El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN, por su sigla en inglés), creado en marzo del año pasado por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con mandato de un año, el jueves 2 de marzo dio a conocer su informe a la prensa internacional, y el próximo lunes 6 de marzo será discutido por el pleno de dicho Consejo.
El informe del GHREN, que según su presidente fue puesto previamente en conocimiento del Gobierno de Nicaragua, llama particularmente la atención porque señala que las graves violaciones a los derechos humanos que se cometen en Nicaragua “permiten sostener la existencia de crímenes de lesa humanidad”.
A partir de esa impactante conclusión, en el informe se dice que “el Grupo recomienda a la comunidad internacional: a) Iniciar acciones legales contra los individuos responsables de las violaciones, abusos y crímenes documentados… b) Ampliar las sanciones a instituciones e individuos involucrados en la comisión de violaciones y crímenes en el derecho internacional”.
El señalamiento de que en Nicaragua se han cometido crímenes de lesa humanidad ya lo había hecho el GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes), que fue creado en mayo de 2018 por acuerdo entre el Gobierno de Nicaragua con la Secretaría General de la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).Sin embargo, el régimen nicaragüense rechazó el informe del GIEI y expulsó a sus miembros del país. Luego inició el proceso de separación de Nicaragua de la OEA y dejó de reconocer la competencia de los demás organismos del sistema interamericano.
Ahora el señalamiento de crímenes de lesa humanidad que hizo el GIEI a fines de 2018 ha saltado del ámbito interamericano al universal de la Organización de Naciones Unidas (ONU), de la cual el Estado de Nicaragua es miembro pleno y su reconocimiento constituye la fuente de legitimidad del actual gobierno nicaragüense ante la comunidad internacional.
Por supuesto que el régimen de Ortega y Murillo puede rechazar también el informe del GHREN, el cual es altamente probable que sea aprobado el próximo lunes por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. De hecho ya lo rechazó, mediante una intervención de su representante en la Sesión de Actualización Oral de la Situación de los Derechos Humanos en Nicaragua, que realizó el Consejo de Derechos Humanos de la ONU este viernes 3 de marzo.
Pero eso pondrá al régimen en una situación más complicada. Ya que en septiembre del año pasado, 45 países miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU firmaron un enérgico llamado al Gobierno de Nicaragua para que cesara las violaciones a los derechos fundamentales de los nicaragüenses y pusiera en libertad a todos los presos políticos y de conciencia.
Por cierto que en su informe al Consejo de Derechos Humanos que será discutido el próximo lunes, el Grupo de Expertos de la ONU hace varias recomendaciones al Gobierno de Nicaragua. Son propuestas razonables, para cesar las violaciones a los derechos humanos, poner en libertad a los presos políticos que quedaron en las cárceles después de la excarcelación masiva del 9 de febrero pasado, e “implementar medidas legislativas y de política pública para garantizar los principios democráticos y separación de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Electoral y Judicial”.
Por el bien de Nicaragua y de todos los nicaragüenses, sería genial (magnífico, estupendo) que el régimen acogiera esas recomendaciones y las implementara. Pero, lamentablemente, por ahora no hay ningún indicio de que eso pudiera ocurrir.
