En el intenso debate público que hay en Nicaragua, a pesar de las limitaciones impuestas por la coyuntura política, en los últimos días se comenta la situación de los 222 ex presos políticos nicaragüenses a los que el régimen les canceló la nacionalidad y los desterró a Estados Unidos (EE.UU.).
Antes de desterrarlas, a todas esas personas les fueron extendidos sus respectivos pasaportes válidos por diez años. Lo cual significa, según interpretan algunos, que el régimen reconoce que siguen siendo ciudadanos nicaragüenses.
Pero la verdad es que si el régimen les entregó pasaportes nuevos y con validez de una década, no fue porque quería seguir reconociéndolos como nicaragüenses, a pesar de que les canceló su nacionalidad. Obviamente eso fue porque las autoridades estadounidenses lo pusieron como condición indispensable para recibirlos en su territorio. EE.UU. es un país de leyes y nadie puede entrar sin mostrar un pasaporte válido u otro documento legal reconocido.
Además, el pasaporte no determina la nacionalidad de nadie. Es solo un documento de identidad para viajar de un país a otro, y para entrar y salir del propio sin problemas. Por supuesto que menos para volver a Nicaragua, en el caso de los ex presos políticos nicaragüenses que han sido despojados de su nacionalidad y desterrados al territorio estadounidense.
La nacionalidad —explica el enciclopedista jurídico Guillermo Cabanellas— es “el vínculo jurídico y político existente entre un Estado y los miembros del mismo”. El pasaporte, en cambio, es el “documento expedido por una autoridad que permite el libre paso o tránsito por un país o pueblo, o de uno a otro”.
Agrega el maestro jurídico que “aunque a veces se equipara nacionalidad con ciudadanía” no son lo mismo, pues se puede tener nacionalidad —como los niños—, pero no derechos políticos que son propios y exclusivos de la ciudadanía, reconocida por el Estado a través de las leyes.
Pero de igual modo el Estado, o quienes detentan el poder estatal, pueden quitarle a las personas su nacionalidad. Esto es practicado por los regímenes autoritarios, pero no en los países donde hay democracia y Estado de derecho, salvo casos especiales y justificados que son establecidos en la ley.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 15, que “toda persona tiene derecho a una nacionalidad”; y que “a nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad”. A su vez, la Convención Americana de Derechos Humanos establece en su Artículo 20: “1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 2. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si no tiene derecho a otra. 3. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla”.
A pesar de esos postulados que son ley internacional, algunos gobiernos le cancelan su nacionalidad a determinadas personas y alegan que no lo hacen arbitrariamente, como lo prohíbe la norma universal de derechos humanos, sino de conformidad con leyes nacionales dictadas por ellos.
Los desterrados políticos aseguran que ellos seguirán siendo nicaragüenses mientras vivan, pues esa condición nadie se las puede quitar de hecho ni mediante leyes arbitrarias. Y tienen razón. Moralmente siguen siendo nicaragüenses. Este es un sentimiento que radica en sus conciencias, en sus sentimientos y en sus corazones.
Pero el hecho es que los han sacado de su patria. Inclusive, los pasaportes que les entregaron pueden ser anulados por el régimen, porque se los concedió solo para cumplir la condición que puso la autoridad de EE.UU. Y no podrán volver a Nicaragua, para vivir en su propia patria y ejercer sus derechos ciudadanos, hasta que la democracia y el Estado de derecho sean restablecidos.
