
Elthon Rivera, presidente de Iniciativa Puentes por los Estudiantes de Nicaragua (Ipen), mencionó que «el FSLN se ha caracterizado por sostener una lucha declarada en contra de la educación libre y de calidad. Cualquier espacio de desarrollo del pensamiento crítico es considerado un riesgo para el régimen y por ende se convierte en un objetivo de ataque».
Por lo que afirmó que el régimen se ha asegurado de controlar la educación nicaragüenses a todos sus niveles y paulatinamente ha ido cambiando el sistema educativo, de forma que «predomina el proselitismo político sobre la calidad educativa, es decir, se invierte más recursos tanto económicos como logísticos y humanos en estrategias de adoctrinamiento político en las aulas, que en el desarrollo de las ciencias, tácticas y tecnologías».
A su lectura, «no es de extrañar que las universidades privadas que fueron confiscadas, estén ahora adoptando las arbitrarias directivos de la dictadura, pues ahora son parte de su dominio» y consideró que «es importante recalcar que este tema es de gran preocupación, ya que quienes pierden más, son los estudiantes a quienes se les está violando sus derechos».
