A partir de este 1 de marzo entran en vigencia los nuevos salarios mínimos, los que regirán a nueve bloques de actividades económicas hasta finales de febrero del próximo año y cuyo ajuste de 10 por ciento también impactará a las nuevas pensiones que se aprueben desde hoy.
Se estima que más de 200 mil trabajadores que están en las diferentes categorías económicas de la tabla salarial serán beneficiados, los que, sin embargo, no podrán recuperar gran parte de la pérdida de poder adquisitivo que de manera generalizada han experimentado todos los salarios en el país por las alzas de precios de los últimos dos años, especialmente el 2022.
El ajuste del salario mínimo también impactará las nuevas pensiones que el Instituto Nicaragüense (INSS) aprueba a partir de este 1 de marzo, porque, según la ley del Seguro Social, esta cada año se actualiza según el movimiento del salario mínimo de la actividad manufacturera.
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De esta manera la pensión mínima de referencia en el INSS pasó de 6,351.88 córdobas a 6,987.06 córdobas, lo que significó un ajuste de 635.18 córdobas.
Cabe aclarar, que todas las pensiones actuales (incluidas las mínimas aprobadas hasta ayer) siguen invariables porque estas solo se ajustan cada noviembre según el deslizamiento de la moneda, que el año pasado fue de 2 por ciento y para este año será 1 por ciento.
Pero más allá de eso, lo cierto es que el nuevo ajuste que alcanza un máximo de 1,057.17 córdobas, no podrá hacerle frente al alza acumulada de 2,726 córdobas en el 2022 y una cesta familiar que sigue en ascenso, aunque las expectativas es que los incrementos se moderen este año.
El economista Néstor Avendaño, en su análisis El Salario Mínimo de Nicaragua en 2023, explicó que «conocido el ajuste nominal del 10 por ciento del salario mínimo y tomando en cuenta nuestro pronóstico de la tasa de inflación anual del Índice de Precios al Consumidor General (IPCG) para 2023, que es del orden de 5.9 por ciento, el salario mínimo real o el salario mínimo sin inflación, tendería a mejorarse 3.9 por ciento en diciembre de 2023, con respecto a su nivel registrado en diciembre de 2022».
No obstante, los nicaragüenses que reciben esta paga están lejos de alcanzar la cobertura de la cesta familiar, de 53 productos. Según estimaciones de Avendaño, tras el ajuste de 10 por ciento este 1 marzo, el salario mínimo promedio de Nicaragua será de 8,375.66 córdobas, esto equivale a una cobertura de 44.02 por ciento del costo de la canasta registrado en enero que fue de 19,023 córdobas.
Avendaño reconoce que las proyecciones inflacionarias y su impacto en el poder de compra del salario mínimo que plantea dependerá «de que las variantes del covid-19 no distorsionen las cadenas de suministros internacionales de productos intermedios y finales y provoquen escasez y alzas de precios al productor y al consumidor, como se observó en 2020 y 2021».
«También depende de que se pueda resolver el conflicto geopolítico-militar entre Rusia y Ucrania observado en febrero de 2022, ya que más guerra significará más inflación de precios internacionales del petróleo y de los alimentos», agregó.
Tal ha sido la brecha que se ha abierto entre este salario y la canasta básica, que dos trabajadores de un mismo hogar en la mayoría de las actividades económicas no pueden cubrir con sus salarios mínimos el costo de la cesta familiar. De los nueve bloques, solo tres pueden cubrirla teniendo dos trabajadores devengando paga mínima.
Hasta el 2022 la canasta básica acumulaba un aumento de 4,455.21 córdobas respecto al cierre de 2020, cuando esta se compraba con 14,526.34 córdobas. Al finalizar el año pasado, se situó en 18,981.55 córdobas, según cifras del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide).
«En el año de 2023, es bastante probable que la economía nicaragüense tienda a crecer a un ritmo menor que la tasa de crecimiento del producto interno bruto (PIB) potencial debido a los riesgos externos, por lo cual la política salarial debe ser prudente y cautelosa para evitar una espiral precio-salario-precio y una mayor aceleración de la presión inflacionaria subyacente, que en enero recién pasado mostró el nivel anualizado de 9.21 por ciento y en los últimos seis meses se ha posicionado en el rango de 9.21 por ciento y 9.99 por ciento», señala.
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De hecho, tras el anuncio del ajuste del 10 por ciento en el salario mínimo, en los mercados se denunciaron alzas de precios en productos como el pollo, que algunos especialistas lo atribuyen al aumento del salario y no precisamente a la gripe aviaria, que está azotando América Latina y afecta especialmente a las aves de corral y granja.
Avendaño dice que si bien debe haber prudencia en la política salarial, indica que esta «debe acompañarse de políticas públicas para promover la productividad laboral y el crecimiento económico, reducir la inequidad en la distribución del ingreso y facilitar la competitividad empresarial. Es notable el mejoramiento y la ampliación de la infraestructura económica con la ejecución de proyectos de inversión pública en la red vial, la generación de energía eléctrica con recursos renovables, agua potable, alcantarillados y servicios portuarios, así como la inversión privada en la actividad de telecomunicaciones».
Lo planteado por Avendaño coincide con un economista que fue consultado recientemente por LA PRENSA, que dijo: “El problema es que la economía ya no tiene capacidad para que se estén aprobando ajustes que permitan cerrar la brecha entre el salario mínimo y la canasta básica, porque las empresas ya cargan con la persecución fiscal que el Gobierno ha emprendido contra los contribuyentes para aumentar sus ingresos públicos, entonces hay menos margen para destinar para ajustes salariales”.
Además insiste en que, aunque el Gobierno hable de crecimiento económico, realmente la capacidad productiva de las empresas está limitada porque el consumo de los hogares está frenado por los constantes aumentos de precios que se vienen sintiendo desde finales del 2021.
