En el lenguaje político se llama relato a la “reconstrucción discursiva de ciertos acontecimientos interpretados en favor de una ideología o de un movimiento político”. También se le dice posverdad, que es la narración manipulada tendenciosamente de un hecho importante, para presentarlo no como ocurrió en la realidad —que es lo correcto y ético—, sino como al interesado político le conviene mostrarlo.
Tal es el caso de los hechos ocurridos el 18 y 19 de abril de 2018 que como un incendio se extendieron a los meses siguientes. Fue una rebelión ciudadana espontánea que estalló como reacción a la brutal represión de una protesta social pacífica de ancianos pensionados, estudiantes y otros ciudadanos que los apoyaron. Rápidamente la gente se tomó las calles pacíficamente; pero otra parte de la población, la que montó los tranques originalmente defensivos para contener los ataques policiales, convirtió la protesta social pacífica en una violenta rebelión nacional.
Los ciudadanos en rebeldía exigieron el cambio inmediato de gobierno. Y en el diálogo nacional del Seminario de Fátima, convocado por la Conferencia Episcopal atendiendo la petición del régimen, los obispos constituidos como Comisión de Mediación y Testigos presentaron al régimen la propuesta de adelantar las elecciones para marzo del año siguiente. Lo cual era legalmente factible, mediante una reforma constitucional que se aprobara en dos legislaturas como lo prevé la Constitución, una a fines de 2018 y la otra en enero de 2019.
La propuesta de los obispos respaldada por la contraparte civil del Gobierno en el diálogo del Seminario de Fátima, era para resolver la grave crisis nacional mediante un acuerdo voluntario de las partes, de manera pacífica, institucional y ordenada, en el marco constitucional. Era lo mismo que se había hecho en 1989, cuando en un diálogo nacional del gobierno sandinista con la oposición se acordó adelantar las elecciones que se debían hacer en noviembre de 1990, a febrero de ese mismo año, lo que permitió al país salir de la guerra y de la espantosa crisis que ahogaba a la nación.
Sin embargo, y lamentablemente, el régimen rechazó aquella propuesta bien intencionada, patriótica y constitucional de los obispos, que solo querían ayudar a que la nación saliera de la crisis. Insólitamente el régimen la calificó como una propuesta de golpe de Estado y la convirtió en el relato oficial para justificar el aplastamiento de la rebelión ciudadana.
La verdad es que ningún golpe de Estado es para resolver una crisis política y social, sino para crearla. El golpe de Estado es una acción de fuerza que se fragua y realiza a escondidas de la gente, para derrocar —o intentar derrocarlo— a un gobierno democrático constitucional. O, como en el caso de Perú con Alberto Fujimori primero y después con Pedro Castillo, para instaurar un régimen de fuerza, autoritario y dictatorial.
De manera que sobre los acontecimientos de abril de 2018 que ahora cumplen cinco años, por un lado hay la realidad histórica de que fueron una rebelión ciudadana y una propuesta legal y constitucional para recuperar la democracia de manera cívica y pacífica; y por otra parte está el relato oficial —o la posverdad—que presenta aquellos sucesos como “intentona de golpe de Estado. Un relato que el régimen ha tratado inútilmente de venderlo a la comunidad democrática internacional, pues como se suele decir la verdad es testaruda.
