El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, denunció este lunes la violación a la libertad religiosa en Nicaragua y el encarcelamiento del obispo Rolando Álvarez.
El Departamento de Estado publicó este lunes su informe anual sobre el estado de la libertad religiosa en el mundo, como suele hacer con los derechos humanos.
Defensores de los derechos humanos “hacen sonar la alarma sobre los ataques a la Iglesia católica, por parte del régimen de Ortega y Murillo en Nicaragua”, un país bajo sanciones estadounidenses por la represión de las protestas antigubernamentales de 2018, afirmó Blinken al presentar el informe.
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Blinken se refiere al mandatario Daniel Ortega y a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.
Entre las personas “injustamente detenidas” el secretario de Estado citó al obispo Rolando Álvarez, condenado en febrero a 26 años de prisión por varios delitos, principalmente por “menoscabo a la integridad nacional”, tras rechazar marcharse a Estados Unidos junto con 222 presos políticos que fueron excarcelados y expulsados del país.
El caso de Álvarez es uno de los temas de fricción entre el gobierno de Ortega y la Iglesia católica, en uno de los peores momentos de las relaciones diplomáticas entre Managua y el Vaticano.
En una entrevista con el medio digital argentino Infobae, el papa Francisco denunció en marzo el “desequilibrio de la persona que dirige” Nicaragua y dijo que es como si quisiera “instaurar la dictadura comunista de 1917 o la hitleriana del 35”.
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En 2022, el gobierno nicaragüense expulsó al nuncio Waldemar Sommertag, ilegalizó la Asociación Misioneras de la Caridad, de la orden de la madre Teresa de Calcuta, y cerró medios de comunicación católicos.
En el informe Estados Unidos también denuncia la persecución religiosa en Irán, China, Rusia e India. En este último país condena “la violencia policial contra las minorías religiosas en varios estados” y el auge del “discurso del odio”.
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Constata no obstante progresos en algunos países. Blinken mencionó a Brasil, con base en que los congresistas tipificaron garantías de libertad religiosa para las comunidades indígenas afrobrasileñas y aprobaron una legislación que considera delito los actos discriminatorios contra cualquier práctica religiosa.