Integrantes de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN) presentaron una denuncia en el poder judicial de Argentina, acusando a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo de haber cometido Crímenes de Lesa Humanidad. Lesther Alemán, Max Jérez, Mildred Rayo y Miguel Flores fueron los jóvenes que presentaron la acusación; estos habían sido presos políticos del régimen.
Esta acción judicial fue dada a conocer por el movimiento a través de un comunicado, en el que señalan que dicha acción “marca una etapa crucial en la lucha por justicia, activando la jurisdicción universal como recomendó el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GREHN)”.
Organismos que velan por los derechos humanos desde el inicio de la crisis sociopolítica en abril de 2018, han aseverado los crímenes que el régimen ha cometido contra la ciudadanía nicaragüense. AUN denuncia que los actos de represión violenta, asesinatos, detenciones arbitrarias y torturas cometidos por el régimen no pueden quedar en la impunidad. Para esta denuncia señalan la importancia de los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y del GREHN, que evidencia los actos que atentan contra los DDHH de los nicaragüenses.
“Los ojos del mundo están sobre Nicaragua. Esperamos que esta acción abra un camino hacia la justicia, hacia un futuro donde la democracia florezca en Nicaragua”, finalizó el comunicado de los jóvenes.
Investigación penal contra Ortega
La Justicia argentina inició un proceso el pasado 5 de octubre de 2022 una investigación penal contra Daniel Ortega, la “copresidenta” Rosario Murillo y los funcionarios que integran el aparato represivo desde abril de 2018. La causa fue presentada por los abogados Darío Richarte y Diego Pirota; el proceso determinara si estos cometieron crímenes de lesa humanidad como ha sido denunciado por diferentes organismos internacionales.
“El juez federal Ariel Lijo ordenó enviar un exhorto a la Justicia de ese país para que informe si hay causas abiertas donde se investiguen ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales, desaparición forzada de personas, o torturas”, publicó el medio de comunicación Infobae.
La Justicia federal de Argertina ya ha investigado otras denuncias por crímenes de lesa humanidad fuera del país.
Fue interpuesta una segunda denuncia por el Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH). Incluye a actores relevantes de la represión de 2018 como el jefe de la Policía, primer comisionado Francisco Díaz, comisionado Ramón Avellán, asesor Néstor Moncada y la exministra de salud, Sonia Castro.
Lea además: Dictadura declara culpable al periodista Víctor Ticay y lo traslada a La Modelo
Presos políticos
Los cuatros jóvenes que interpusieron la denuncia contra la dictadura fueron privados de la libertad. Los líderes estudiantiles Max Jérez y Lesther Alemán fueron detenidos en 2021, durante la escalada de detenciones que ejecuto el régimen contra quienes considerada una incomodidad.
Estuvieron más de 15 meses en las cárceles de Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocido como Chipote. Fueron condenados a 13 años de prisión por el supuesto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional.
Mildres Rayo y Miguel Flores, fueron detenidos el 1 de noviembre de 2022 por el Ejército de Nicaragua. Ambos declarados culpables por el mismo delito que sus compañeros de organización, sentenciados a 8 y 10 años de prisión respectivamente.
Estos cuatro jóvenes forman parte del grupo de los 222 presos políticos que fueron desterrados de Nicaragua el pasado 9 de febrero de 2023, al poco tiempo fueron desnacionalizados.
