WASHINGTON / SAN JOSÉ — El Departamento de Estado de Estados Unidos respondió el martes a las declaraciones del fin de semana del presidente Daniel Ortega, quien ofreció enviarle más presos políticos, como hizo a comienzos de febrero con 222 opositores que fueron acogidos por Washington, y señaló que «en lugar de obligar a sus opositores a exiliarse, deberían cesar su persecución contra ellos».
Un portavoz de la cartera de Exteriores estadounidense dijo tras una consulta realizada por la Voz de América que «los nicaragüenses merecen vivir en su propio país y disfrutar de libertades democráticas».
«Estos prisioneros deben ser liberados sin condiciones; el régimen Ortega-Murillo no tiene derecho a expulsarlos ni a despojarlos de su nacionalidad», agregó el portavoz a la VOA y recalcó que Washington sigue » pidiendo la liberación de los presos políticos en Nicaragua como un primer paso hacia la restauración de la democracia y el respeto a los derechos humanos.
Nuevas detenciones en Nicaragua
Ortega liberó a más de 200 prisioneros políticos a inicios de febrero los cuales fueron recibidos por Estados Unidos, no obstante el Departamento de Estado subrayó que no sabían que el Gobierno de Nicaragua cancelaría la ciudadanía a estos opositores y confiscaría sus bienes en ausencia.
«Estas acciones fueron violaciones flagrantes de los derechos humanos básicos de estas personas», agregó el funcionario. «Estados Unidos sigue abogando por la liberación incondicional de todos los presos políticos en Nicaragua.
Por otro lado, en vísperas del quinto aniversario del comienzo de las protestas contra el gobierno de Ortega, la Policía nicaragüense ha reanudado las detenciones contra sus críticos.
Organizaciones opositores reportan la detención de una veintena de personas más que aún no han sido acusadas formalmente, entre ellas el periodista Víctor Ticay, quien fue arrestado tras cubrir un acto de Semana Santa.
Nicaragua vive una crisis política que este 18 de abril cumple 5 años sin que se logre poner fin a este panorama. Ortega se ha referido a las protestas contra su gobierno como un «intento de golpe de Estado», no obstante esta narrativa ha sido rechazada por organizaciones de derechos humanos que acusan al mandatario de instaurar «una dictadura».
