La Cámara de Representantes de Florida aprobó el proyecto de ley antimigrantes indocumentados, denominado B 1718, que busca endurecer las políticas migratorias y castigaría penalmente a quienes transporten y convivan con migrantes indocumentados en ese Estado, cuyo gobernador, el republicano Ron DeSantis, fue quien presentó la moción.
El Congreso, de mayoría republicana, dio la aprobación final a la propuesta con 83 votos a favor y 36 en contra este martes. Con esto, el Estado de Florida abre un nuevo capítulo en contra de la inmigración ilegal.
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La semana pasada, el proyecto de ley recibió el visto bueno del Senado, que lo aprobó con 27 votos a favor y 10 en contra; ahora la moción pasará a manos del gobernador DeSantis —quien ha hecho de la inmigración un tema de campaña para una posible candidatura a la nominación presidencial del Partido Republicano— para que lo promulgue y entre en vigencia el próximo 1 de julio.
El proyecto de ley antimigrantes fue patrocinado por los representantes republicanos Berny Jacques (Seminole) y Kiyan Michael (Jacksonvillea), este último compartió la historia de su hijo quien falleció durante un accidente automovilístico en el que estuvo involucrado un inmigrante indocumentado que no tenía licencia de conducir.
Severas sanciones
La Ley que va camino al despacho del gobernador DeSantis incluye severas medidas desde la prohibición del uso de licencias de conducir adquiridas por migrantes indocumentados en otros estados; la eliminación de las ayudas financieras; e incluso impone penas en prisión de hasta 15 años para quienes transporten y contraten a estos migrantes.
«Se proporcionarán sanciones penales para las personas que, a sabiendas y deliberadamente violen, o que razonablemente deberían saber y que violen ciertas disposiciones relacionadas con el transporte hacia o dentro de este estado, o la ocultación, el encubrimiento o la protección contra la detección, o el intento de detección, de personas que ingresaron ilegalmente a los Estados Unidos», señala el documento.
Con esto, se prohibiría que albergue en su casa a un familiar o amigo indocumentado o si es detenido para una requisa dentro de la Florida por parte de agentes de Migración y es contratado con personas sin documentos, se expone a sanciones penales.
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El proyecto de ley también indica que se prohibiría a los gobiernos locales y condales asignar fondos para migrantes indocumentados y los hospitales estarán obligados a recolectar información sobre el estatus migratorio de los pacientes y que luego deberá entregar cada tres meses al Departamento de Salud del Estado.
La medida también exigirá a las empresas privadas que verifiquen la documentación de los trabajadores que contraten a través de un sistema conectado a la base de datos del Departamento de Seguridad Nacional. En caso de no cumplir este requisito, el empleador puede ser multado con 5,000 dólares en la primera ocasión, y si vuelve a suceder en un periodo de 24 meses, la multa ascenderá a 10,000 dólares por cada migrante irregular que haya sido contratado.
Otra ordenanza perturbadora de esta ley es que los ciudadanos y residentes de Florida deben denunciar si conocen el caso de alguna persona indocumentada.
Según estimaciones, en Estados Unidos viven cerca de 11 millones de migrantes indocumentados. El año pasado, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) detuvo a 217,091 nicaragüenses entrando por la frontera de forma irregular.
