La exalcaldesa socialista de Lasarte-Oria (un municipio español de la provincia de Guipúzcoa, comunidad autónoma del País Vasco, España), Ana Urchueguía Alonso, confesó que durante una década malversó 2.1 millones de euros en subvenciones enviadas a Somoto, municipio del departamento de Madriz, en Nicaragua, según reportes de medios españoles.
Urchueguía firmó un documento en el que admite que cometió entre 2000 y 2009 delitos “continuados” de prevaricación y malversación de caudales públicos por las irregularidades en los fondos municipales destinados a proyectos de cooperación en Somoto. En concreto, se alude a 81 expedientes “al margen y prescindiendo del procedimiento legal” de concesión de subvenciones y a 39 casos de “desviaciones”, es decir, de fondos que acabaron en otro destino del originalmente anunciado.
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Urchueguía, de 71 años, ya alejada de la política, fue alcaldesa de Lasarte desde que se creó el municipio en 1986 hasta 2010. La exalcaldesa evitará ingresar en prisión luego de un acuerdo alcanzado entre la Fiscalía española y los abogados.
«Hermanamiento» con Somoto
Urchueguía será expulsada del PSR-EE (Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra (PSOE), cuyas siglas son PSE-EE PSE-EE), cuando en los próximos días la Audiencia Provincial convierta en sentencia el pacto con el que la exalcaldesa pone fin a una larga historia que comenzó el 19 de mayo de 1997 cuando todo el Consistorio de Lasarte aprobó una «hermanamiento» con Somoto.
Urchueguía y el alcalde firmaron este «hermanamiento» que incluía la puesta en marcha de una Oficina de Hermanamiento Lasarte-Oria-Somoto (OHLOS) que, pese a no tener personalidad jurídica, se convertiría en el instrumento de una continua vía de financiación de subvenciones para la cooperación.
El acuerdo alcansado con la Fiscalía
El acuerdo alcanzado por Urchueguía con la Fiscalía supondrá la condena de la exalcaldesa por delitos de malversación y prevaricación incluidos desde la última reforma penal en el artículo 433 del Código Penal como malversación presupuestaria. Así, la exalcaldesa socialista será castigada a 18 años de inhabilitación para cargo público y a una multa de 2,180 euros, adelantó El Diario de España.
Pero el castigo económico más importante para Urchueguía será pagar los costos de los abogados del caso.
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De acuerdo con los medios, Urchueguía nunca ha aclarado por qué ni cómo se inició el «hermanamiento» con Somoto, que ella convirtió en un flujo constante de subvenciones injustificadas. Tampoco si el inicio de esta relación con el municipio nicaragüense estuvo vinculado con sus relaciones personales con el representante de una ONG local.
Sin embargo, los medios señalan que la exalcaldesa sí mantuvo una relación sentimental con quien fue alcalde de Somoto, Marcio Rivas, también actual vicealcalde, durante el periodo en el que las subvenciones de dinero público se hacían desde Lasarte pero también desde otros ayuntamientos vascos a través de Euskal Fondoa y españoles (por medio de la Federación Española de Municipios) financiaban proyectos nicaragüenses, en la mayoría de los casos sin justificación alguna.
Antecedentes del caso
Señalan que auditorías externas encargadas por el Ayuntamiento de Lasarte advirtieron en 2014 del uso irregular de estos fondos públicos, incluso después de que la Fiscalía hubiera archivado la primera de las investigaciones a partir de una denuncia.
La primera subvención remitida desde Lasarte tiene fecha del 14 de abril del año 2000 y se destinó a la «financiación del funcionamiento de la Oficina de Hermanamiento» con Somoto a la que se destinan 28,747 dólares. Ni euros ni córdobas nicaragüenses.
Los informes realizados por auditorías externas advierten que la financiación de esta «oficina» ascendió a los 354,375 dólares, representando casi un 15 por ciento del total de los 2.4 millones de dólares (2.1 millones de euros). El presupuesto fue incrementándose poco a poco con subvenciones controladas con mano de hierro por Urchueguía hasta el año 2009.
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Los proyectos pagados por el Ayuntamiento de Lasarte eran variopintos e incluían tanto la mejora de instalaciones agropecuarias como infraestructuras sociosanitarias. En teoría, estos proyectos eran expuestos en el seno del Consistorio aunque los informes también detectaron que Urchueguía ordenaba los pagos de Somoto directamente a través de decretos de Alcaldía que ni siquiera eran comunicados con posterioridad al resto de la municipalidad.
El control casi absoluto de las ayudas por parte de Urchueguía se sustentó en un decreto firmado por ella misma el 27 de noviembre del año 2000 que ya dejaba pocas dudas sobre el oscurantismo en la gestión de estos fondos públicos. La norma municipal establecía que «el único órgano competente para el control en la gestión y el desarrollo» de los proyectos subvencionados a Somoto era «la Alcaldía del Ayuntamiento de Lasarte-Oria» y que si cualquier concejal demandaba información a los funcionarios debían remitirle directamente a la propia Urchueguía.
La exalcaldesa no sólo controlaba los proyectos sino también decidió que el caudal de dinero público se remitiera a través de Lasarte-Oria-Somoto (OHLOS), de la Alcaldía de Somoto y de otra entidad creada al iniciarse los pagos desde Lasarte, denominada Asociación de Desarrollo Comunitario (Asodecom) y presuntamente controlada por Marcio Rivas, alcalde de Somoto y pareja durante un tiempo de Urchueguía.
La alcaldesa socialista abandonó el Ayuntamiento de Lasarte en marzo de 2010 y el Gobierno del lehendakari Patxi López la nombró delegada en Chile y Perú donde permaneció hasta finales de 2013 cuando fue destituida por el Ejecutivo de Iñigo Urkullu.
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La primera investigación judicial sobre la presunta prevaricación se abrió en 2008 pero en 2010 la fiscalía archivó las diligencias judiciales. Once años más tarde, se reabrió el caso y finalmente Urchueguía ha reconocido su responsabilidad.
El PSE-EE ha constatado que el acuerdo inculpatorio determina que su exalcaldesa no se benefició de los fondos públicos que gestionó irregularmente pero ya ha decretado la suspensión de su militancia y decretará su expulsión cuando la Audiencia Provincial haga pública la sentencia.
